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Superexplotación, renta y Estado contrainsurgente: el Perú bajo el Escudo de las Américas

21 de octubre de 2026

Resumen

Este trabajo sostiene que la superexplotación del trabajo en el Perú extractivo se reproduce gracias a un bloque social que combina tres elementos: la apropiación de plusvalía y renta minera, su redistribución parcial hacia estratos intermedios, y un aparato coercitivo dirigido contra quienes quedan fuera de esa distribución. Para argumentarlo, articula aportes de José Carlos Mariátegui, Aníbal Quijano, Ruy Mauro Marini y la teoría marxista de la dependencia actualizada, junto con la teoría de la renta del suelo, los estudios sobre extractivismo y la sociología política del Estado peruano. Luego aplica ese marco a la coyuntura peruana de 2022-2026: la represión de las protestas bajo Dina Boluarte, la subcontratación y la militarización de las zonas mineras, la sucesión de gobiernos de origen parlamentario, el ingreso del Perú al Escudo de las Américas y las primeras medidas del gobierno de Keiko Fujimori. Concluye que el país atraviesa una reconstrucción institucional del Estado contrainsurgente (inteligencia, fuero militar, control de la justicia y de la prensa, legislación de impunidad) en un contexto de renta extraordinaria por los precios récord del cobre y de consenso social en rápida erosión, y propone indicadores para seguir su evolución.

Palabras clave: superexplotación, colonialidad del poder, renta minera, Estado contrainsurgente, Escudo de las Américas, Perú.

Introducción

Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, las fuerzas de seguridad peruanas mataron a decenas de manifestantes, en su mayoría indígenas y campesinos del sur andino. Tres años después, casi nadie ha sido acusado, y el país tiene un gobierno que pone a las Fuerzas Armadas al frente del orden interno, busca reforzar su sistema de inteligencia y se ha alineado militarmente con Estados Unidos a través del Escudo de las Américas. La pregunta que orienta este trabajo es por qué este orden se sostiene: por qué una violencia de esa magnitud no tuvo costo político para sus responsables, y qué explica la dirección que hoy toma el Estado.

La tesis es que la respuesta no está solo en la represión, sino en la estructura económica y social que la hace posible. El Perú es una economía dependiente especializada en la exportación de minerales: en 2025 las exportaciones mineras sumaron 62.848 millones de dólares y representaron alrededor del 67,5% del valor total exportado por el país, con el cobre, el oro, el plomo y el zinc concentrando el 61,7% de las exportaciones nacionales (MINEM). Allí, la plusvalía extraída al trabajo y la renta del suelo minero se reparten de forma desigual: una parte sale del país, otra se redistribuye hacia estratos intermedios (burocracias, proveedores, profesionales, redes clientelares), y el resto de la población carga con la superexplotación y el despojo. Ese reparto produce una base social de consentimiento. La coerción queda reservada para quienes quedan fuera, que en el Perú coinciden en gran medida con las poblaciones racializadas del sur andino.

La relevancia de la pregunta excede la coyuntura. El Perú ha tenido nueve presidentes en diez años, un Congreso con niveles mínimos de aprobación y una crisis de representación que la ciencia política suele explicar por la debilidad de los partidos (Levitsky y Zavaleta, 2016). Esa explicación es necesaria pero insuficiente: describe la fragilidad de las instituciones, no la notable estabilidad del modelo económico que sobrevive a todos los gobiernos. Este trabajo propone mirar esa estabilidad desde abajo, desde la forma en que se produce y se reparte el excedente, y preguntar qué tipo de Estado requiere un orden en que la mayoría de la población trabaja en la informalidad mientras la minería bate récords de exportación.

El texto se organiza en dos partes. La primera reconstruye el marco teórico a partir de los autores latinoamericanos que mejor iluminan el presente: Mariátegui y Quijano sobre la colonialidad del poder, Marini y sus continuadores sobre la superexplotación, la teoría de la renta y el extractivismo, y el concepto de Estado contrainsurgente. La segunda aplica ese marco a la coyuntura peruana y a la política hemisférica del Escudo de las Américas, examina las principales objeciones al argumento y, en las conclusiones, propone indicadores para seguir el proceso.

Una advertencia de método: buena parte de la coyuntura descrita está en curso. Donde el texto proyecta tendencias, lo indica como hipótesis y señala qué evidencia la confirmaría o refutaría. El análisis sigue una lógica de totalidad: no trata la economía, la raza, la coerción y la ideología como variables independientes que se suman, sino como dimensiones de una misma relación social. Por eso usa la crisis, siguiendo a Zavaleta (1983), como momento privilegiado de conocimiento: es en la crisis cuando se ve con claridad qué protege el Estado y a quién sacrifica.

Parte I. Marco teórico

1. Mariátegui y Quijano: la colonialidad del poder como estructura de trabajo

El punto de partida es José Carlos Mariátegui. En los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (Mariátegui, 1928) sostuvo que el “problema del indio” no era racial, moral ni educativo, sino un problema de la tierra: del sistema de haciendas y del gamonalismo. Con ello trasladó la cuestión indígena al terreno de las relaciones de producción y, a la vez, rechazó un marxismo de etapas que tratara al Perú como una Europa atrasada.

Dos aspectos de esa obra son decisivos para el presente. El primero es que Mariátegui entendió el gamonalismo no solo como una clase de terratenientes, sino como un sistema de poder local que incluía a autoridades, jueces, curas y fuerzas del orden subordinados al hacendado. Es decir, describió una forma de soberanía privatizada en los territorios, donde la autoridad pública se ejercía en favor del propietario. El segundo es su diagnóstico de la economía peruana como una economía de enclaves, organizada por el capital extranjero en torno a la exportación de materias primas, con una burguesía nacional demasiado débil y demasiado ligada a ese capital para encabezar un desarrollo propio. Un siglo después, ambas intuiciones reaparecen en la minería: territorios donde la fuerza pública sirve a la empresa y una economía cuya dinámica la deciden los precios internacionales.

Aníbal Quijano retomó ese doble movimiento. Su concepto de colonialidad del poder (Quijano, 2000) sostiene que la conquista de América inventó la “raza” como clasificación social y la fusionó con una división del trabajo: servidumbre y tributo para los indígenas, esclavitud para los africanos, salario y propiedad sobre todo para los blancos. Esa articulación entre raza y control del trabajo sobrevivió a la independencia. Por eso, en la lectura que aquí se propone, Quijano es más materialista que buena parte de sus continuadores del giro decolonial: su núcleo no es la epistemología, sino la distribución racializada de las formas de explotación.

Dos conceptos tempranos de Quijano son especialmente útiles hoy. La heterogeneidad estructural describe economías donde coexisten relaciones capitalistas plenas con trabajo informal, campesino y semiservil, sin integrarse en un único mercado de trabajo. El polo marginal (Quijano, 1977) nombra a la población que el capital no absorbe de manera estable, pero que tampoco queda fuera de la acumulación: produce bienes y servicios baratos, abarata la reproducción de la fuerza de trabajo formal y presiona a la baja los salarios. En el Perú actual, ambos conceptos describen la mayoría social, no un residuo. Según el INEI, la tasa de empleo informal fue de 70,2% en 2025, y llegó al 94,8% en las áreas rurales frente a 64,5% en las urbanas (Infobae). En agricultura, pesca y minería, la informalidad alcanza al 91,7% de los trabajadores, y Juliaca, la ciudad donde se produjo la peor masacre de 2023, es la de mayor empleo informal del país, con 83,4% (INEI).

La sociología política peruana añadió una pieza más. Julio Cotler (1978) mostró que la “herencia colonial” no se reduce a la desigualdad económica: se expresa en un Estado que nunca integró a la mayoría indígena y campesina como ciudadanía, y que se relacionó con ella mediante la tutela, el clientelismo o la fuerza. Esa segmentación de la ciudadanía es la mediación política de la colonialidad del poder: define quiénes son interlocutores del Estado y quiénes son tratados como un problema de orden público.

Para este trabajo, Quijano aporta una pregunta que la economía política sola no responde: quién carga con la superexplotación y dónde. Las fronteras extractivas se trazan sobre territorios indígenas y campesinos, y la violencia estatal se concentra en las mismas poblaciones. La colonialidad del poder explica por qué esas vidas pueden ser tratadas como prescindibles sin que el resto de la sociedad lo registre como crimen.

2. Marini y la teoría marxista de la dependencia: la superexplotación como regla

Ruy Mauro Marini, en Dialéctica de la dependencia (Marini, 1973), explicó la dependencia a partir del valor y no solo del comercio. Su argumento tiene cuatro piezas:

Transferencia de valor. Las economías dependientes pierden valor de forma sistemática hacia los centros, por intercambio desigual, remesas de utilidades, servicio de la deuda y renta.
Superexplotación del trabajo. Para compensar esa pérdida, el capital paga la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Lo hace intensificando el trabajo, alargando la jornada y pagando salarios que no alcanzan para la reproducción del trabajador. En la formulación de Marini, una parte del fondo de consumo del trabajador se convierte en fondo de acumulación del capital.
Escisión del ciclo del capital. Como la producción se orienta al mercado externo, el salario no necesita sostener la demanda interna, y el capital carece de interés estructural en elevarlo.
Subimperialismo. Algunas economías intermedias se convierten en centros regionales que explotan a sus vecinos sin dejar de ser dependientes (Marini, 1977).

La tercera pieza tiene consecuencias políticas que conviene subrayar. Si el mercado que realiza la producción está afuera, el bienestar de los trabajadores locales deja de ser una condición de la acumulación y se convierte en un costo. En las economías centrales, el salario es a la vez costo y demanda; en las dependientes exportadoras, predomina el primer aspecto. De ahí que la superexplotación no sea un exceso moral de ciertos empresarios, sino una tendencia estructural, y que las demandas salariales y territoriales tiendan a ser tratadas como amenazas al orden económico más que como conflictos negociables.

Una nueva generación ha actualizado la teoría. Jaime Osorio (2004, 2012) propone el concepto de patrón de reproducción del capital: el actual es un patrón exportador de especialización productiva, centrado en pocas materias primas y ensamblaje de bajo valor. Mathias Seibel Luce (2018) sistematiza la teoría con trabajo empírico sobre Brasil, Adrián Sotelo Valencia (2012) analiza la extensión de la superexplotación mediante la precarización, y Claudio Katz (2018) discute sus límites y su relación con la renta. Fuera de la región, John Smith (2016) mide la superexplotación en las cadenas globales de valor a través del “arbitraje laboral global”.

En la minería conviene distinguir dos niveles. El primero es la tasa de explotación: en un sector intensivo en capital, cada trabajador pone en movimiento una masa enorme de valor y su salario es una fracción mínima de lo que produce. Un salario relativamente alto y una tasa de plusvalía muy elevada son compatibles. El segundo nivel es la superexplotación en sentido estricto, que no es marginal sino el régimen laboral dominante del sector. En el cobre chileno, los contratistas representan el 73,5% del empleo según la encuesta de Cochilco de 2026 (Reporte Minero), y en las grandes faenas hay cerca de cuatro trabajadores externos por cada contratado directo (CNN Chile).

El Perú muestra la misma estructura. En junio de 2026, la minería registró 291.044 empleos directos, de los cuales las empresas contratistas y conexas concentraron el 72,8%, frente a 27,2% de las compañías mineras; los puestos de contratistas crecieron 15,3% interanual, mientras el empleo de las mineras titulares apenas aumentó 1,3% (La República). La proporción se mantiene estable desde hace meses: 72,6% en abril y 73% en mayo (Minería Perú). Es decir, el crecimiento del empleo en el sector más rentable del país se produce casi por completo en su segmento subcontratado.

La subcontratación atomiza a los sindicatos, crea trabajadores de primera, segunda y tercera categoría, y concentra la accidentabilidad en los externos. Es el mecanismo por el cual el capital produce superexplotación dentro del sector más rentable, al que se suman la minería informal y los servicios que rodean a los enclaves. En el Perú, la minería informal agrega un tercer nivel: decenas de miles de trabajadores en socavones sin protección, con jornadas extensas, pagos a destajo o en mineral y, con frecuencia, bajo control de intermediarios armados. Allí la superexplotación aparece en su forma más pura, y es también donde la frontera entre economía legal e ilegal se vuelve más difusa.

3. Renta del suelo, extractivismo y acumulación por despojo

La brecha entre los salarios mineros y los ingresos de las empresas no es solo plusvalía producida por esos trabajadores. Una parte es renta del suelo: como el precio de un mineral se fija por los yacimientos menos productivos, los depósitos más ricos generan una ganancia extraordinaria, que crece en los auges de precios. Marx (1894) distinguió entre la renta diferencial, que surge de la desigual productividad de los yacimientos, y la renta absoluta, que surge del monopolio sobre la tierra misma. Ambas formas están presentes en la minería. Esto no reduce la explotación del trabajo; añade una segunda capa de apropiación y una disputa por quién captura la renta: las transnacionales, el Estado, las élites locales o las comunidades sobre cuyo territorio está el yacimiento.

La coyuntura actual hace visible esa segunda capa. El cobre alcanzó un máximo histórico de 6,85 dólares por libra en septiembre de 2026 y, a fines de octubre, cotizaba un 34% por encima del año anterior (Trading Economics); el promedio anual de 2026 supera en más de 40% al de 2025 (Reporte Minero). Ningún aumento equivalente de la productividad del trabajo explica ese salto. Se trata, en términos de la teoría, de renta extraordinaria, y su distribución define buena parte de la política peruana actual.

Juan Iñigo Carrera (2007) mostró para Argentina cómo la renta se recicla a través del Estado, el tipo de cambio y los subsidios, y sostiene a un capital nacional pequeño y a los estratos que lo rodean. Fernando Coronil (1997), en El Estado mágico, analizó cómo el Estado venezolano, como distribuidor de la renta petrolera, produjo un orden social y unas clases medias cuya identidad dependía de ese flujo. Ambos autores permiten entender la renta no como un dato técnico, sino como el fondo material de las alianzas de clase.

La literatura sobre extractivismo completa el cuadro. Maristella Svampa (2013) describió el consenso de los commodities: en la década de 2000, gobiernos de distinto signo basaron el crecimiento en la exportación de materias primas. Eduardo Gudynas (2009) analizó el neoextractivismo de los gobiernos progresistas. Horacio Machado Aráoz (2014), en Potosí, el origen, presenta la minería como constitutiva del capitalismo y de la colonialidad desde el siglo XVI, lo que hace de puente entre Quijano y la minería actual. Finalmente, la idea de David Harvey (2003) de acumulación por despojo designa el cercamiento de tierras, agua y bienes comunes como condición permanente de la acumulación, no como una etapa superada.

Para el caso peruano, la investigación empírica sobre conflictos mineros ha documentado cómo esta disputa se traduce en el territorio: competencia por el agua y la tierra agrícola, debilidad de los mecanismos de participación y una presencia estatal que llega a las comunidades sobre todo como fuerza pública o como transferencia de canon (De Echave et al., 2009). Francisco Durand (2016) añadió el eslabón político: el poder extractivo no solo negocia con el Estado, sino que lo captura mediante lobbies, puertas giratorias entre empresas y ministerios, y paquetes normativos que flexibilizan las exigencias ambientales. La captura del Estado es, en este sentido, la forma institucional de la disputa por la renta.

Desde esta perspectiva, lo que hoy se disputa en la región son los minerales críticos. Argentina, Chile y Bolivia concentran más de la mitad de las reservas conocidas de litio, y China duplicó su inversión directa en minerales para la transición energética entre 2020 y 2024 (DPL News). La pregunta de quién compra, financia y procesa esos minerales es, en términos de la teoría de la renta, la pregunta de cuánto de ella podrán capturar los países productores.

4. La base social de la superexplotación y el Estado contrainsurgente

La teoría de Marini explica por qué existe la superexplotación, pero no por qué se mantiene políticamente estable durante décadas. La hipótesis de este trabajo es que su persistencia descansa en una base social construida a partir del excedente redistribuido. La plusvalía y la renta no salen íntegramente del país: una parte circula por cuatro canales.

El Estado. Impuestos, regalías y transferencias financian empleo público, contratos y presupuestos regionales. El canon minero peruano transfiere a gobiernos regionales y locales la mitad del impuesto a la renta pagado por las mineras, lo que crea un estrato de funcionarios, consultores y contratistas cuyo ingreso depende de la continuidad de la extracción. Entre enero y agosto de 2026, el canon minero transfirió 9.588 millones de soles, más que en todo 2025, y las transferencias mineras totales superaron los 13.223 millones; Áncash, Arequipa, Apurímac y Cajamarca recibieron casi la mitad (Minería Perú).
Las cadenas de proveedores y servicios. Contratistas, transporte, construcción, seguridad, consultoría y comercio local en las zonas mineras. Muchas empresas contratistas pertenecen a élites locales que se benefician de la misma subcontratación que produce superexplotación debajo de ellas.
El consumo y el tipo de cambio. En los auges, la entrada de dólares abarata las importaciones y sostiene el consumo de las clases medias urbanas.
La corrupción y el clientelismo. No son una desviación del sistema, sino uno de sus canales de distribución: permisos, contratos y “acuerdos sociales” con dirigentes llevan parte de la renta a funcionarios, políticos e intermediarios, que a cambio garantizan la paz social o su represión.

A estos canales se añade uno específico del Perú: la tolerancia regulatoria hacia la minería informal. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado como mecanismo transitorio, ha sido ampliado repetidamente; el Congreso lo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 por 60 votos a favor (Congreso de la República), y el Ejecutivo presentó en octubre de 2026 un proyecto que crea un “régimen de consolidación” hasta junio de 2028 para quienes sigan inscritos, lo que sus críticos califican como una ampliación encubierta (Diario Correo). La hipótesis es que esa tolerancia distribuye renta aurífera hacia una capa de intermediarios, plantas de procesamiento y representantes políticos regionales, mientras mantiene en la superexplotación a quienes trabajan en los socavones. No se trata de una anomalía frente al modelo formal, sino de su complemento: amplía la base social del orden extractivo hacia sectores que no reciben canon.

Varios autores sostienen esta lectura. René Zavaleta Mercado (1986) analizó cómo la disponibilidad de excedente para el Estado permite comprar consenso, y cómo su contracción revela en la crisis la estructura real de una sociedad abigarrada, en la que coexisten tiempos históricos, formas productivas y lealtades que no se unifican en un mercado ni en una nación (Zavaleta, 1983). Jaime Osorio (2004) aporta el concepto de bloque en el poder, que retoma de Poulantzas (1969): la alianza de fracciones de clase organizada en torno a un patrón de reproducción del capital, bajo la hegemonía de una de ellas. Gramsci (1981-2000) ofrece la dimensión política con los conceptos de hegemonía y transformismo: la absorción de dirigentes de los grupos subalternos en el bloque dominante, que descabeza sus organizaciones sin necesidad de reprimirlas. Y Quijano (2000) añade la dimensión racial: los estratos que se benefician son mayoritariamente urbanos, mestizos o blancos, y quienes cargan con la superexplotación y el despojo son mayoritariamente indígenas, campesinos y migrantes.

El siguiente cuadro resume el modelo resultante:

Posición en el circuito	Grupos principales	Forma de integración	Respuesta estatal predominante
Apropiación central	Transnacionales mineras, grandes grupos financieros y exportadores	Captura directa de plusvalía y renta	Garantía jurídica: contratos-ley, estabilidad tributaria
Redistribución intermedia	Burocracias regionales, contratistas, proveedores, profesionales urbanos, intermediarios de la minería informal	Canon, contratos, consumo, tolerancia regulatoria, clientelismo	Consenso y cooptación
Superexplotación	Trabajadores contratistas, mineros informales, trabajadores de servicios en enclaves	Salarios bajo el valor de la fuerza de trabajo, precariedad	Fragmentación sindical, control laboral
Despojo y exclusión	Comunidades campesinas e indígenas, agricultores de valles afectados, población del polo marginal	Pérdida de tierra, agua y medios de vida	Estigmatización y coerción

Fuente: elaboración propia a partir del marco teórico.

Para quienes quedan fuera de la distribución está la coerción. En “El Estado de contrainsurgencia”, Marini (1978) sostuvo que el capitalismo dependiente tiende a producir un Estado cuyo núcleo es el aparato contrainsurgente, permanentemente orientado a reprimir a la población cuya superexplotación sostiene la acumulación. Ese Estado puede operar bajo formas democráticas: elecciones, Congreso y tribunales siguen funcionando, pero los mecanismos de control (fuerzas armadas, inteligencia, justicia y medios) quedan subordinados al bloque. La impunidad no es una falla del sistema, sino una de sus funciones: comunica a quienes protesten en el futuro que la fuerza letal no tiene costo.

El Perú conoció ese Estado en su forma más acabada durante el conflicto armado interno y el régimen de Alberto Fujimori. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) documentó que la mayoría de las víctimas fueron campesinos quechuahablantes, y que el Estado combinó la guerra contra Sendero Luminoso con prácticas sistemáticas de desaparición, tortura y ejecución. Jo-Marie Burt (2009) mostró cómo el régimen de los noventa transformó esa experiencia en un dispositivo de gobierno: el miedo al terrorismo justificó la concentración del poder, la subordinación de la justicia y la vigilancia de la oposición. Carlos Aguirre (2011) analizó cómo el insulto terruco se convirtió en una categoría de estigma que convierte al adversario en enemigo y lo despoja de la condición de ciudadano. Estos tres elementos, la población racializada como blanco, el miedo como recurso de gobierno y el estigma como sustituto de la prueba, forman la memoria institucional sobre la que se reconstruye hoy el Estado contrainsurgente.

Este esquema tiene un límite que el análisis dialéctico debe tomar en cuenta. La cohesión del bloque depende del flujo de renta y sigue el ciclo de precios. Cuando el excedente se reduce, las fracciones disputan un pastel menor y el consenso se agrieta. El régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos no cayó por la presión del Congreso ni de los tribunales, que estaban cooptados, sino cuando la exposición de su corrupción fracturó el bloque que lo sostenía. La abundancia de renta, por su parte, tampoco garantiza estabilidad: puede intensificar la disputa entre fracciones por su apropiación, como muestra la sucesión de presidentes destituidos en medio de un auge de precios.

Parte II. La coyuntura: el Perú bajo el Escudo de las Américas

5. El Escudo de las Américas: seguridad, minerales críticos y presión sobre la justicia

El Escudo de las Américas se presentó el 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida, como una coalición contra cárteles y “narcoterrorismo”. Sus miembros iniciales fueron Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago; Brasil, México y Colombia no fueron invitados. Estados Unidos se comprometió a entrenar y movilizar a las fuerzas armadas de los países socios, y el Perú anunció su adhesión tras la asunción de Keiko Fujimori (Andina; El Tiempo).

La coalición tiene tres dimensiones que el marco teórico permite leer juntas:

Dimensión	Contenido	Lectura teórica
Militar y de seguridad	Entrenamiento de fuerzas armadas, coordinación de inteligencia, sanciones conjuntas a 24 grupos criminales anunciadas en la ONU en septiembre de 2026	Externalización y refuerzo del Estado contrainsurgente
Económica	Control de inversiones, protección de cadenas de suministro de minerales críticos con “fuentes confiables”, “proveedores de confianza” en infraestructura digital	Restricción de compradores y financistas, menor capacidad de los Estados para capturar renta
Judicial	Revocación de visas a 27 jueces, fiscales y funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú	Disciplinamiento externo de los operadores de justicia

Fuentes de la tabla: Infobae, El Desconcierto, La Tercera.

La dimensión económica es la menos visible y la más importante para la tesis. Si los Estados se comprometen a excluir a compradores e inversionistas chinos, se reduce la competencia por sus minerales y, con ello, su poder de negociación sobre regalías, impuestos y condiciones de los contratos. En el lenguaje de la teoría de la renta, el monopolio sobre el yacimiento solo se traduce en renta capturada por el país si existe competencia entre quienes quieren acceder a él; un alineamiento que restringe esa competencia transfiere parte de la renta, de antemano, al bloque comprador. En Chile, la Cámara de Diputados aprobó en octubre de 2026 una resolución que pide exigir transferencia tecnológica y empleo nacional a cambio de cualquier acuerdo de minerales críticos con Estados Unidos (El Desconcierto). En el Perú no se ha producido un debate equivalente.

La dimensión judicial merece atención propia. El Departamento de Estado justificó la revocación de visas por corrupción, vínculos con el narcotráfico o conspiración contra los gobiernos, y la enmarcó explícitamente en los compromisos del Escudo. En el Perú alcanzó al juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Constitucional de Lima (Diario Neuquino). Algunas de esas sanciones pueden apuntar a casos reales de corrupción; el problema estructural es que el criterio lo define una potencia extranjera, sin proceso ni control, y que la categoría de “socavar a un gobierno elegido” puede alcanzar a jueces cuyas decisiones incomodan al bloque gobernante o a Washington. Se suma así una presión externa a la presión interna sobre la judicatura que se describe en la sección 8.

El caso más grave es el de Bolivia, que encabeza la lista con trece funcionarios sancionados. Dos días después de que Washington le revocara la visa, el fiscal general Roger Mariaca fue detenido el 30 de septiembre de 2026 en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, junto al fiscal departamental Alberto Zeballos, mientras la policía allanaba la sede de la Fiscalía General en Sucre (Infobae). El gobierno de Rodrigo Paz lo acusó de encabezar una organización criminal de protección al narcotráfico (CNN en Español), y Mariaca permanece encarcelado en Potosí, aunque a dos semanas de su captura no existía solicitud de extradición a Estados Unidos (El Deber). Antes de su detención, Mariaca había rechazado la sanción y la atribuyó a investigaciones que generaban “incomodidad”, entre ellas la del consultor argentino Fernando Cerimedo, asesor de campaña de Paz y de Javier Milei (ABC7).

Con independencia de la culpabilidad de Mariaca, que deberá establecer un proceso judicial, la secuencia constituye un precedente: una sanción administrativa extranjera, sin juicio ni derecho de defensa, fue seguida en 48 horas por la captura del máximo responsable de la acción penal de un Estado soberano. El mensaje para fiscales y jueces de toda la región es que investigar a actores cercanos al bloque gobernante o a sus aliados en Washington puede costar la libertad. En términos del marco teórico, el Estado contrainsurgente adquiere así una dimensión hemisférica: la potencia hegemónica marca el objetivo y el gobierno aliado ejecuta la coerción.

Los defensores del Escudo lo presentan como cooperación frente a una inseguridad real, que en el Perú es la peor desde el conflicto armado interno, y como una vía para atraer inversión occidental y reducir la dependencia de China. Esa inseguridad existe y tiene base material: la minería ilegal de oro, el narcotráfico y la extorsión son también economías extractivas y superexplotadoras. El argumento de este trabajo no niega ese problema; sostiene que la respuesta securitaria lo usa para reorganizar territorio y trabajo en favor de capitales y alineamientos determinados.

6. La minería peruana: fuerza pública al servicio privado

En las zonas mineras peruanas, la frontera entre seguridad pública y seguridad privada está formalmente borrada. Un informe de EarthRights International, el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (2019) identificó 138 convenios entre la Policía Nacional y empresas extractivas entre 1995 y 2018, que permiten a policías uniformados prestar servicios de seguridad a las compañías (Dialogue Earth). Algunos convenios publicados establecían que, en caso de conflicto, la policía asignaría de inmediato personal antimotines, con pagos diarios de la minera a los oficiales (La República).

Los montos no son menores. Southern Peru, la empresa del proyecto Tía María, pagó más de 16 millones de soles por servicios policiales extraordinarios en los siete años previos a agosto de 2025 (El Búho). Las Bambas, Antapaccay y otras grandes operaciones del corredor minero del sur firmaron convenios similares. El Tribunal Constitucional declaró constitucionales estos servicios, aunque reconoció que generan indefensión en las poblaciones de las zonas de influencia y discriminación policial hacia la población local (ProActivo).

A la fuerza pública contratada se suman la seguridad privada, brigadas “comunitarias” financiadas por las empresas y grupos armados vinculados a la minería ilegal. El resultado es una soberanía fragmentada: en los territorios extractivos gobierna, de hecho, quien garantiza la extracción. La continuidad con el gamonalismo descrito por Mariátegui es evidente: el poder local vuelve a ejercerse por medio de una autoridad pública al servicio de un propietario, aunque ahora el propietario sea una transnacional y la autoridad se pague mediante convenio. Para la tesis de este trabajo, los convenios son la expresión más directa del Estado contrainsurgente a escala local: la renta minera paga literalmente al aparato que reprime a quienes se oponen a su extracción.

El canon minero completa el circuito. Al transferir la mitad del impuesto a la renta minero a gobiernos regionales y locales, crea en las mismas zonas estratos cuyo ingreso depende de la continuidad de los proyectos. Así, en un mismo territorio conviven los dos componentes del modelo: redistribución para quienes se integran al circuito y coerción para quienes lo resisten. Apurímac, sede de Las Bambas y uno de los epicentros de la protesta de 2022-2023, fue en 2026 la tercera región receptora de transferencias mineras, con más de 1.492 millones de soles (Minería Perú). La abundancia de canon no ha eliminado el conflicto: lo ha desplazado hacia la disputa por su uso y su captura.

La conflictividad registrada confirma esa persistencia. En agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo contabilizó 92 conflictos socioambientales activos y latentes, de los cuales el 66,3% (61 casos) estaba relacionado con la actividad minera (Defensoría del Pueblo). Proyectos emblemáticos ilustran las distintas salidas: Conga nunca comenzó a operar, Tía María pasó más de una década sin licencia social y Las Bambas opera con interrupciones recurrentes del corredor minero del sur (Minería en Línea).

7. La represión de 2022-2023: la crisis como método

Siguiendo a Zavaleta (1983), la crisis de 2022-2023 funciona como método: reveló a quién protege el Estado peruano, a quién está dispuesto a matar y qué estratos consienten. Tras la destitución de Pedro Castillo, las protestas exigieron la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones adelantadas y una asamblea constituyente. Amnistía Internacional registró 49 personas muertas por las fuerzas de seguridad entre diciembre y febrero, y concluyó que 20 de las 25 muertes que examinó en detalle podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, con disparos de munición real a la cabeza, el cuello y el abdomen (ICTJ).

El patrón racial es explícito en los datos. Las regiones de mayoría indígena representan el 13% de la población del país pero concentraron el 80% de las muertes (Amnistía Internacional Reino Unido). Solo en Juliaca murieron 18 personas el 9 de enero de 2023 (Diario Correo). Amnistía comparó Lima, con más protestas, y Ayacucho: la fuerza letal se usó donde la población era indígena y campesina, no donde la protesta era más intensa. Es la colonialidad del poder expresada en cifras. El gobierno, por su parte, vinculó las protestas con “el narcotráfico y la minería ilegal” (El Desconcierto), el mismo lenguaje securitario que hoy organiza el Escudo de las Américas.

La relación con el excedente debe mostrarse, no suponerse, y existe en dos planos. El primero es geográfico: el epicentro de la protesta (Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno) coincide con el corredor minero del sur. El segundo es institucional: la demanda de asamblea constituyente amenazaba la Constitución de 1993, que garantiza contratos-ley de estabilidad jurídica, un rol subsidiario del Estado y la concesionabilidad de los recursos. El Estado no defendía una mina concreta, sino el orden que asegura el régimen de extracción y distribución del excedente.

A estos dos planos se añade un tercero, que conecta con la heterogeneidad estructural de Quijano. Puno, Juliaca y buena parte del sur andino son economías del polo marginal: comercio informal, agricultura familiar, minería aurífera de pequeña escala y migración estacional. Su población no participa de los circuitos de redistribución del canon en la misma medida que las burocracias regionales, y su relación con el Estado central está mediada, desde hace siglos, por la desconfianza. La protesta de 2022-2023 expresó la ruptura de esa población con un orden que la incluye como fuerza de trabajo barata y la excluye como ciudadanía. La respuesta letal expresó, a su vez, que el Estado la consideraba fuera del pacto.

La impunidad posterior confirma la función de ese orden:

El equipo especial de fiscales para víctimas de las protestas (Eficavip) fue desactivado, y el Congreso archivó las denuncias constitucionales por las muertes (El Búho).
En el caso Pichanaqui, la investigación contra tres mandos policiales concluyó en diciembre de 2025 y seis meses después aún no había acusación (misma fuente).
La Ley 32735, de julio de 2026, otorgó a los tribunales militares y policiales jurisdicción sobre delitos cometidos por las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones (RSF).

La impunidad por 2022-2023 forma parte de una arquitectura legislativa más amplia, que conecta el presente con el conflicto armado interno. La Ley 32107, de agosto de 2024, dispuso que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no se apliquen a hechos anteriores a julio de 2002, lo que abre la puerta a la prescripción de crímenes cometidos entre 1980 y 2000; algunos tribunales han inaplicado la norma mediante control de convencionalidad (Poder Judicial). La Ley 32419, promulgada el 13 de agosto de 2025, concedió amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa denunciados, investigados o procesados por hechos derivados de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, y una amnistía “humanitaria” a los mayores de setenta años ya condenados (LP Derecho). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó el 3 de septiembre de 2025 la orden de no aplicarla en los casos Barrios Altos y La Cantuta (CEJIL), y la CIDH recordó que las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas en el sistema interamericano (CIDH).

Leídas juntas, estas normas tienen una lógica que la teoría permite nombrar. La prescripción y la amnistía cierran las cuentas del pasado contrainsurgente; el fuero militar protege a los ejecutores del presente; y la desactivación de los fiscales especializados impide que se acumule prueba. El resultado es una garantía retroactiva y prospectiva para el aparato coercitivo: lo que hizo no será juzgado, y lo que haga tampoco.

El silencio de la sociedad “oficial” completa el cuadro. Organizaciones de derechos humanos, periodistas de investigación y asociaciones de familiares documentaron los crímenes, pero su alcance es marginal frente a los grandes medios. El Grupo El Comercio concentra cerca del 80% de la prensa escrita y el 70% de la inversión publicitaria anual, una concentración que Reporteros Sin Fronteras consideró sin precedentes a escala mundial (LatAm Journalism Review). En términos gramscianos, ese sistema mediático es parte del aparato que produce consenso entre los estratos intermedios y silencio sobre la violencia contra quienes quedan fuera. El terruqueo, la estigmatización de los manifestantes como terroristas (Aguirre, 2011), convirtió sus muertes en restablecimiento del orden.

El gobierno de Boluarte encaja en una forma de bonapartismo, con una precisión: el Ejecutivo nunca tuvo autonomía propia. Se sostuvo por la alianza entre la coalición parlamentaria y el aparato coercitivo, que lo descartó en octubre de 2025 cuando dejó de serle útil. El poder real residía en ese bloque, no en la presidenta. Lo que siguió lo confirma. Tras la vacancia de Boluarte el 10 de octubre de 2025, asumió por sucesión el presidente del Congreso, José Jerí, que fue a su vez censurado en febrero de 2026, tras cuatro meses en el cargo, por reuniones no registradas con un empresario proveedor del Estado (El Comercio). El Congreso eligió entonces a José María Balcázar, el octavo presidente del país en una década, para gobernar hasta el 28 de julio de 2026 (El Tiempo). La rotación de presidentes y la continuidad de la política económica y de impunidad son dos caras del mismo fenómeno: los titulares del Ejecutivo son reemplazables; el bloque que los nombra y los destituye, no.

8. El gobierno de Keiko Fujimori: reconstrucción del Estado contrainsurgente con consenso en erosión

Keiko Fujimori asumió la presidencia el 28 de julio de 2026, tras ganar la segunda vuelta por alrededor de 50.000 votos (Wikipedia). En sus primeros meses, su gobierno ha avanzado en cinco frentes que, tomados en conjunto, reconstruyen las piezas institucionales del aparato de los años noventa.

Coerción. En su discurso inaugural anunció que, durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, y nombró como objetivos al crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal (Swissinfo/EFE). Bajo estado de emergencia, la frontera entre combatir la minería ilegal y controlar a las comunidades que se oponen a la minería legal se vuelve difusa, como ocurrió en 2022-2023.

Inteligencia. El gobierno designó al general en retiro Hugo Cornejo al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (Caretas) y pidió facultades legislativas. Un predictamen del Senado publicado el 14 de octubre de 2026 amplía las materias delegables de 20 a 27 e incluye modificar el Decreto Legislativo 1141, que rige el Sistema de Inteligencia Nacional, para “fortalecer” la DINI (Infobae). La Cámara de Diputados había aprobado la delegación el 7 de octubre, con 66 votos a favor, tras reconsiderar una primera votación que la rechazó (EFE). El 19 de octubre, la Comisión de Constitución del Senado aprobó los siete puntos adicionales y envió al Pleno un dictamen de 27 materias, entre ellas el apoyo militar a la Policía, cambios a la legítima defensa, el fortalecimiento de la DINI y “criterios para identificar organizaciones criminales que empleen sistemáticamente métodos de violencia propios del terrorismo” (Expreso). Este último punto es el más relevante para la tesis: según cómo se redacte, puede permitir tratar como organizaciones cuasi terroristas a movimientos que bloquean carreteras o se enfrentan a la policía. Carlos Rivera, abogado del IDL, advirtió que lo solicitado convertiría a la DINI en un superorganismo fuera de controles, con facultades similares a las del SIN de Montesinos (El Búho). El SIN no ha sido restablecido por ley, pero el camino es el mismo que usó Alberto Fujimori en 1992: legislar por decreto.

Justicia. El cerco a la judicatura comenzó antes del cambio de gobierno. La Junta Nacional de Justicia destituyó al juez Oswaldo Ordóñez, suspendió al juez Richard Concepción Carhuancho y abrió procesos disciplinarios contra magistrados que aplicaron el control de convencionalidad en casos de derechos humanos (La República). El dato es significativo porque el control de convencionalidad es precisamente el instrumento con el que algunos tribunales han inaplicado las leyes de prescripción y amnistía descritas en la sección anterior. El presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, llamó a “barrer” del sistema judicial a los jueces que cuestionan las leyes del Congreso (La República). A esta presión interna se suma la externa del Escudo descrita en la sección 5.

Prensa. La Ley 32301 amplía el control estatal sobre organizaciones, incluidos medios, que reciben financiamiento internacional, y se aplica mediante inspecciones administrativas a IDL-Reporteros. En junio de 2026 el Congreso recomendó iniciar acciones penales contra su director, Gustavo Gorriti, y en julio un fiscal pidió procesarlo por presunto cohecho. El 2025 fue el año más letal para la prensa peruana en casi tres décadas, con cuatro periodistas asesinados, y el Perú ocupa el puesto 144 de 180 en la clasificación de RSF (RSF).

Extracción. El plan de gobierno promete hacer “socialmente viable” el proyecto Tía María, ampliar Cerro Verde, reforzar los contratos-ley y atraer entre 5.000 y 7.000 millones de dólares anuales de inversión extranjera (Emol). Tía María pertenece a Southern Peru, la misma empresa que pagó millones por servicios policiales. El proyecto ya está en marcha: en abril de 2026, semanas después de que el Consejo de Minería anulara la autorización anterior, el Ministerio de Energía y Minas autorizó la explotación de su primera etapa, el tajo La Tapada, y determinó que no correspondía la consulta previa por no registrar pueblos indígenas en el área de influencia directa (Infobae). A septiembre, Southern había invertido 884,3 millones de dólares, el proyecto alcanzaba un 49,6% de avance y la empresa esperaba iniciar operaciones en el primer semestre de 2028 (Energiminas). La “viabilidad social” prometida, por tanto, no se refiere a la autorización, que ya existe, sino a la capacidad de sostener la operación frente a la oposición del valle del Tambo. Es en ese punto donde los frentes de coerción y extracción se encuentran.

Frente a estos cinco frentes, el consenso se erosiona con rapidez. El gobierno combinó coerción con redistribución, un alza del salario mínimo de 15% y una pensión para adultos mayores pobres, siguiendo la fórmula de los noventa (Acento). Pero la redistribución no ha ampliado su base. En una economía con siete de cada diez trabajadores en la informalidad, un aumento del salario mínimo alcanza sobre todo a los asalariados formales, es decir, a los estratos que ya forman parte del circuito de redistribución; para la mayoría del polo marginal, su efecto directo es escaso. Según Ipsos, la aprobación cayó de 57% en agosto a 42% en septiembre; es de 59% en el nivel socioeconómico A y de 32% en el E, y en el sur solo 21% aprueba frente a 73% que desaprueba (Caretas). El IEP la situó en 37% en septiembre (teleSUR), y las mediciones posteriores muestran la misma tendencia a la baja.

Estas cifras deben leerse con cautela: varias encuestadoras publican a través de medios del Grupo El Comercio, cuya línea editorial es percibida como cercana al fujimorismo, y subrepresentan el mundo rural y andino. Pero el sesgo, si existe, operaría a favor del gobierno, de modo que la erosión real en el sur y en los sectores populares probablemente es mayor que la registrada. Lo decisivo es el patrón: el consentimiento se concentra en los estratos que se benefician del excedente y se retira en los territorios que cargan con la extracción y la represión. Un gobierno que pierde consenso fuera de su bloque tiene más incentivos para apoyarse en la coerción. La visita oficial de Fujimori a Nayib Bukele, autorizada para fines de octubre (Caretas), apunta en esa dirección: la presidenta anunció que el viaje, el 29 y 30 de octubre, se centrará en seguridad e incluirá una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en medio de una caída de popularidad atribuida a la extorsión y al alza de los homicidios (AP).

El modelo salvadoreño tiene un significado preciso en este marco. Combina un estado de excepción prolongado, encarcelamiento masivo sin debido proceso y altos niveles de aprobación entre las clases medias urbanas que se sienten protegidas. Es, en términos de este trabajo, una forma de producir consenso a través de la coerción misma: la represión del polo marginal se presenta como el bien público que el Estado ofrece a los estratos intermedios. Si el gobierno peruano adopta ese modelo, la coerción dejaría de ser solo el complemento del consenso para convertirse en una de sus fuentes.

9. Objeciones y límites del argumento

Un argumento de esta amplitud debe enfrentar las explicaciones alternativas más fuertes. Se consideran aquí cuatro.

Primera objeción: la crisis peruana es institucional, no estructural. Según esta lectura, el problema es la ausencia de partidos, el diseño constitucional que facilita la vacancia presidencial y la fragmentación del Congreso (Levitsky y Zavaleta, 2016). El argumento institucional es correcto en lo que describe, pero no explica por qué la debilidad de los partidos convive con una notable continuidad de la política económica, ni por qué la impunidad por las muertes de 2022-2023 ha sido sostenida por coaliciones parlamentarias muy distintas. Un sistema sin partidos fuertes no es un sistema sin intereses organizados: los intereses del bloque extractivo se organizan por otros medios, como los gremios, los medios de comunicación y la captura de ministerios (Durand, 2016). La fragmentación política y la cohesión económica son compatibles.

Segunda objeción: los trabajadores mineros ganan más que el promedio, luego no hay superexplotación. El argumento confunde el nivel del salario con su relación con el valor de la fuerza de trabajo y con el valor producido. Como se mostró en la sección 2, un salario alto en términos relativos es compatible con una tasa de explotación muy elevada. Además, el salario alto corresponde sobre todo al 27% de trabajadores contratados directamente por las mineras; el 73% restante trabaja en condiciones de contratación distintas, y fuera del sector formal la minería informal reproduce las formas más extremas de superexplotación. La objeción toma la parte por el todo.

Tercera objeción: la inseguridad es real y exige una respuesta militar. Este trabajo no niega la gravedad de la extorsión, el sicariato y las economías ilegales. Sostiene dos cosas. La primera es que esas economías son también extractivas y superexplotadoras, y que su expansión se relaciona con la informalidad masiva y con la tolerancia regulatoria descrita en la sección 4. La segunda es que una respuesta securitaria que no distingue entre criminalidad organizada y protesta social, y que se apoya en categorías amplias como “métodos propios del terrorismo”, termina dirigiéndose contra las mismas poblaciones que ya cargan con la superexplotación. La pregunta empírica es hacia dónde se dirige la fuerza; los indicadores propuestos en las conclusiones buscan responderla.

Cuarta objeción: el alineamiento con Estados Unidos atrae inversión y reduce la dependencia de China. Es posible que lo haga. Pero cambiar de comprador dominante no altera la posición dependiente; puede, en cambio, reducir el margen de negociación si se excluye a competidores. La experiencia chilena, donde el Congreso exige contrapartidas tecnológicas y laborales, muestra que el problema no es la alianza en sí, sino las condiciones en que se pacta y la capacidad del país para capturar renta. En el Perú, esas condiciones no se han debatido públicamente.

El argumento tiene también límites propios. La relación entre renta y consenso se ha mostrado aquí sobre todo en el plano estructural y con datos agregados; un análisis más fino requeriría estudiar, región por región, cómo se distribuye el canon, quién controla los contratos y cómo vota cada estrato. La hipótesis sobre la minería informal como canal de redistribución requiere investigación de campo. Y la coyuntura está en curso: varias de las medidas descritas, en particular las facultades delegadas, pueden modificarse en su trámite. Por eso las conclusiones se formulan como hipótesis contrastables.

Conclusiones

El Perú está entre lo malo y lo peor en materia de libertades y represión. El piso ya es bajo: impunidad por las muertes de 2022-2023, leyes de prescripción y amnistía para los crímenes del conflicto armado interno, prensa estrangulada por la concentración y el acoso, judicatura sometida a una purga interna y a sanciones externas, y delitos de las fuerzas de seguridad trasladados al fuero militar. Lo que está pendiente lo empujaría más abajo: las Fuerzas Armadas al frente del orden interno, una DINI con menos controles, nuevas categorías penales que asimilan formas de protesta al terrorismo, la importación del modelo carcelario salvadoreño y el respaldo militar de Estados Unidos a través del Escudo.

El marco teórico permite ver estos elementos como partes de una misma estructura y no como hechos aislados. La superexplotación del trabajo y la apropiación de la renta minera (Marini, 1973; Iñigo Carrera, 2007; Coronil, 1997) producen un excedente que se reparte de forma desigual. Su distribución hacia estratos intermedios produce consenso (Zavaleta, 1986; Osorio, 2004; Gramsci, 1981-2000), y la colonialidad del poder (Quijano, 2000) define quiénes quedan fuera y pueden ser reprimidos sin costo. El Estado contrainsurgente (Marini, 1978) organiza esa coerción, y el Escudo de las Américas la inscribe en la disputa entre Estados Unidos y China por los minerales críticos.

Tres conclusiones se desprenden del análisis:

Los contrapesos institucionales han sido neutralizados. Congreso, Fiscalía, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional y los grandes medios están subordinados o capturados por el mismo bloque que se beneficia del excedente. La rendición de cuentas no vendrá de ellos. Los únicos contrapesos institucionales que aún operan son externos, como la Corte Interamericana, o marginales dentro del sistema, como los jueces que aplican el control de convencionalidad, y ambos están bajo ataque.
El desenlace depende de la correlación de fuerzas sociales. Los contrapesos reales son territoriales: frentes regionales, comunidades campesinas, rondas, organizaciones aimaras y quechuas, y sindicatos de trabajadores contratistas. En 2022-2023 fueron la única fuerza que impuso costos al gobierno, a un precio terrible. Su debilidad es la fragmentación: entre regiones, entre trabajadores directos y contratistas, entre economía formal e informal. Esa fragmentación no es accidental, sino producida por la misma estructura de subcontratación y heterogeneidad que este trabajo describe.
La fragilidad del bloque es económica. Mientras los precios del cobre se mantengan altos, hay renta para comprar consenso. Los récords de 2026 explican en buena medida por qué el gobierno puede combinar aumentos salariales, transferencias récord de canon y un programa de inversión con la expansión del aparato coercitivo. Una caída de precios reduciría ese margen, aumentaría los incentivos para la coerción y, a la vez, podría fracturar el bloque, como ocurrió con el régimen de Fujimori y Montesinos en 2000.

El temor a un retorno de prácticas como las desapariciones forzadas de la era Montesinos es comprensible, pero a la fecha no hay casos documentados. Lo prudente es afirmar que se están reconstruyendo las condiciones institucionales que las hicieron posibles, y vigilar los siguientes indicadores:

Indicador	Qué observar	Qué confirmaría la hipótesis
Facultades delegadas	Votación del Senado y contenido de los decretos sobre la DINI, el uso de la fuerza y la tipificación de organizaciones con “métodos propios del terrorismo”	DINI con funciones de inteligencia interna y menor control parlamentario; definiciones penales aplicables a la protesta
Estados de emergencia	Ubicación y duración	Declaratorias en corredores con proyectos mineros legales en conflicto (Tía María, Las Bambas, Conga)
Convenios policía-mineras	Nuevos convenios o renovaciones	Expansión de la fuerza pública contratada
Tipificación de la protesta	Procesos contra dirigentes	Dirigentes acusados de “crimen organizado” o “terrorismo”
Fuero militar	Casos transferidos bajo la Ley 32735	Archivo de investigaciones por muertes en protestas
Amnistía y prescripción	Aplicación judicial de las leyes 32107 y 32419 y respuesta a la Corte Interamericana	Archivo de casos del conflicto armado interno y desacato a la Corte
Justicia	Destituciones de la JNJ y nuevas sanciones del Escudo	Remoción o detención de jueces y fiscales que fallen contra el gobierno o las mineras
Prensa	Uso de la Ley 32301 y procesos a periodistas	Cierre o desfinanciamiento de medios de investigación
Minería informal	Destino del Reinfo y de la nueva ley de pequeña minería	Nuevas prórrogas que amplíen la base clientelar sin mejorar las condiciones de trabajo
Renta y precios	Precio del cobre y transferencias de canon	Caída de precios acompañada de mayor coerción o de fractura del bloque gobernante
Conflictividad	Reportes mensuales de la Defensoría del Pueblo, paros regionales	Aumento de conflictos socioambientales y respuesta militar
Violaciones graves	Informes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y organizaciones regionales	Denuncias de desapariciones o ejecuciones extrajudiciales en zonas de emergencia

La tarea analítica, y política, es seguir estas señales desde los territorios donde se decide el desenlace, y no desde los medios e instituciones que forman parte del mismo bloque.

Referencias

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Caso Mariaca: Infobae, CNN en Español, El Deber, ABC7.
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Sucesión presidencial 2025-2026: El Comercio (censura de José Jerí), El Tiempo (elección de José María Balcázar).
Justicia: La República (asedio al sistema de justicia), La República (JNJ y declaraciones de Rospigliosi), El Búho (caso Pichanaqui).
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Policía y minería: Dialogue Earth, La República (convenios y Tribunal Constitucional), El Búho (pagos de Southern Peru), ProActivo (sentencia del Tribunal Constitucional).
Economía minera, empleo y canon: MINEM (exportaciones mineras 2025), La República (empleo minero y contratistas, junio de 2026), Minería Perú (empleo minero, mayo de 2026), Minería Perú (transferencias de canon 2026), Trading Economics (precio del cobre), Reporte Minero (promedio anual del cobre), Reporte Minero (encuesta de Cochilco), CNN Chile (subcontratación en la minería), DPL News (minerales críticos).
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Minería informal: Congreso de la República (ampliación del Reinfo), Diario Correo (régimen de consolidación).
Conflictividad y proyectos: Defensoría del Pueblo (Reporte de conflictos sociales n.º 270), Minería en Línea (cartera de proyectos y conflictos), Infobae (autorización de Tía María sin consulta previa), Energiminas (avance de Tía María).