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coercion en chancay

Coerción del Hegemon en América Latina? Panamá, Chancay y el arma de las visas

Elaboración inferencial: reportes de prensa, lógica y pruebas de hipótesis rivales

@nepo muceno · 2 de octubre de 2026

Introducción

Este texto evalua la tesis de  coerción del hegemon contra intereses chinos en Panamá, Perú y Bolivia. El objetivo no es confirmar ni refutar, sino someterla a prueba. Para ello se aplican tres reglas.

  1. Se excluyen las declaraciones oficiales como prueba. Ni las acusaciones de Washington ni los desmentidos de los gobiernos, fiscales o empresas afectados se tratan como evidencia de lo que afirman. Solo se registra el hecho observable de que una declaración se emitió en una fecha determinada, porque el momento y el destinatario de un mensaje son datos de conducta.
  2. Se trabaja con hechos reportados por la prensa: fechas, secuencias, nombramientos, fallos, detenciones, transacciones y quién resultó afectado. Cuando un dato periodístico procede en origen de una fuente policial o gubernamental, se marca como tal.
  3. Se razona por inferencia sobre hipótesis rivales, sin presumir que una parte dice la verdad y la otra miente.

La conclusión que se sostiene aquí es de un patrón de coerción real y bien documentado en Panamá y Perú. En Bolivia, la protección de Cerimedo como persona explica mal la secuencia paro una versión más sólida es que se hizo por controlar lo que sus dispositivos podrían revelar sobre una red regional de campañas de derecha radical y del entorno MAGA. Ese interés converge con una agenda interna del gobierno de Rodrigo Paz y con un instrumento estadounidense que le dio cobertura. Además, corrupción real y represalia política no se excluyen: un mismo acto puede responder a ambas cosas.

Método

Hipótesis rivales

Se sigue la lógica del análisis de hipótesis competidoras (Heuer, 1999). Esta técnica no busca la evidencia que confirma una tesis, sino la que discrimina entre varias. Se contrastan cuatro hipótesis en cada caso:

  • H1, coerción geopolítica o represalia. Las medidas castigan a quien obstaculiza objetivos estadounidenses frente a China o a sus aliados.
  • H2, anticorrupción genuina. Las personas sancionadas tienen antecedentes que justifican la medida por sí mismos, y la coincidencia con intereses de Washington es secundaria.
  • H3, agenda del Estado anfitrión. Gobiernos aliados usan el instrumento estadounidense para resolver conflictos internos: purgas institucionales, rivales políticos, investigaciones incómodas.
  • H4, convergencia. Varias de las anteriores operan a la vez. El objetivo ideal de una señal coercitiva es alguien que reúne una decisión geopolíticamente molesta y un historial vulnerable.

Tipos de prueba

Se usa la clasificación de pruebas del rastreo de procesos (Van Evera, 1997; Collier, 2011):

Tipo de pruebaSi se cumpleSi falla
Paja al vientoAumenta levemente la plausibilidadLa debilita levemente
Prueba de aroNo confirma, pero mantiene viva la hipótesisLa elimina
Pistola humeanteConfirma con fuerza la hipótesisNo la elimina
Doblemente decisivaConfirma una y elimina las demásRara vez existe

La mayoría de lo disponible son pajas al viento y pruebas de aro. Hasta la fecha no hay en ningún caso una pistola humeante documental, es decir, una comunicación que vincule explícitamente o de forma declarada una sanción con Chancay o con el caso Cerimedo. Lo que sí existe es una acumulación de indicios de asociación temporales y de selección que, juntos, inclinan la balanza en direcciones distintas según el caso.

Nota sobre las fuentes

Ningún medio es neutral. Expresamente se excluye fuentes de orientación extrema. Infobae por su sesgo favorable a Trump, al movimiento MAGA y a Cerimedo. También se excluye el World Socialist Web Site, cuya cobertura de las elecciones peruanas es militante en sentido contrario. Entre los medios citados, El País y elDiario.es tienden a la centroizquierda; Perú21, El Deber y Exitosa tienen líneas más conservadoras; Reuters, AP, BBC y AFP aportan cobertura de agencia. Tampoco se usan como prueba Cubadebate y otros medios estatales cubanos, cuyas investigaciones sobre Cerimedo son militantes. Cuando un hecho solo aparece en un medio de línea marcada, se señala.

Panamá: la secuencia como evidencia

Lo que muestran las fechas

La secuencia reportada es la siguiente:

FechaHecho reportado
Dic. 2024Trump exige recuperar el canal y no descarta la fuerza (Al Jazeera)
Ene. 2025La Contraloría panameña inicia una auditoría a Panama Ports Company (La Estrella de Panamá)
Mar. 2025CK Hutchison anuncia la venta de 43 puertos en 23 países a un consorcio de BlackRock y TIL, filial de MSC, por 22.800 millones de dólares (The Loadstar)
Abr. 2025EE. UU. y Panamá firman un memorando que permite desplegar personal estadounidense en tres instalaciones, entre ellas la base naval de Balboa y la base aeronaval Cristóbal Colón (CRS)
Abr. 2025La Contraloría cifra una lesión patrimonial de 1.337 millones de dólares (La Estrella de Panamá)
Jul. 2025China amenaza con bloquear la venta si COSCO queda fuera (La Prensa)
Dic. 2025Se reporta que Pekín exige para COSCO una participación de control (FreightWaves)
23 ene. 2026Hutchison explora dividir la venta en paquetes para permitir la entrada de COSCO (Reuters)
29 ene. 2026La Corte Suprema declara inconstitucional la concesión (CNBC)
23–24 feb. 2026Anulación de los contratos; Maersk opera Balboa y MSC opera Cristóbal de forma provisional (CNBC)
Mar. 2026COSCO suspende servicios de carga en Balboa (CRS)
Ago. 2026Hutchison reclama más de 1.500 millones de dólares en arbitraje por violación de tratado (Reuters)

Inferencias

Seis días. La Corte Suprema falló seis días después de que se conociera una fórmula para dar entrada a COSCO en la venta. Las terminales panameñas eran precisamente la pieza que Pekín había condicionado. Al anularse la concesión, esos activos salieron de la mesa de negociación antes de que la fórmula pudiera cerrarse. Es una paja al viento fuerte a favor de H1: no prueba coordinación, pero la coincidencia es difícil de atribuir al azar.

Quién se benefició. La operación provisional de Cristóbal quedó en manos de TIL, filial de MSC, es decir, de un miembro del consorcio comprador. El resultado práctico es que una parte de lo que se iba a comprar quedó en manos del comprador sin pagar a Hutchison y sin COSCO. El argumento de “a quién beneficia” es por naturaleza débil, porque los beneficiarios no siempre son los autores. Sin embargo, aquí el beneficio coincide exactamente con el objetivo declarado por Washington desde diciembre de 2024.

La raíz interna. H2 y H3 tienen apoyo propio. La auditoría de la Contraloría comenzó en enero de 2025 y produjo una cifra concreta de lesión patrimonial. Existía, por tanto, un expediente doméstico previo al fallo. Pero la auditoría arrancó un mes después de la exigencia de Trump, de modo que el mismo dato admite dos lecturas: un control legítimo largamente postergado o un control activado por la presión externa. La explicación más económica es H4: un contrato vulnerable, renovado en 2021, ofreció la vía legal a una decisión que la presión externa hizo urgente.

Simetría. La coerción no fue unilateral. China bloqueó una venta privada exigiendo participación estatal para COSCO, ordenó a sus empresas estatales suspender proyectos en Panamá (CNBC) y COSCO retiró servicios de Balboa. Ambas potencias usaron instrumentos económicos para disputar los mismos activos; Panamá fue el terreno, no el actor principal.

Lo que confirmaría H1. Una pistola humeante sería, por ejemplo, que las nuevas licitaciones de Balboa y Cristóbal, previstas por separado y antes de mediados de 2027 (La Prensa), se adjudicaran a los mismos operadores provisionales con condiciones que excluyan de hecho a empresas chinas.

Perú: la lógica de la selección

Lo que muestran las fechas

FechaHecho reportado
Mar. 2024Núñez Matos concede una medida cautelar a Miguel Arévalo, alias Eteco, investigado antes por narcotráfico, que suspende diligencias fiscales en un caso de lavado (Perú21)
Abr. 2025Concede un hábeas corpus al congresista José Luna Gálvez que anula tres investigaciones; la Sala lo revoca después (Perú21)
Dic. 2025El Congreso autoriza, por 73 votos contra 25, el ingreso de militares estadounidenses con armas de guerra durante 2026 (TV Perú)
Ene.–feb. 2026Núñez falla que Ositrán no puede regular ni sancionar el terminal de COSCO (PortalPortuario)
7 jun. 2026Segunda vuelta electoral; Keiko Fujimori resulta electa (El Foco)
17 jun.–1 jul. 2026La Segunda Sala Constitucional revoca el fallo de Núñez (Gestión)
Ago. 2026El Tribunal Constitucional admite el recurso de agravio de COSCO (El Comercio)
8 sep. 2026Columna de Marco Rubio contra los proyectos vinculados a China en la prensa regional (Latin Times)
10 sep. 2026Perú se incorpora al Escudo de las Américas (El País)
28 sep. 2026Revocación de la visa de Núñez y su familia, único peruano entre los sancionados (AP)

Inferencias

El argumento de selección. Entre unas 27 personas sancionadas en cuatro países, el único peruano es el juez que falló a favor de COSCO (AP; eju.tv). Perú tiene miles de jueces y no le faltan magistrados con fallos polémicos a favor de investigados. Si el criterio fuera solo el historial, cabría esperar más de un nombre peruano o un nombre distinto. Lo que distingue a Núñez de otros jueces controvertidos es Chancay. Es la paja al viento más fuerte del caso a favor de H1.

El factor de confusión. H2 no desaparece. El historial de Núñez, con el caso Eteco y el caso Luna Gálvez, es real y anterior a Chancay. Esto convierte a Núñez en el objetivo ideal descrito en H4: alguien cuya sanción puede justificarse por su historial mientras transmite un mensaje sobre Chancay. Un emisor racional que quiere enviar una señal geopolítica con negación plausible elegiría exactamente un perfil así.

Una sanción que ya no podía cambiar nada. La visa se revocó tres meses después de que la Sala anulara el fallo y casi dos meses después de que el Tribunal Constitucional admitiera el recurso. Castigar a Núñez ya no alteraba su decisión. Por lo tanto, la función lógica de la medida no es correctiva sino disuasoria, y sus destinatarios naturales son los magistrados que todavía deben resolver el caso. Esta inferencia no requiere suponer ninguna intención oculta: basta observar que el único efecto práctico posible de la sanción recae sobre decisiones futuras.

La ventana política. La sanción llegó veinte días después de la columna de Rubio y dieciocho días después de que el nuevo gobierno ingresara al Escudo. El costo diplomático de la medida era mínimo con un gobierno alineado, y máximo habría sido con un gobierno de otro signo. El momento elegido es coherente con un emisor que espera el contexto político más favorable.

Lo que debilita H1. COSCO sigue litigando y declaró en septiembre que seguirá oponiéndose a la supervisión, alegando que una tasa de hasta el 1 % de las ventas encarecería las importaciones (DataPortuaria). El fondo de la disputa, si un puerto privado en competencia con el Callao debe someterse a un regulador de infraestructura pública, es una cuestión jurídica legítima con argumentos en ambos lados. Que un fallo favorezca a una empresa china no lo vuelve corrupto, pero tampoco lo vuelve correcto.

La disputa por el relato. Un estudio de El Foco sobre más de 4.000 registros en redes durante la campaña encontró amplificación de mensajes favorables a Chancay por medios estatales chinos y rusos, mensajes llamativamente similares entre cuentas prochinas y, del lado estadounidense, intervenciones públicas del embajador sobre Chancay dos días después de la segunda vuelta (El Foco). El estudio no detectó bots ni coordinación técnica inauténtica. Ambas potencias compitieron por el relato, ninguna con evidencia de manipulación decisiva.

Lo que confirmaría H1 o H2. Sería pistola humeante para H1 que el Tribunal Constitucional fallara contra COSCO y, poco después, la sanción se levantara o se ofrecieran beneficios a magistrados, o que surgiera una comunicación que vincule la revocación con Chancay. Sería pistola humeante para H2 que se sancionara también a otros jueces peruanos con historiales similares y sin relación con China.

Bolivia: tres explicaciones para una misma semana

Lo que muestran las fechas

FechaHecho reportado
Jul. 2023Sebastián Marset escapa de un operativo en Santa Cruz cuando Mariaca era fiscal departamental (BBC Mundo)
Oct. 2024La Asamblea, entonces controlada por el MAS, elige a Mariaca fiscal general por seis años (BBC Mundo)
13 mar. 2026Marset es capturado en Bolivia y entregado a EE. UU. en una operación coordinada con la DEA (BBC Mundo); el mismo día se graba un video en que llama “amigo” a Mariaca (Perfil)
17 ago. 2026Ataque armado contra Nadia Beller; Cerimedo es detenido horas después (CNN en Español)
21 ago. 2026Prisión preventiva de 180 días; el peritaje de su celular contiene la nota “O la eliminamos ya o estamos jodidos” (El País)
25 ago. 2026La Fiscalía abre una tercera causa contra Cerimedo por narcotráfico, por vuelos irregulares en Santa Ana del Yacuma (El País)
28 ago. 2026Una denuncia contra la primera dama y Cerimedo se remite a la Fiscalía de La Paz (Red Uno); Mariaca advierte a funcionarios que no interfieran (Los Tiempos)
22 sep. 2026Paz asiste en Nueva York a la reunión del Escudo de las Américas (La Razón)
28 sep. 2026Revocación de visas: Mariaca y al menos una docena de funcionarios judiciales bolivianos (El País)
30 sep.–1 oct. 2026Aprehensión de Mariaca y otras trece personas (Reuters)
2 oct. 2026Un juez rechaza la acción de libertad de Mariaca, Zeballos e Irusta (La Razón); la Fiscalía lo imputa y pide su detención (ANF)

Cerimedo: el caso y la red

Para entender qué estaba en juego en la Fiscalía hay que separar dos cosas: el caso penal contra Cerimedo y la red política de la que forma parte.

El caso penal. El 17 de agosto de 2026, Nadia Beller, abogada de 33 años, expareja de Cerimedo y embarazada según su propio relato, fue atacada por dos sicarios frente a un hotel de Santa Cruz. Mientras la trasladaban a recibir atención médica, señaló a Cerimedo como autor intelectual. Él fue detenido horas después, cuando se preparaba para volar a Buenos Aires (Buenos Aires Times; CNN en Español). El peritaje de su teléfono contiene una nota que dice “O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conocés a alguien que pueda hacer el trabajo?” y un mensaje recibido a las 20:54 del día del ataque: “Hermano, en estos momentos le dispararon. Está herida” (El País). Cerimedo goza de presunción de inocencia, pero estos elementos no proceden de una declaración oficial. Son contenido de su propio dispositivo, y son la evidencia más sólida de todo el expediente boliviano.

Hay además un detalle que se suele pasar por alto. Según el testimonio que citó la Fiscalía, un teniente coronel de la Felcn, la fuerza antinarcóticos, se encargaba de la seguridad de Cerimedo y recibió una llamada suya el mismo 17 de agosto (Los Tiempos). Es la misma fuerza que custodió a Mariaca tras su aprehensión (Red Uno). No prueba nada por sí solo, pero indica que el aparato policial que ejecutó la operación contra el fiscal tenía vínculos previos con el investigado.

La red: lo documentado y lo alegado. La prensa atribuye a Cerimedo un papel en campañas de derecha radical y del entorno MAGA en varios países. El grado de prueba varía mucho entre ellos:

PaísVínculo reportadoGrado de prueba
Argentina (Milei, 2023)Su agencia, Numen, trabajó en la campaña digital; él mismo afirmó manejar unas 50.000 cuentas en Twitter a favor de Milei (Chequeado)Papel en la campaña documentado; la cifra de cuentas es una afirmación suya
Brasil (Bolsonaro, 2022)La Policía Federal lo situó en 2024 en el “núcleo de desinformación”; en 2025 la Procuraduría no lo acusó (Poder360)Informe policial con datos de teléfonos incautados; sin acusación formal
Bolivia (Paz, 2025)Asesoró la campaña y acompañó el inicio del gobierno; en un allanamiento se halló una “mini granja de bots”: módems USB, un concentrador y un microservidor, que Chequeado Bolivia describió como un kit de proxies residenciales (elDiarioAR)Papel documentado; el peritaje de los equipos está pendiente y la defensa niega que sean una granja de bots
Honduras (Asfura, 2025)Fue estratega digital de la campaña y dijo haber gestionado, con Dick Morris, el respaldo público de Trump cuatro días antes de la elección (Contracorriente)Papel documentado; la gestión del respaldo es una afirmación suya
Perú (Fujimori, 2026)Apoyó públicamente a Fujimori en la segunda vuelta y viajó a Lima para la toma de posesión del 28 de julio (Ojo Público; EFE)Cercanía documentada; no hay contrato probado
Colombia (De la Espriella, 2026)Petro lo acusó de operar más de dos millones de bots; su exsocio Javier Negre sí participó de forma visible en la campaña (La Silla Vacía)Acusación política; La Silla Vacía no halló pruebas de su participación directa
Ecuador (Noboa)Numen declaraba operaciones en el país (Ojo Público)Sin campaña ni candidato identificados en la prensa revisada
Chile (Kast)El Congreso aprobó, por 69 votos contra 43, investigar durante 60 días posibles vínculos y el uso de bots desde 2020 (EFE)Investigación en curso; trabajo de Numen en el plebiscito de 2020–2022 documentado

El nodo estadounidense. Según The Washington Post, su vínculo más estrecho en el mundo MAGA era Brad Parscale, exjefe de la campaña digital de Trump. En 2025, La Derecha Diario anunció que Cerimedo sería el representante latinoamericano de dos plataformas de Parscale, Campaign Nucleus y Eyes Over, ambas usadas en la campaña de Trump de 2024. En febrero de 2026 recibió en Mar-a-Lago un premio como mejor consultor político hispano de 2025 y agradeció a Parscale (The Washington Post). El premio se lo entregó Eduardo Bolsonaro (Canal Abierto). Además, trabajó en la campaña de Milei con el consultor de Miami Damian Merlo, y el registro estadounidense de agentes extranjeros (FARA) lo vincula con firmas de cabildeo de Washington (The Washington Post; Contracorriente). Canal Abierto informa que usó las herramientas de Parscale en las campañas de Paz, Asfura y Milei; ese dato no aparece confirmado en la prensa de agencia. Ningún medio revisado documenta una granja de bots física en territorio estadounidense. Lo documentado en EE. UU. son la tecnología, los contactos y el respaldo político. Las investigaciones más amplias sobre una “red de Miami” proceden del Observatorio de Medios de Cubadebate, un medio estatal cubano, y no se usan aquí como prueba.

Precaución. Circularon en redes videos presentados como la “granja de bots” de Cerimedo. AFP comprobó que eran grabaciones antiguas de Vietnam y California sin relación con el caso (AFP Factual). Por eso, la existencia de una red transnacional de bots es una hipótesis razonable, sostenida por las afirmaciones del propio Cerimedo y por el equipo incautado, pero todavía no es un hecho pericialmente probado.

Dos versiones de la hipótesis original

Proteger a la persona. Una versión  sostiene que la lista de visas sirvió para proteger a un aliado de Trump. En esta versión, la hipótesis tiene una dificultad lógica. La salida de Mariaca no bastaría para liberar a Cerimedo: la prueba principal es el peritaje de su propio teléfono, que ya está en el expediente, y la causa la lleva una fiscal concreta. Además, Cerimedo dejó de ser útil: Paz se distanció públicamente de él (Visión 360). Un operador acusado de ordenar el asesinato de su expareja es un pasivo para quienes lo rodeaban.

Proteger la información. La red descrita arriba permite reformular la hipótesis de un modo más sólido. Lo valioso no es Cerimedo, sino lo que contienen sus dispositivos: el teléfono, el microservidor, los módems y los documentos incautados. Esos equipos podrían revelar clientes, pagos, cuentas y herramientas usadas en campañas de varios gobiernos hoy alineados con Washington, y posiblemente el uso de tecnología política estadounidense en elecciones extranjeras. Brasil ya pidió preservar y compartir esas pruebas para investigar una posible interferencia en sus elecciones de 2026 (Poder360). Quien controla la Fiscalía controla el ritmo y el alcance de ese peritaje.

Esta versión supera la prueba de aro: la Fiscalía de Mariaca custodiaba los equipos y había ampliado la investigación al enriquecimiento ilícito y al narcotráfico. También explica algo que la versión personal no explica: por qué el interés podría ser transnacional y no solo boliviano. Su debilidad es que no hay ninguna prueba directa de que alguien buscara frenar el peritaje ecepto que cuando lo detuvieron se apropiarion de todas las carpetas y pruebas ligadas a este caso.. Además, la cooperación ya solicitada por Brasil hace más difícil, no más fácil, enterrar la evidencia.

El entorno presidencial

La secuencia de agosto sugiere otra lectura. Las investigaciones de la Fiscalía no se limitaban a Cerimedo como individuo. Se extendieron al narcotráfico aéreo en el Beni, a una denuncia contra la primera dama y a acusaciones de Beller sobre una red de corrupción en la que nombró al propio presidente y a su esposa (El País). El 28 de agosto el fiscal general advirtió públicamente a altos funcionarios que no interfirieran. A partir de ese momento, Mariaca era un riesgo para el núcleo del poder, no solo para un consultor extranjero.

A esto se suma el origen institucional: Mariaca fue elegido por una Asamblea dominada por el MAS. La lista estadounidense incluyó, además, a un magistrado del Tribunal Constitucional y a un exministro de Justicia del gobierno de Arce (El País). El perfil del grupo sancionado coincide con el aparato judicial heredado del gobierno anterior. H3 explica a la vez por qué cayó Mariaca y por qué cayeron los demás. H1, en su versión de Cerimedo, solo explica lo primero.

Convergencia. La versión informativa de H1 y la hipótesis H3 apuntan al mismo objeto. Los dispositivos de Cerimedo amenazan a la vez al entorno de Paz, en Bolivia, y a una red regional de consultores, medios y tecnología vinculada a la derecha radical y al entorno MAGA. Para retirar a Mariaca no hacía falta que Washington y La Paz coordinaran un plan; bastaba con que coincidieran sus intereses. Esto es H4 en su forma más pura.

El precedente colombiano

La evidencia más próxima a una pistola humeante sobre cómo se forman estas listas procede de Colombia, no de Bolivia. Tres meses antes de las revocaciones, el presidente Abelardo de la Espriella envió una carta a Washington pidiendo retirar las visas a una veintena de políticos; las revocaciones afectaron a dos de ellos (El País). De ahí se pueden extraer dos inferencias. Primera: al menos en un país, la lista nació de una petición del gobierno anfitrión. Segunda: Washington filtró esa petición en lugar de aprobarla en bloque. La lista es, por tanto, una coproducción. Por analogía, aunque sin prueba directa, es razonable suponer que el gobierno de Paz, que se reunió con Rubio en Nueva York seis días antes, participó en la selección boliviana.

La hipótesis anticorrupción

H2 tiene más sustento en Bolivia que en cualquiera de los otros casos, y el análisis neutral obliga a reconocerlo:

  • Antecedentes. La fuga de Marset en 2023 ocurrió bajo la jurisdicción de Mariaca. En 2023 también se le cuestionó por un depósito de unos 34.000 dólares a la hija de un funcionario, que luego devolvió, y en 2021 por presunta negligencia en el caso Las Londras (El País).
  • Una fuente plausible de información. Marset está bajo custodia estadounidense desde marzo de 2026. Un narcotraficante que coopera con la justicia de EE. UU. es una fuente natural de acusaciones contra fiscales. Esto también tiene una lectura inversa: los testigos cooperantes tienen incentivos para ofrecer nombres valiosos.
  • El video de Marset. Fue grabado el 13 de marzo y se difundió tras la aprehensión. Prueba que Marset dijo esas frases, no que sean verdaderas (Perfil). Que la policía lo guardara seis meses y medio y lo publicara justo después del arresto indica que se usó para justificar el momento elegido, no para decidirlo.
  • El dinero en la ambulancia. Se reportan 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares hallados en una ambulancia que, según la policía, salió de la casa de Mariaca, con un recuento ante notario (eju.tv). Por la regla adoptada, este dato no se usa como prueba porque procede de una fuente policial. Si se autenticara de forma independiente, sería la evidencia material más fuerte de todo el expediente. Aun así, probaría corrupción, no la ausencia de motivación política en el momento del arresto.

La acusación espejo

Hay un patrón llamativo. El 25 de agosto, la Fiscalía de Mariaca acusó a Cerimedo de encubrir el narcotráfico. Un mes después, Washington y el gobierno acusaron a Mariaca de lo mismo. La etiqueta “narcotráfico” o “narcoterrorismo” funciona como un recurso disputado que ambos bandos se lanzan. Esto no indica quién tiene razón, pero sí advierte que la etiqueta, por sí sola, no aporta información.

Legalidad

Si la aprehensión fue ilegal hay que matizarlo. La Fiscalía denunció la falta de orden (Red Uno), y el artículo 23 de la Constitución boliviana exige orden escrita salvo flagrancia. Pero el 2 de octubre un juez rechazó la acción de libertad (La Razón). La tesis de flagrancia en un delito “continuo y permanente” es jurídicamente discutible, pero hasta ahora ha sido aceptada por un tribunal. La formulación correcta es que la legalidad de la aprehensión está impugnada y que, en primera instancia, la impugnación ha sido rechazada.

El patrón transversal

El triángulo

Los tres casos comparten una estructura de tres vértices: una señal externa, una institución local que ejecuta y una etiqueta legitimadora. Lo que varía es el desfase temporal entre la señal y la ejecución, y ese desfase es informativo:

CasoSeñal externaEjecución localDesfaseEtiqueta
PanamáExigencia de Trump (dic. 2024)Fallo de la Corte Suprema (ene. 2026)13 mesesInconstitucionalidad del contrato
PerúFallo de Núñez (feb. 2026)Revocación de visa (sep. 2026)7 mesesCorrupción
BoliviaRevocación de visa (28 sep. 2026)Aprehensión (30 sep. 2026)2 díasNarcoterrorismo

En Panamá, el desfase largo es coherente con un proceso institucional que necesitó tiempo para construir una base legal. En Perú, la sanción llegó cuando ya no podía cambiar el fallo, lo que apunta a disuasión. En Bolivia, dos días entre la señal y la ejecución es muy poco para una investigación independiente que reaccione a una acusación externa. Indica que la operación ya estaba preparada y que la revocación sirvió como disparador o como cobertura. Esto apoya H3 o H4 más que una reacción boliviana espontánea.

La dirección de la causalidad

El documento original presenta a Washington como actor y a los Estados anfitriones como instrumentos. La evidencia permite una lectura más simétrica. En Colombia, y probablemente en Bolivia, los gobiernos anfitriones también usan a Washington como instrumento: convierten sus conflictos internos en asuntos de seguridad hemisférica. En Panamá, el Estado obtuvo además una renegociación de activos. La relación se describe mejor como un intercambio: Washington obtiene la exclusión de China y la alineación regional, y los gobiernos aliados obtienen legitimación externa para resolver disputas domésticas.

La opción militar, revisada

Por qué un ataque es innecesario en tiempos de paz

La conclusión original de que un ataque es improbable se refuerza con un argumento adicional: ya existe presencia militar por consentimiento. El memorando de abril de 2025 permite desplegar personal estadounidense en la base naval de Balboa y en la base aeronaval Cristóbal Colón, contiguas a las terminales en disputa (CRS). En agosto de 2026, el secretario de Defensa declaró que había más tropas en Panamá que en mucho tiempo (La Prensa). En Perú, el Congreso autorizó presencia militar estadounidense durante todo 2026, y en septiembre se realizaron ejercicios multinacionales en el Alto Huallaga (Caretas). Quien ya tiene acceso no necesita atacar: el control por consentimiento cumple la función que un ataque cumpliría, sin sus costos.

Por qué el riesgo existe en tiempos de guerra

La matriz de COSCO figura en la lista del Pentágono de “empresas militares chinas”, y en junio de 2026 se añadieron tres filiales (WilmerHale). La lista tiene efectos administrativos, no bélicos. Pero si estallara una guerra, ya existiría una base doctrinal para tratar los activos de COSCO como vinculados a las fuerzas armadas chinas. Incluso en ese escenario, un bombardeo sobre territorio de un socio sería la opción más costosa. Las vías lógicamente más probables serían la interdicción de buques en alta mar, la incautación con autorización del Estado anfitrión, el bloqueo de servicios o los ciberataques.

La analogía correcta

El documento original señaló que el patrón de “negociaciones como cobertura” se parece más a Irán en 2025 que a Irak en 2003. La cronología lo respalda: una sexta ronda de negociaciones estaba prevista para mediados de junio y, dos días antes, el 13 de junio, Israel atacó la infraestructura nuclear iraní (Carnegie). La diferencia decisiva es que Irán era un adversario. En América Latina, el equivalente funcional de un ataque sorpresa durante una negociación es un fallo judicial sorpresa durante una venta, como ocurrió en Panamá seis días después de que se conociera la fórmula para dar entrada a COSCO.

Escenarios

Las siguientes estimaciones son juicios del autor basados en la evidencia expuesta, no cálculos. Se expresan en rangos para indicar la incertidumbre.

Escenario hasta fines de 2027Probabilidad estimadaRazonamiento
El TC peruano confirma la supervisión de OsitránAlta (60–75 %)Dos instancias en esa dirección, gobierno alineado, señal disuasoria reciente
Cambio de propiedad o control de ChancayBaja (10–20 %)COSCO tiene el 60 % y no hay base legal equivalente a la de Panamá
Balboa y Cristóbal quedan en operadores no chinosMuy alta (80–90 %)Operadores provisionales ya instalados y COSCO retirado
Mariaca es condenadoIncierta (35–55 %)Depende de que se autentique la evidencia material
Cerimedo es liberado sin juicioBaja (10–20 %)La prueba principal es su propio teléfono
El peritaje de los equipos se publica completoBaja a media (25–40 %)Hay incentivos para limitar su alcance, pero también presión de Brasil y Chile
Ataque militar contra un puerto operado por ChinaMuy baja en paz (menos del 2 %)El control por consentimiento lo vuelve innecesario

Indicadores a vigilar

Para que la tesis sea refutable, conviene definir de antemano qué observaciones la debilitarían o la fortalecerían:

  • A favor de H1: sanciones a magistrados del TC peruano que voten a favor de COSCO; adjudicación de Balboa o Cristóbal a MSC o Maersk con cláusulas que excluyan de hecho a empresas chinas; levantamiento de la sanción a Núñez tras un fallo favorable a Ositrán.
  • A favor de H2: autenticación independiente del dinero vinculado a Mariaca; sanciones a jueces peruanos con historiales similares y sin relación con China; publicación de pruebas por parte de Washington.
  • A favor de H3: documentos o cartas del gobierno boliviano que pidan las sanciones, como en Colombia; archivo de la denuncia contra la primera dama tras el cambio en la Fiscalía; nombramiento de un fiscal general afín al gobierno.
  • A favor de la versión informativa de H1: retrasos, cambios de perito o problemas de cadena de custodia en el análisis de los equipos de Cerimedo tras la salida de Mariaca; negativa o demora en responder al pedido de cooperación de Brasil.
  • Contra todas las hipótesis de coordinación: que la causa contra Cerimedo avance con normalidad bajo la nueva jefatura de la Fiscalía y que el peritaje de los equipos se publique y se comparta con Brasil y Chile.

Conclusión

La evidencia periodística y la lógica de las secuencias permiten tres afirmaciones de distinto grado de solidez.

Panamá es el caso más sólido de coerción exitosa. El fallo judicial retiró los activos de la negociación justo cuando se perfilaba la entrada de COSCO, y el resultado coincidió con el objetivo declarado de Washington. Sin embargo, existía un expediente doméstico que dio base legal a la decisión, y China también recurrió a la coerción económica.

Perú es el caso más claro de señal disuasoria. La selección de Núñez como único peruano y el momento de la sanción, cuando ya no podía modificar su fallo, apuntan a los magistrados que deben decidir. Su historial previo permite justificar la medida y, a la vez, la vuelve más eficaz como mensaje.

Bolivia es el caso donde la tesis original debe corregirse y, a la vez, ampliarse. Proteger a Cerimedo como persona no tiene sentido: la prueba del intento de asesinato está en su propio teléfono y se ha convertido en un pasivo. Lo que sí tiene sentido es controlar lo que sus dispositivos pueden revelar sobre una red de campañas de derecha radical y del entorno MAGA que llega hasta gobiernos hoy alineados con Washington. Ese interés coincide con el del gobierno de Paz, cuyo entorno también alcanzaban las investigaciones, y con la purga del aparato judicial heredado del MAS. Al mismo tiempo, Mariaca tiene antecedentes que hacen plausible la corrupción. Lo más probable es que todo esto sea cierto a la vez: un fiscal vulnerable fue destituido justo cuando custodiaba la evidencia más peligrosa.

En los tres casos, el instrumento no son las tropas sino la coproducción de legalidad entre una potencia y gobiernos aliados. Esa coproducción es más eficaz que un ataque, porque convierte una disputa geopolítica en un procedimiento judicial interno, y más difícil de refutar, porque sus etiquetas (corrupción, inconstitucionalidad, narcoterrorismo) a veces describen hechos reales.

Referencias

Métodos

  1. Collier, D. (2011). Understanding Process Tracing. PS: Political Science & Politics, 44(4), 823–830. https://doi.org/10.1017/S1049096511001429
  2. Heuer, R. J. (1999). Psychology of Intelligence Analysis. Center for the Study of Intelligence, CIA. https://www.cia.gov/resources/csi/books-monographs/psychology-of-intelligence-analysis-2/
  3. Van Evera, S. (1997). Guide to Methods for Students of Political Science. Cornell University Press. https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9780801484575/guide-to-methods-for-students-of-political-science/

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