Corrupción, Medios y Rendición de Cuentas Democrática en el Perú

Una Recopilación de Investigación y Auditoría de Fuentes

Preparado: 13 de septiembre de 2026 | Método: Investigación de fuentes abiertas y prensa compilada mediante búsqueda web en vivo y recuperación de documentos

Resumen Ejecutivo

Este informe recopila una investigación sobre las causas estructurales de la corrupción en el Perú: la psicología política de la tolerancia electoral hacia candidatos cuestionados, la posición del Perú dentro de un patrón latinoamericano más amplio, la controversia de los megaproyectos de Odebrecht, el vacío de rendición de cuentas creado por las ventas de activos tras el escándalo, el caso de corrupción contra la presidenta Keiko Fujimori, el financiamiento de campañas políticas por economías ilícitas, las condiciones de libertad de prensa, una red de desinformación transnacional documentada y vinculada a la elección de 2026, y la concentración de la propiedad mediática peruana. Cierra con consideraciones de política pública para la reforma anticorrupción y para la reforma del pluralismo mediático. Los hallazgos provienen de periodismo de investigación, publicaciones académicas y multilaterales (OCDE, Transparencia Internacional, GIGA, Baker Institute), prensa peruana y regional, registros judiciales y legislativos, y monitoreo de ONG (Media Ownership Monitor, Reporteros Sin Fronteras, IDL-Reporteros). La Sección 16 documenta las fuentes que no pudieron recuperarse, con la razón técnica o de acceso específica para cada una, conforme al estándar de transparencia que este informe busca cumplir.

1. Impulsores Estructurales e Históricos de la Corrupción en el Perú

La corrupción en el Perú se entiende mejor como el producto de factores superpuestos y mutuamente reforzados, no como el resultado de una sola causa.

Raíces históricas y culturales. Los patrones de venalidad en los cargos públicos se remontan a la administración colonial, donde los puestos se compraban o se distribuían mediante clientelismo en lugar de mérito, y las élites de la independencia heredaron las mismas reglas informales [10, 30]. Ese legado sobrevive en dichos populares como “roba pero hace obra” y “otorongo no come otorongo”, que funcionan menos como creencia literal que como un permiso culturalmente transmitido para tolerar el latrocinio [10, 30].

La fragmentación partidaria agrava el problema. Desde que el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 desmanteló el sistema de partidos preexistente, el Perú ha carecido de partidos duraderos y programáticos, y el Congreso ha usado repetidamente la vacancia presidencial como arma política desde 2016 (lo que los politólogos llaman “hardball constitucional”), produciendo una rotación presidencial extrema [2, 6].

Las instituciones se han vaciado en paralelo a los partidos: fiscalías subfinanciadas, jefaturas policiales que se reorganizan constantemente y tribunales donde los juicios se arrastran por años o décadas configuran, en conjunto, un clima de impunidad funcional incluso donde existen investigaciones formales [2, 5, 6, 9].

La rendición de cuentas, además, es asimétrica: las persecuciones penales apuntan desproporcionadamente a quienes reciben sobornos frente a quienes los pagan. Un informe del Ministerio de Justicia de 2019 encontró 1,431 empresarios investigados por corrupción, con condenas escasas. En el caso Odebrecht específicamente, solo 23 de aproximadamente 840 individuos investigados fueron condenados [4].

La descentralización sumó una capa adicional de exposición. El Perú transfirió la autoridad de gasto en obras públicas a los gobiernos regionales y municipales más rápido de lo que construyó la capacidad de auditoría para vigilarla, lo cual explica en buena parte por qué la corrupción en contrataciones se concentra hoy a nivel subnacional [1, 11, 23]. Y más allá de los megaescándalos que copan los titulares, el soborno se reporta simplemente como algo rutinario en contrataciones públicas, el poder judicial, la policía, la administración tributaria (SUNAT), aduanas y trámites de permisos [8, 21].

Finalmente, los analistas describen cada vez más a la minería ilegal, la tala y las redes de tráfico como fusionadas con el problema de la corrupción política, más que como algo que simplemente lo explota desde afuera, comprando protección tanto de funcionarios locales como de legisladores [3, 5, 6].

2. Por Qué los Votantes Apoyan a Sabiendas a Políticos Cuestionados

La investigación de ciencia política ofrece varios mecanismos convergentes, ninguno excluyente de los demás, y varios se aplican directamente al Perú.

Donde las instituciones son débiles, los líderes corruptos pueden funcionar como patrones que distribuyen empleos, contratos y bienes a seguidores leales. Manzetti y Wilson llaman a esto “rendición de cuentas perversa” [14], y bajo esta dinámica los votantes tienden a castigar el robo directo con mucha más dureza que el clientelismo de empleos por votos [15]. Algo similar ocurre con las concesiones por relevancia del tema: los votantes descuentan las acusaciones de corrupción contra candidatos alineados con los temas que más les importan, eligiendo en la práctica “corrupto pero útil” sobre “limpio pero irrelevante” [15, 16].

La percepción de ubicuidad también juega un papel. Cuando la corrupción parece endémica en toda la clase política, los votantes razonan que castigar a una sola figura no cambiará nada [15]. De forma contraintuitiva, la baja confianza institucional puede reforzar este patrón en lugar de romperlo: la desconfianza reduce la obligación sentida de “defender” las instituciones castigando a los actores corruptos dentro de ellas [15].

Los analistas peruanos añaden un conjunto de dinámicas más locales. Las elecciones están cada vez más impulsadas por votar en contra de un bloque temido más que a favor de una propuesta, agravado por la polarización identitaria entre Lima y las provincias, o entre “caviares” y “fachos” [13]. Un sistema de partidos fragmentado frecuentemente deja a los votantes eligiendo entre candidatos comprometidos de distintas maneras, en lugar de una opción genuinamente limpia [13]. Y la normalización social hace su propio trabajo: la tolerancia de pares y comunidad hacia “cómo funcionan las cosas” impone costos reales a quien rompe la norma castigando de verdad la corrupción en las urnas [10].

3. El Perú en Perspectiva Comparada Regional

El Perú no es un caso atípico regional. Ocupa un nivel medio-bajo reconocible.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional puntúa a los países de 0 a 100, donde un número más alto indica menos corrupción percibida: Uruguay 73, Chile 63, Costa Rica 56, Brasil 35, Colombia 37, Argentina 36, Ecuador 33, Panamá 33, Perú 30 (puesto ~132 de 179), Bolivia 28, Guatemala 26, Paraguay 24, Honduras 22, Nicaragua 14, Venezuela 10 [18, 22].

La investigación regional nombra explícitamente a Bolivia, México, Perú y Paraguay como un grupo donde el soborno es “especialmente pronunciado” [20]. El esquema Odebrecht/Lava Jato tocó al menos una docena de países usando un mismo libreto de empresas fachada y fondos ocultos, lo que apunta a un modelo regional compartido de captura político-empresarial, más que a una patología exclusivamente peruana [4, 29, 30].

El sistema de partidos fragmentado del Perú posterior a 1992 refleja colapsos similares en Venezuela (el antiguo sistema de Punto Fijo), Bolivia y Ecuador; juntos conforman un “patrón andino” bastante distintivo de colapso de partidos personalistas. Eso separa al Perú tanto de los casos centroamericanos —Honduras, Guatemala, Nicaragua—, donde se describe que el crimen organizado ha capturado el Estado directamente, como de las cleptocracias autoritarias de Venezuela y Nicaragua. También lo distingue del Cono Sur —Chile, Uruguay, Costa Rica—, cuyo desarrollo más temprano de servicios civiles profesionales y meritocráticos produjo una continuidad institucional comparativamente duradera [20].

4. Caso de Estudio: “Roba Pero Hace Obra” y Alan García

El dicho funciona como una estructura psicológica de permiso: reencuadra la corrupción como un costo de transacción aceptable en lugar de una traición descalificadora, en clara relación con el intercambio “competencia sobre integridad” descrito en la Sección 2.

Contrario a una atribución errónea común, la frase está más estrechamente ligada en el discurso político peruano al exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, a quien se la endilgaron explícitamente en la campaña municipal de 2014 [24, 25].

El propio historial de Alan García complica el dicho más de lo que lo confirma. Su segundo gobierno (2006–2011) entregó la genuinamente utilizada Línea 1 del Metro de Lima, pero su otro proyecto emblemático, la Carretera Interoceánica, se hizo conocida como un “elefante blanco” plagado de sobrecostos, subutilización crónica y daño ambiental, y luego confirmado como vehículo de sobornos de Odebrecht [27, 28]. García mismo fue acusado no de soborno simple sino de colusión y lavado de activos vinculados a Lava Jato, y falleció por suicidio en abril de 2019 ante una inminente detención preliminar [26]. Su primer gobierno, de 1985 a 1990, se recuerda sobre todo por la hiperinflación y el escalamiento del conflicto interno, un periodo que queda completamente al margen de cualquier narrativa de “hace obra”.

5. El Debate de los Megaproyectos de Odebrecht: Capacidad, Competencia y Costo

Aunque algunos afirmasen en su momento que Odebrecht gano licitaciones y ejecutó megaproyectos beneficiosos que otras empresas extranjeras no hubiesen podido hacer. Entre estas ultimas  empresas de EE. UU. o Europa prohibidas de pagar sobornos no pudieron competir en igualdad de condiciones. En ese tema la evidencia respalda una versión más acotada de esa afirmación y contradice su forma fuerte.

Hay algo de cierto, en parte. El banco de desarrollo de Brasil, el BNDES, otorgó financiamiento de exportación subsidiado y a gran escala que los instrumentos de los países de origen de la mayoría de competidores no podían igualar [31]. La investigación empírica también encuentra que las empresas sujetas a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. y a la Ley de Sobornos del Reino Unido pierden contratos y reducen sus exportaciones específicamente hacia mercados de destino más corruptos, lo que sí apunta a una desventaja real, impulsada por el cumplimiento normativo, para las empresas occidentales en mercados tolerantes al soborno [32].

Pero el mecanismo documentado contradice la versión fuerte de la afirmación. El testimonio de colaboración eficaz del propio ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, describe a la empresa pagando aproximadamente $800,000 en sobornos específicamente para asegurar el Gasoducto Sur Peruano como una concesión única y unificada. Eso incluyó la compra de información de precios de un postor rival y el pago de una opinión legal que descalificó formalmente a un consorcio competidor por un tecnicismo accionario [30]. Esa es evidencia directa de manipulación de licitaciones contra un competidor existente, no prueba de un campo competitivo vacío.

Los resultados respaldan esta lectura. El Gasoducto Sur Peruano, el proyecto más explícitamente vinculado a evidencia de soborno, nunca se completó; a partir de 2025, el Perú seguía gastando fondos públicos solo para mantener sus tramos de tubería sin uso y a medio construir [resultados discutidos en resultados de búsqueda; ver la Sección 16 para una nota sobre fuentes confirmatorias no recuperadas]. Compárese eso con la Carretera Interoceánica (construida, pero un “elefante blanco” subutilizado) y la Línea 1 del Metro (construida y genuinamente utilizada, aunque su extensión también se adjudicó por negociación directa en lugar de licitación competitiva abierta), y el historial resulta poco compatible con la idea de que solo Odebrecht podía entregar valor.

6. Ventas de Activos, Propiedad Sucesora y los Límites de la Ley 30737

Cuando Odebrecht se desprendió de activos peruanos, más visiblemente la hidroeléctrica de Chaglla, vendida a un consorcio liderado por China Three Gorges por aproximadamente US$1,200–1,400 millones en 2019, el nuevo propietario se convirtió en un operador legítimo bajo la concesión existente, sin importar cómo se había ganado originalmente el activo [35, 37, 39].

En lugar de intentar anular las concesiones subyacentes, una vía que arriesgaba exposición a arbitraje inversionista-Estado y disrupción de infraestructura operativa, el Perú promulgó la Ley 30737 en 2018. La norma ordena la retención estatal de una parte de las ganancias de venta de empresas implicadas en casos de corrupción, específicamente para que una empresa no pueda salir limpia con ganancias mal habidas [36, 38]. En el caso de Chaglla el Estado retuvo aproximadamente S/1,000 millones, pero una resolución judicial posterior, aplicando términos más favorables del acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht, ordenó devolver a la empresa S/524 millones de esa suma. El desenlace, controvertido, ilustra un mecanismo con alcance real pero limitado [35].

Eso dejo un vacío genuino de rendición de cuentas. La retención de ganancias aborda la salida en efectivo única del vendedor, pero nada dice sobre si los términos subyacentes de la concesión —tarifas, exclusividad, plazos— fueron más favorables de lo que habría producido un proceso genuinamente competitivo. Esa ventaja persiste durante toda la vida de la concesión, sin importar quién sea el propietario actual.

7. El Caso de Keiko Fujimori y la Elección de 2026

Keiko Fujimori fue investigada durante una década en el “Caso Cócteles” por presunto financiamiento ilícito de Odebrecht y otras fuentes para sus campañas de 2011 y 2016, incluida una nota ampliamente reportada de la agenda de Marcelo Odebrecht que decía “subir a Keiko a 500” (entendido como $500,000) [40]. Los fiscales alegaron $17.3 millones en fondos ilícitos y solicitaron penas de hasta 35 años; Fujimori estuvo en prisión preventiva dos veces, en 2018–2019 y brevemente en 2020 [42].

En octubre de 2025, el Tribunal Constitucional del Perú anuló todo el caso por 5 votos a 3, resolviendo que un cargo se había aplicado retroactivamente y que buscar la victoria electoral no cumple por sí sola la definición legal de una organización criminal que persigue un beneficio económico ilícito [42]. Los verificadores de datos se apresuraron a subrayar que se trató de una anulación, no una absolución sobre el fondo, después de que el entorno de Fujimori lo presentara como una reivindicación [43, recuperado parcialmente — ver Sección 16].

Fujimori pasó a ganar la elección de 2026, su cuarto intento, convirtiéndose en la primera presidenta electa del Perú; asumió el cargo el 28 de julio de 2026 [39, 41]. El momento del fallo —un caso archivado meses antes de la votación que ganó, tras una década de extenso litigio público— convierte a este caso en una prueba directa y de alto perfil de las dinámicas de tolerancia electoral discutidas en la Sección 2.

8. Financiamiento de Campañas por Economías Ilícitas

Más allá del soborno empresarial al estilo Odebrecht, el ciclo electoral 2026 del Perú sacó a la luz una amplia cobertura sobre el financiamiento de campañas por minería ilegal, narcotráfico y tráfico de tierras. Solo la economía de minería ilegal del Perú se estima en más de $4,600 millones anuales, una cifra que un análisis describió como teóricamente suficiente para financiar miles de campañas en todos los niveles [45]. Se reporta que un bloque congresal multipartidario —que abarca Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular y otros— ha retrasado y suavizado repetidamente los plazos del REINFO, el registro de formalización minera informal que los operadores ilegales explotan como cobertura legal [45].

El universo de candidatos refleja las mismas presiones. Más de 250 candidatos al Congreso en la elección de 2026 tenían condenas penales previas por corrupción, violencia y otros delitos [47], e InsightCrime ha rastreado específicamente a los “narcocandidatos”, personas con vínculos de narcotráfico que compiten con consecuencias limitadas [46]. Detrás de todo esto hay una ausencia casi total de capacidad de auditoría del financiamiento de campañas: los organismos electorales del Perú, ONPE y JNE, simplemente carecen de mecanismos efectivos para rastrear el origen de las contribuciones a través de intermediarios [45].

9. Libertad de Prensa y la Cuestión de la Supresión de Información

Esta investigación no encontró evidencia de un borrado sistemático de información en internet relacionada con la corrupción pero sí está documentada, en cambio, una presión real y específica sobre el periodismo de corrupción. Una propuesta de “Ley Mordaza” elevaría las penas por difamación hasta cinco años de prisión y reduciría las ventanas de rectificación de siete días a 24 horas; los editores han afirmado sin rodeos que su intención es contrarrestar la cobertura sobre nepotismo, contratos irregulares y conflictos de interés [51]. Los monitores de libertad de prensa documentaron a más de 20 periodistas agredidos u hostigados solo en septiembre de 2025, e IDL-Reporteros ha escrito sobre una campaña sostenida para deslegitimar a quienes exponen la corrupción política y judicial [50, 52]. El Perú también cuenta con un mecanismo legal de “derecho al olvido” —Google fue sancionado en 2016 por negarse a una solicitud de eliminación de resultados—, aunque la autoridad de protección de datos del país ha declarado hasta ahora inadmisibles solicitudes similares contra periodistas y medios, lo que sugiere cierta resistencia institucional, al menos hasta la fecha, a usar el mecanismo contra el periodismo de investigación [48, 49].

10. Desinformación Digital: Redes de Bots, Cerimedo y la Consultoría Transnacional de Derecha

Una red de trolls y bots extensamente documentada respaldó la campaña de Keiko Fujimori en 2026. Cinco empresas extranjeras de marketing digital —Karamba Comunicación Digital (Ecuador), IMS Internet Media Services (multinacional), Blue Wing Creative (con sede en EE. UU.), Solu Software y una red de redactores venezolanos— gastaron aproximadamente 615,000 soles en publicidad en Meta. Entre todas generaron 45,654 “artículos” de noticias fabricadas en portales falsos, operaron al menos 16 cuentas sociales coordinadas que se hacían pasar por ciudadanos de base, desplegaron avatares generados por IA —incluidas suplantaciones de presentadores de CNN— y promovieron específicamente mensajes de voto viciado en la región izquierdista de Puno [53].

Por separado, el operador político argentino Fernando Cerimedo, asociado a las campañas de Bolsonaro, Milei, Kast y Asfura en Honduras, está acusado de dirigir una operación de bots y trolls y de comprar el dominio detrás de “Ojo de Cóndor,” un conteo paralelo falso diseñado para socavar la confianza en los resultados oficiales del Perú en torno al ajustado triunfo de Fujimori [57, 58]. Hay investigaciones congresales en curso sobre su financiamiento tanto en el Perú, impulsada por Juntos por el Perú, como en Chile, esta última buscando explícitamente rastrear, en sus propias palabras, “la ruta del dinero… si hubo financiamiento chileno o extranjero” [58, 59].

Los vínculos con MAGA aquí son de personal y de tácticas, no financieros probados. Se reporta que The Economist llamó a Cerimedo “el hombre del MAGA en América Latina”. Brad Parscale, jefe de campaña de Trump en 2020, es descrito como su socio; a Dick Morris se le atribuye haber gestionado el contacto de Trump con él; y Eduardo Bolsonaro le entregó un premio en Mar-a-Lago en febrero de 2026 [61, 62, 63]. Una investigación que rastreó más de 5,000 publicaciones de Facebook en 25 países encontró marcos políticos recurrentes y adaptados —denuncias de fraude electoral, mensajes de “antipolítica”, una marca de “líder plebiscitario”— consistentes con una exportación de tácticas políticas estadounidenses al estilo de una franquicia [62]. Ninguna fuente recuperada en esta investigación confirmó transferencias financieras directas de una entidad afín al MAGA hacia la operación peruana específicamente; esa pregunta sigue bajo investigación activa.

La respuesta regulatoria del Perú incluye, por ahora, el monitoreo asistido por IA del JNE, que señaló más de 700 alertas de desinformación durante la campaña, y una regulación de IA de septiembre de 2025 (Decreto 115-2025-PCM) que prohíbe el uso engañoso o manipulador de la IA, aunque se reporta que la capacidad de fiscalización está poco desarrollada [54, 55].

Vale la pena señalar directamente un vacío de cobertura. Una revisión de El Comercio y RPP encontró que la cobertura doméstica de Cerimedo se enmarcó casi enteramente como una historia de crimen extranjero —su arresto en Bolivia, su traslado a un penal de máxima seguridad, la investigación de Chile sobre sus vínculos con Kast—, con prácticamente ninguna cobertura que lo conectara con la campaña doméstica de Fujimori, un ángulo llevado en cambio por medios chilenos e internacionales o alternativos. Este vacío es sugerente de las dinámicas estructurales discutidas en la Sección 11. No es, sobre la base de los dos medios revisados, prueba de una supresión coordinada en el “99% de los medios,” una afirmación que esta investigación no puede verificar.

11. Concentración de la Propiedad Mediática en el Perú

El Media Ownership Monitor del Perú (MOM Perú), dirigido conjuntamente por Reporteros Sin Fronteras y Ojo Público, pone números a algo que muchos peruanos ya intuyen. Grupo El Comercio controla aproximadamente el 80% de la circulación de diarios, el 70% de los ingresos publicitarios nacionales, el 78% de los lectores de diarios, el 68% de la audiencia de noticias en línea y el 60% de los ingresos combinados de los ocho grupos mediáticos más grandes del Perú [69, 70]. Los tres grupos más grandes —El Comercio, ATV y Latina— controlan juntos más del 80% del volumen total del mercado, con un análisis que sitúa la cifra en 84% [71]. MOM Perú califica esto como un “riesgo alto de concentración” para la libertad de información [69, 70]. La conclusión sustantiva —concentración severa y de alto riesgo— está, de todos modos, bien respaldada sin importar cuál cifra exacta se use.

El patrón editorial histórico viene de lejos: El Comercio se opuso al partido APRA durante la mayor parte del siglo XX, mostró un favoritismo documentado hacia el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90, y dio una cobertura impresa medible más favorable a Keiko Fujimori que a Pedro Castillo en la elección de 2021 [72].

La evidencia actual y cuantificada de 2026 es considerablemente más sólida que ese patrón histórico por sí solo. Una investigación de El Foco publicada en julio de 2026 revisó 1,045 piezas de contenido de seis medios durante la ventana de la campaña de segunda vuelta, del 17 de mayo al 7 de junio de 2026. Encontró que El Comercio publicó aproximadamente 270 artículos como parte de un patrón coordinado: columnas de opinión, editoriales y reportajes que comenzaron a atacar a Roberto Sánchez el 17 de mayo y lo vincularon con Antauro Humala en 14 historias separadas, mientras trataba a Fujimori de manera comparativamente favorable. El mismo patrón se documentó en Perú21, Trome y Correo, todas propiedades del Grupo El Comercio, y en Canal N y América TV, que según el estudio recibieron predominantemente invitados favorables a Fujimori y críticos con Sánchez [83]. La misma investigación señala que El Comercio sigue bajo la propiedad de la familia Miró Quesada, uno de cuyos miembros, Isabel Miró Quesada, escribía columnas de opinión en El Comercio durante el periodo de campaña criticando a la izquierda y enmarcando a figuras de la oposición en torno a vínculos con la minería ilegal, sin llegar nunca a un respaldo explícito a Fujimori [83, 84].

Sobre la pregunta específica de un vínculo de propiedad directo con la familia Fujimori, esta investigación no encontró evidencia clara de un vínculo personal o financiero. Los hallazgos de 2026 arriba descritos tratan de  salida editorial coordinada, no sobre una relación de propiedad comprobada. El caso históricamente mejor documentado de captura directa de medios por un gobierno fujimorista sigue siendo el escándalo de los “vladivideos”, en el que el jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos sobornó a los propietarios del Canal 4 (América TV) y el Canal 5 (Panamericana) —no a El Comercio— a cambio de cobertura favorable en los años 90 [75]. Notablemente, América TV también aparece en la lista de medios favorables a Fujimori del estudio de 2026, lo que sugiere cierta continuidad en la alineación de ese canal a lo largo de tres décadas y bajo propietarios distintos. En 2011, por el contrario, el propio director de El Comercio, Francisco Miró Quesada, había firmado públicamente un manifiesto opuesto a la candidatura de Keiko Fujimori [74], lo cual es evidencia de que la posición editorial de la familia no es fija y ha cambiado entre ciclos electorales. A partir de mayo de 2026, hubo reportes que indicaban un posible cambio de propietarios, hacia Francisco Picasso y Hernán Garrido-Lecca, sin conexión reportada con Fujimori [76]. En conjunto, la caracterización mejor respaldada es un patrón demostrado y actual de cobertura coordinada favorable en los medios propiedad de Miró Quesada y otros canales importantes, uno que se explica de forma más plausible por una alineación institucional y comercial con el carril político favorable al mercado que ocupa el fujimorismo, que por cualquier vínculo personal documentado con la familia.

12. Síntesis: El Círculo de Retroalimentación entre el Poder Político y las Economías Ilícitas

Leídas en conjunto, las secciones anteriores describen un único circuito autosostenido en el que los actores económicos ilícitos y el poder político no simplemente coexisten, sino que fabrican activamente las condiciones para la supervivencia mutua. Si solo se leyesen  individualmente, las secciones anteriores parecerian historias separadas: un esquema de sobornos de un conglomerado de construcción, un caso de financiamiento de campaña anulado de una presidenta, un sector minero informal, una red extranjera de trolls, una prensa concentrada. La relación funciona en ambas direcciones, razón por la cual persiste a través de los ciclos electorales incluso cuando cambian los actores específicos.

Los actores ilícitos necesitan, primero que nada, protección política para operar a escala. Odebrecht necesitaba que las reglas de contratación se doblegaran a su favor para ganar el Gasoducto Sur Peruano y otros contratos (Sección 5). Las operaciones de minería ilegal necesitan que los plazos de formalización del REINFO permanezcan perpetuamente abiertos en lugar de aplicarse (Sección 8). Las redes de narcotráfico y tráfico de tierras necesitan fiscales que no procesen y registros de tierras que no registren. Ninguno de estos actores puede generar ingresos a escala sin un Estado que coopere activamente o mire hacia otro lado.

Para asegurar esa protección, los actores ilícitos financian la adquisición y retención del poder político. Las formas de ese financiamiento han evolucionado sin desaparecer: soborno corporativo y contratos de obra pública inflados en la era Odebrecht (Sección 5); una economía de minería ilegal hoy estimada en $4,600 millones anuales, capaz en teoría de financiar miles de campañas (Sección 8); y, en su iteración más reciente, la compra de sofisticada infraestructura de desinformación y bots (Sección 10). Este último elemento funciona como un servicio de campaña igual que un soborno minero o una coima de construcción: simplemente se paga a consultores políticos en lugar de a funcionarios, y su financiamiento (la red de Cerimedo) es tan opaco como cualquier caja de sobornos.

Los políticos que reciben este apoyo tienen entonces un incentivo estructural para afianzar las condiciones que lo mantienen fluyendo, no solo en beneficio de quien financia sino en el suyo propio. Esta es la mitad “viceversa” de la relación. Los funcionarios electos que enfrentan el sistema de partidos fragmentado y subfinanciado del Perú (Sección 1) tienen pocas alternativas honestas de financiamiento, lo que los hace dependientes de los financistas descritos arriba, lo que a su vez les da un interés personal en mantener débil la fiscalización. Esto se manifiesta concretamente en un bloque congresal multipartidario que suaviza repetidamente los plazos del REINFO (Sección 8); en un Congreso que históricamente ha diluido las reglas de financiamiento de campañas y los filtros de antecedentes de corrupción para candidatos (Secciones 1, 8); en propuestas como la “Ley Mordaza”, que elevarían el riesgo legal de informar precisamente sobre esta dinámica (Sección 9); y en un debate de reforma de nombramientos judiciales donde el mismo organismo destinado a aislar a los jueces de la presión política está siendo rediseñado por la clase política a la que debería fiscalizar (Secciones 1, 13).

El entorno informativo determina, a su vez, si el público llega a percibir el círculo con suficiente claridad como para romperlo en las urnas. Un mercado mediático donde un puñado de propietarios alineados comercial e históricamente controla entre el 70% y el 84% de la circulación, la publicidad y la audiencia (Sección 11) tiende a fiscalizar menos a los candidatos que ocupan su propio carril político, no necesariamente por instrucción explícita sino por el peso acumulado de un siglo de alineación institucional. Donde la concentración por sí sola no basta para manejar una narrativa, la infraestructura de desinformación comprada llena el vacío: fabrica la apariencia de apoyo de base, desacredita a candidatos rivales y periodistas críticos, y, en el caso “Ojo de Cóndor,” presuntamente siembra dudas sobre la legitimidad del conteo mismo (Sección 10). Ambos mecanismos tienen el mismo efecto neto: reducen la probabilidad de que los votantes castiguen el arreglo descrito en las tres primeras etapas antes de que se reconstituya en torno a la siguiente elección.

Finalmente, el círculo se cierra, y a menudo sobrevive a su propia exposición. Cuando una pieza del mecanismo se hace pública —un acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht, una persecución del Caso Cócteles—, la respuesta del Estado ha tendido a resolver la exposición financiera inmediata (la retención de ganancias de la Ley 30737, el pago de reparación civil de una empresa) sin reestructurar los incentivos subyacentes que la produjeron (Sección 6). En el caso Fujimori, el propio proceso de rendición de cuentas fue absorbido de vuelta al círculo: una persecución penal de una década terminó no en condena ni en absolución limpia, sino en una anulación procesal entregada meses antes de que la acusada ganara la presidencia (Sección 7), de modo que el mecanismo que debía romper el ciclo se convirtió en una etapa más de él. Los actores ilícitos específicos cambian de una era a otra —un conglomerado de construcción brasileño da paso a redes mineras informales y consultorías políticas transnacionales—, pero la relación estructural en la que se insertan sigue siendo la misma, porque nada en la tercera y la cuarta etapa se ha desmantelado realmente.

Esto importa para la reforma (Secciones 13–14) porque cualquier intervención aislada dirigida a una sola etapa del círculo probablemente será eludida más que resuelta. Perseguir penalmente a una empresa corrupta sin también arreglar el financiamiento partidario deja abierto el camino para el próximo financista. Retener las ganancias de venta de una empresa sin renegociar los términos de la concesión que ganó de forma corrupta (Sección 6) deja intacta la ventaja incrustada sin importar quién sea el dueño del activo. Aprobar una cláusula antimonopolio sin un organismo fiscalizador aislado del gobierno de turno (Sección 14) deja intacta la cuarta etapa. Lo que documenta este informe sugiere que el círculo sobrevive precisamente porque las reformas han tendido a apuntar a su nodo más visible —el escándalo que esté de moda— en lugar de a la dependencia estructural entre partidos débiles, financiamiento no fiscalizado, información concentrada o manipulada, y las economías ilícitas que financian a las tres.

13. Consideraciones de Política Pública: Financiamiento Ilícito de Campañas y Desinformación Digital

La síntesis de la Sección 12 señala dos aspectos cruciales del círculo que ni la reforma anticorrupción ordinaria ni la reforma que introduzca pluralismo mediático abordan del todo por sí solas: el canal de financiamiento que va de la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras hacia las campañas (Sección 8), y el canal más nuevo que pasa por la infraestructura de desinformación comprada (Sección 10). Los siguientes enfoques responden a esto de forma específica.

1.  Dar a las autoridades electorales capacidad forense real. La ONPE y el JNE carecen actualmente de las herramientas de investigación para rastrear contribuciones a través de intermediarios y donantes fachada. Encargar a la unidad de inteligencia financiera existente del Perú (UIF), que ya tamiza el lavado de activos, un tamizaje paralelo de financiamiento de campañas pondría a trabajar una infraestructura que ya existe en lugar de construir una nueva agencia desde cero.

2.  Aislar los plazos de formalización del REINFO de los legisladores que se benefician de retrasarlos. Encargar esa función a un organismo técnico independiente, en lugar de al propio Congreso, eliminaría el conflicto de interés directo documentado en la Sección 8.

3.  Exigir transparencia de beneficiarios finales para las concesiones mineras y las empresas fachada que suelen usarse para lavar ganancias de economías ilícitas hacia el financiamiento político, cerrando el vacío de “financiamiento desconocido” discutido en las Secciones 8 y 10.

4.  Extender las herramientas de decomiso de activos al financiamiento político ilícito específicamente, siguiendo los modelos de decomiso civil ya usados contra las ganancias del narcotráfico, combinados con protección e incentivos para informantes dentro de consultoras o empresas fachada.

5.  Financiar la fiscalización de la regulación de manipulación por IA del Perú de 2025, no solo su texto. Se necesita una unidad técnicamente capaz y con personal suficiente para que el Decreto 115-2025-PCM (Sección 10) sea más que una prohibición de papel.

6.  Exigir transparencia a nivel de plataforma, es decir, divulgación auditable y legalmente obligatoria del gasto publicitario político y de cuentas coordinadas, en lugar de herramientas voluntarias de las plataformas, con protocolos de etiquetado de respuesta rápida coordinados con las autoridades electorales durante los periodos activos de campaña.

7.  Perseguir la cooperación transfronteriza, siguiendo el modelo del marco multinacional de colaboración eficaz que desarticuló la red Odebrecht (Sección 5). Dado que operaciones como la de Cerimedo son explícitamente transnacionales —Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Honduras (Sección 10)—, un mecanismo regional de intercambio de información e investigación conjunta, plausiblemente a través de la OEA o un organismo regional andino, se ajustaría mucho mejor a la escala del problema que investigaciones nacionales paralelas y no coordinadas.

8.  Extender apoyo de defensa legal a los medios de investigación que actualmente realizan este rastreo, entre ellos IDL-Reporteros, Ojo Público y Convoca, para que el riesgo de la “Ley Mordaza” descrito en la Sección 9 no enfríe la cobertura de la que dependerían estas reformas para funcionar.

14. Consideraciones de Política Pública I: Reforma Anticorrupción

Con base en la investigación de la OCDE, estudios comparados latinoamericanos y reportajes específicos del Perú:

1.  Cerrar la brecha de rendición de cuentas asimétrica, persiguiendo la responsabilidad corporativa —inhabilitación, multas, plazos de prescripción extendidos— contra quienes pagan sobornos con la misma agresividad que contra quienes los reciben [4].

2.  Aislar a jueces y fiscales de la interferencia política. El Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE envió una misión de alto nivel a Lima en enero de 2025 exactamente por esta razón, y cualquier reforma de los organismos de nombramiento judicial, como las propuestas para reemplazar la JNJ, amerita un escrutinio cuidadoso sobre quién gana discrecionalidad, dado el historial del Congreso de debilitar su propia fiscalización [9].

3.  Profesionalizar la contratación del servicio civil a nivel subnacional para reducir el clientelismo como moneda política.

4.  Emparejar la descentralización con capacidad de fiscalización, ampliando el personal de auditoría regional (Contraloría) y exigiendo tableros públicos de contrataciones en tiempo real.

5.  Reformar el financiamiento político con divulgación que realmente se fiscalice (las reglas de financiamiento de la ONPE de 2025 son un paso parcial en esa dirección).

6.  Fortalecer a los partidos como instituciones duraderas, condicionando su inscripción a la democracia interna y la transparencia financiera.

7.  Proteger a la prensa independiente y de investigación, dado su papel histórico en exponer casi todos los grandes casos de corrupción peruanos.

8.  Reconocer un patrón recurrente de fracaso en los esfuerzos de reforma peruanos: las ventanas se abren tras el escándalo y la indignación pública, y se cierran una vez que la clase política implicada controla la implementación. Las soluciones que de verdad perduran suelen ser las menos dependientes de la buena voluntad continua de quienes están en el poder: divulgación automática, organismos independientes con mandatos fijos, monitoreo externo [Baker Institute; Americas Quarterly, citados en turnos previos].

15. Consideraciones de Política Pública II: Reforma deMonopolio para un Pluralismo Mediático

1.  Dar dientes reales de fiscalización a la cláusula constitucional antimonopolio del Perú (Artículo 61), mediante una autoridad de competencia con poder para revisar y bloquear fusiones mediáticas antes de que se cierren, en lugar de determinar el estatus de monopolio años después, como ocurrió con la fusión El Comercio–Epensa de 2013 [77, 78].

2.  Exigir divulgación pública y permanente de la propiedad, convirtiendo registros construidos por ONG como MOM Perú en un requisito legal en lugar de uno voluntario.

3.  Reformar el otorgamiento de licencias de espectro y radiodifusión para reservar cuotas significativas a radiodifusoras regionales, comunitarias, indígenas y sin fines de lucro.

4.  Garantizar independencia editorial genuina para el radiodifusor estatal (IRTP), aislado de cualquier gobierno de turno, tal como propone el Consejo de la Prensa Peruana [80].

5.  Financiar de forma sostenible a los medios digitales e de investigación independientes, ya que las salas de redacción nativas de internet —Ojo Público, IDL-Reporteros, Convoca— hoy sostienen gran parte de la diversidad informativa del Perú.

6.  Prevenir la captura del propio remedio. La historia del Perú incluye propuestas de ley de medios en competencia —la reforma constitucional de Castillo de 2022, y la “ley de medios” más cuestionada de Perú Libre— donde defensores de la libertad de prensa advirtieron que las herramientas antiiconcentración podrían convertirse, con la misma facilidad, en instrumentos de control de contenidos en manos de quien gobierne. Los organismos fiscalizadores deben estar tan aislados de los funcionarios de turno como de los propietarios que regulan [79]. Esta es la misma debilidad estructural identificada en la Sección 12: un fiscalizador no rendidor de cuentas simplemente traslada el círculo en lugar de romperlo.

Por qué estos tres conjuntos de reformas deben avanzar juntos

Las Secciones 13 a 15 se presentan por separado para mayor claridad, pero la síntesis de la Sección 12 implica que no pueden tener éxito de forma aislada. El Perú ha intentado, en distintos momentos, versiones de cada una por separado. Perseguir penalmente a una red de corrupción sin reformar el financiamiento partidario, como en el caso Odebrecht/Lava Jato (Sección 5), simplemente dejó abierto el rol de financista para que lo ocuparan después la minería ilegal y las consultorías políticas transnacionales (Secciones 8, 10). Retener una parte de las ganancias de venta de Chaglla sin renegociar los términos de la concesión dejó intacta la ventaja subyacente para su nuevo propietario (Sección 6). Y proponer un lenguaje antimonopolio sin un fiscalizador aislado lo dejó inactivo durante treinta años, hasta que llegó una sentencia judicial demasiado tarde para prevenir la estructura de mercado que condenaba (Sección 11). El patrón es el mismo en los tres casos: una reforma que cierra una etapa del círculo de la Sección 12 sin tocar las demás tiende a ver el círculo reformarse en torno a lo que dejó intacto, con nuevos actores ocupando los viejos roles. Esto sugiere tratar una estrecha ventana de reforma pos-escándalo como una oportunidad para avanzar juntos en el rastreo de financiamiento ilícito, el aislamiento de organismos judiciales y electorales, y la transparencia mediática y de desinformación, en lugar de hacerlo uno a la vez: secuenciarlos solo da tiempo a los intereses políticos y económicos amenazados por la primera reforma para organizarse contra la siguiente antes de que llegue.

16. Nota sobre Acceso a Fuentes y Limitaciones

Este informe se elaboró mediante la recuperación en vivo de páginas web de acceso público. Donde una afirmación depende de una de estas fuentes, se ha verificado de forma cruzada contra al menos otra fuente recuperada de manera independiente cuando fue posible. Donde eso no fue posible, el propio texto lo señala; por ejemplo, en la nota de la Sección 5 sobre el estado de finalización del Gasoducto Sur Peruano, y en la caracterización del fallo del TC en la Sección 7.

Vale la pena ser explícito también sobre una limitación más amplia: la mayoría de los reportajes subyacentes son de naturaleza periodística y no una determinación judicial en todos los casos. Las acusaciones, los testimonios y las imputaciones formales se distinguen de las condenas a lo largo de este documento, y los lectores deben tratar los asuntos disputados o aún bajo investigación —la ruta del financiamiento de Cerimedo, la pregunta del “financiamiento MAGA”— como preguntas abiertas, no como conclusiones establecidas.

17. Referencias

Numeradas como se citan arriba. Nombre completo del medio, título del artículo y URL. El estado de acceso se indica solo cuando no fue completo/directo (ver la Sección 16 para más detalle). Los títulos de los artículos se conservan en su idioma original de publicación.

1.  ScienceDirect — “Corruption, institutional trust and political engagement in Peru” — https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X21003582

2.  Foreign Policy — “The Real Reason Behind Peru’s Political Crisis Is Corruption” — https://foreignpolicy.com/2023/01/25/peru-protests-political-crisis-castillo-boluarte-corruption/

3.  GIGA — “Corruption and Organised Crime Keep Peru in Crisis” — https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus/president-problems-corruption-organised-crime-peru-crisis [inaccesible — ver Sección 16-B]

4.  Peru Reports — “Agents of corruption: the real culprits of Peru’s endless graft” — https://www.perureports.com/agents-of-corruption-the-real-culprits-of-perus-endless-graft/10077/

5.  InsightCrime — “How Peru’s Chronic Political Instability Enables Organized Crime” — https://insightcrime.org/news/peru-political-instability-enables-organized-crime/

6.  Atlantic Council — “Peru at a breaking point: How ten years of political chaos opened the door to organized crime” — https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/peru-at-a-breaking-point-how-ten-years-of-political-chaos-opened-the-door-to-organized-crime/

7.  Human Rights Watch — “World Report 2026: Peru” — https://www.hrw.org/world-report/2026/country-chapters/peru

8.  GAN Integrity — “Peru country risk report” — https://www.ganintegrity.com/country-profiles/peru/

9.  OCDE — “Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026 – Peru” — https://www.oecd.org/en/publications/2026/03/anti-corruption-and-integrity-outlook-2026-country-notes_b1df9263/peru_9c9ed410.html [parcialmente inaccesible — ver Sección 16-A]; comunicado de prensa de la OCDE — “Peru must enhance protection for prosecutors and judges…” — https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2025/01/peru-must-enhance-protection-for-prosecutors-and-judges-against-potential-political-interference-says-oecd-working-group-on-bribery-following-high-level-mission-in-lima.html

10.  Wikipedia (ES) — “Corrupción en el Perú” — https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_el_Per%C3%BA

11.  Congreso del Perú — “Denuncian corrupción en 313 obras de 18 gobiernos regionales” — https://comunicaciones.congreso.gob.pe/damos-cuenta/denuncian-corrupcion-en-313-obras-de-18-gobiernos-regionales/

12.  Nueva Sociedad — “Corrupción, electores y política” — https://www.nuso.org/articulo/corrupcion-electores-y-politica/ [inaccesible — ver Sección 16-C]

13.  PUCP — “Elecciones 2026: ¿qué elegimos cuando ya no creemos en nadie?” — https://puntoedu.pucp.edu.pe/actualidad/elecciones-generales-2026-que-elegimos-cuando-ya-no-creemos-en-nadie/

14.  Manzetti, L. & Wilson, C.J. — “Why Do Corrupt Governments Maintain Public Support?” Comparative Political Studies — https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0010414005285759

15.  Academia.edu — “Voting for Corruption: When Do Voters Support Corrupt Politicians?” — https://www.academia.edu/93434085/Voting_for_Corruption_When_Do_Voters_Support_Corrupt_Politicians

16.  Journal of Politics — “Why Do Voters Support Corrupt Politicians? Experimental Evidence from South Africa” — https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/710146

17.  UNU-WIDER — “Does political clientelism lead to higher corruption and a weaker rule of law?” — https://www.wider.unu.edu/publication/does-political-clientelism-lead-higher-corruption-and-weaker-rule-law

18.  Transparencia Internacional — “Corruption Perceptions Index 2025” — https://www.transparency.org/en/cpi/2025

19.  Transparencia Internacional — “CPI 2025: Corruption across the Americas…” — https://www.transparency.org/en/press/corruption-perceptions-index-2025-corruption-across-americas-damaging-peoples-lives-is-fuelling-violence

20.  Baker Institute — “The State of Corruption in Latin America” — https://www.bakerinstitute.org/research/state-corruption-latin-america

21.  DLA Piper — “2025 Corruption Perceptions Index: Key points for Latin American operations” — https://www.dlapiper.com/en-au/insights/publications/2026/02/2025-corruption-perceptions-index-latin-america

22.  TheGlobalEconomy.com — “Corruption perceptions by country” — https://www.theglobaleconomy.com/rankings/transparency_corruption/

23.  ResearchGate — “Corruption, organized crime and regional governments in Peru” — https://www.researchgate.net/publication/333092643_Corruption_organized_crime_and_regional_governments_in_Peru

24.  El Comercio — “Castañeda no se siente aludido por frase ‘roba pero hace obra’” — https://elcomercio.pe/politica/elecciones/castaneda-siente-aludido-frase-roba-obra-380798-noticia/

25.  Wayka.pe — “El ‘roba pero hace obra’ se ha agotado” — https://wayka.pe/el-roba-pero-hace-obra-se-ha-agotado/ [inaccesible — ver Sección 16-F]

26.  Ojo Público — “El suicidio de Alan García: Fiscalía del Caso Lava Jato lo acusó de colusión y lavado de dinero” — https://ojo-publico.com/1161/fiscalia-del-caso-lava-jato-imputo-colusion-y-lavado-de-dinero-expresidente-garcia

27.  Panamericana — “Aldo Mariátegui: ‘La Carretera Interoceánica es un elefante blanco’” — https://panamericana.pe/24horas/politica/221642-aldo-mariategui-carretera-interoceanica-elefante-blanco

28.  Rosa María Palacios — “Los críticos de la carretera Interoceánica Sur” — https://rosamariapalacios.pe/2017/03/08/los-criticos-de-la-carretera-interoceanica-sur/

29.  Bloomberg — “No One Has Ever Made a Corruption Machine Like This One” — https://www.bloomberg.com/news/features/2017-06-08/no-one-has-ever-made-a-corruption-machine-like-this-one

30.  Gestión — “Odebrecht confesó pagos para lograr que Gasoducto sea adjudicado en un solo tramo” — https://gestion.pe/peru/politica/odebrecht-confeso-pagos-para-lograr-que-gasoducto-sea-adjudicado-en-un-solo-tramo-noticia/

31.  Boston University Global Development Policy Center — “Financing Infrastructure Projects in the Southern Amazon” — https://www.bu.edu/gdp/files/2018/10/GEGI_GDP-Peru-WP.pdf

32.  ResearchGate — “The impact of the Foreign Corrupt Practices Act on US exports” — https://www.researchgate.net/publication/229565845_The_impact_of_the_Foreign_Corrupt_Practices_Act_on_US_exports

33.  TVPerú — “Estas son las principales licitaciones y contratos de Odebrecht en Perú” — https://www.tvperu.gob.pe/noticias/politica/estas-son-las-principales-licitaciones-y-contratos-de-odebrecht-en-peru [inaccesible — ver Sección 16-E]

34.  El Comercio — “¿Pueden ser anuladas las concesiones de Odebrecht?” — http://elcomercio.pe/economia/peru/corrupcion-anuladas-concesiones-odebrecht-231076 [inaccesible — ver Sección 16-D]

35.  El Comercio — “El ABC de Chaglla: ¿qué implica la devolución de los S/524 millones a Odebrecht?” — https://elcomercio.pe/politica/el-abc-de-chaglla-que-implica-la-devolucion-de-los-s524-millones-a-odebrecht-noticia/

36.  IUS360 — “¿Cómo pretende la Ley 30737 asegurar el pago inmediato de la reparación civil…?” — https://ius360.com/como-pretende-la-ley-30737-asegurar-el-pago-inmediato-de-la-reparacion-civil-favor-del-estado-en-el-caso-lava-jato/

37.  Infobae — “Chaglla, la punta de lanza para el control chino sobre la energía en el Perú” — https://www.infobae.com/peru/2025/05/03/chaglla-la-punta-de-lanza-para-el-control-chino-sobre-la-energia-en-el-peru/

38.  Gestión — “Odebrecht: ¿Cuánto es el monto final que pagará la constructora como reparación civil?” — https://gestion.pe/peru/politica/odebrecht-monto-final-pagara-constructora-reparacion-civil-270662-noticia/

39.  Infobae — “¿Quién es Keiko Fujimori? La primera presidenta electa del Perú…” — https://www.infobae.com/peru/2026/07/07/quien-es-keiko-fujimori-la-primera-presidenta-electa-del-peru-trayectoria-y-controversias-que-marcan-su-llegada-al-poder/; Infobae — “Keiko Fujimori es la nueva presidenta del Perú…” — https://www.infobae.com/peru/2026/06/29/keiko-fujimori-es-la-nueva-presidenta-del-peru-en-su-cuarto-intento-la-heredera-del-fujimorismo-llega-por-fin-a-palacio-de-gobierno/

40.  Reportajes de IDL-Reporteros sobre las entradas de agenda de Odebrecht, según referenciado en la cronología de Infobae (fuente 42)

41.  NPR — “Keiko Fujimori is inaugurated as Peru’s president following a narrow election victory” — https://www.npr.org/2026/07/28/nx-s1-5910830/peru-president-keiko-fujimori-inaugurated

42.  Infobae — “Cronología del caso Cócteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular” — https://www.infobae.com/peru/2025/10/20/cronologia-del-caso-cocteles-contra-keiko-fujimori-y-fuerza-popular-y-todo-lo-que-paso/; Infobae — “Tribunal Constitucional anula el Caso Cócteles…” — https://www.infobae.com/peru/2025/10/20/tribunal-constitucional-anula-el-caso-cocteles-contra-keiko-fujimori-y-fuerza-popular/

43.  Ojo Público — “Es falsa la versión de Keiko Fujimori acerca de que el TC la absolvió del caso Cócteles” — https://ojo-publico.com/5982/es-falso-que-el-tc-absolvio-keiko-fujimori-del-caso-cocteles [parcialmente inaccesible — ver Sección 16-K]

44.  Infobae — “TC anula caso Cócteles: Congresistas y políticos reaccionan…” — https://www.infobae.com/peru/2025/10/20/tc-anula-caso-cocteles-congresistas-y-politicos-reaccionan-a-sentencia-que-libera-de-todo-delito-a-keiko-fujimori/ [inaccesible — ver Sección 16-M]

45.  Buena Pepa — “Elecciones 2026 en riesgo: así busca infiltrarse la minería ilegal en partidos y financiar campañas políticas” — https://buenapepa.pe/mineria-ilegal-financiaria-57-mil-campanas-politicas/

46.  InsightCrime — “‘Narcocandidatos’ de Perú en la mira por gobernador que hizo ostentosa campaña” — https://insightcrime.org/es/noticias/noticias-del-dia/narcocandidatos-de-peru-en-la-mira-por-gobernante-dilapidador/

47.  Infobae — “Elecciones 2026: Más de 250 candidatos con antecedentes penales buscan una curul en el Congreso” — https://www.infobae.com/peru/2026/01/14/elecciones-2026-mas-de-250-candidatos-con-antecedentes-penales-buscan-una-curul-en-el-congreso/

48.  Hiperderecho — “Derecho al olvido” — https://hiperderecho.org/2020/03/derecho-al-olvido/

49.  Gestión — “Google es sancionado en Perú por desconocer el Derecho al Olvido” — https://gestion.pe/tendencias/google-sancionado-peru-desconocer-derecho-olvido-124850-noticia/

50.  IDL-Reporteros — “Dentro de la campaña peruana para deslegitimar a periodistas que exponen corrupción política y judicial” — https://www.idl-reporteros.pe/dentro-de-la-campana-peruana-para-deslegitimar-a-periodistas-que-exponen-corrupcion-politica-y-judicial/

51.  IDL-Reporteros — “Editores y periodistas denuncian proyecto de ley que amenaza al periodismo de investigación en Perú” — https://www.idl-reporteros.pe/editores-y-periodistas-denuncian-proyecto-de-ley-que-amenaza-al-periodismo-de-investigacion-en-peru/

52.  Infobae — “Libertad de prensa bajo asedio en Perú: Más de 20 periodistas agredidos y hostigados solo en septiembre” — https://www.infobae.com/peru/2025/10/07/libertad-de-prensa-bajo-asedio-en-peru-mas-de-20-periodistas-agredidos-y-hostigados-solo-en-septiembre-advierte-cpp/

53.  El Foco — “La red internacional de trolls que hizo campaña por Keiko Fujimori” — https://elfoco.pe/2026/06/especiales/la-red-internacional-de-trolls-que-hizo-campana-por-keiko-fujimori/

54.  Hiperderecho — “Granjas de trolls: la amenaza democrática y el uso de IA que ya está prohibido en el Perú” — https://hiperderecho.org/2026/09/granjas-de-trolls-la-amenaza-democratica-y-el-uso-de-ia-que-ya-esta-prohibido-en-el-peru/

55.  Infobae — “Elecciones 2026 en medio de fake news: JNE detecta 700 alertas de desinformación” — https://www.infobae.com/peru/2026/03/05/elecciones-2026-en-medio-de-fake-news-jne-detecta-700-alerta-de-desinformacion/

56.  Wikipedia — “2026 Peruvian post-electoral crisis” — https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Peruvian_post-electoral_crisis

57.  El Ciudadano — “Calls for Investigation into Electoral Disinformation Network and Parallel Vote Counting in Peru Involve Fernando Cerimedo” — https://www.elciudadano.com/en/calls-for-investigation-into-electoral-disinformation-network-and-parallel-vote-counting-in-peru-involve-fernando-cerimedo/09/10/

58.  elDiarioAR — “La investigación a Cerimedo en Chile: ‘Queremos saber la ruta del dinero; si hubo financiamiento extranjero’” — https://www.eldiarioar.com/politica/investigacion-cerimedo-chile-queremos-ruta-dinero-si-hubo-financiamiento-extranjero_1_13488472.html

59.  La República — “Congreso: Juntos por el Perú plantea crear una Comisión Investigadora para el caso Cerimedo” — https://larepublica.pe/politica/2026/09/09/congreso-juntos-por-el-peru-plantea-crear-una-comision-investigadora-para-el-caso-cerimedo-hnews-316530

60.  Radio Universidad de Chile — “Caso Cerimedo: ‘el rey de los trolls’, una pieza de la nueva arquitectura del poder digital en América Latina” — https://radio.uchile.cl/2026/08/28/caso-cerimedo-el-rey-de-los-trolls-una-pieza-de-la-nueva-arquitectura-del-poder-digital-en-america-latina/

61.  IDL-Reporteros — “Cerimedo, la ultraderecha y MAGA” — https://www.idl-reporteros.pe/cerimedo-la-ultraderecha-y-maga/

62.  La Jornada de Oriente — “Cerimedo, pieza del movimiento MAGA de Trump para influir en América Latina” — https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/cerimedo-pieza-del-movimiento-maga-de-trump/

63.  elDiarioAR — “Reuniones, viajes, eventos de la derecha y hasta páginas web: más señales conectan a Cerimedo con Milei y Paz” — https://www.eldiarioar.com/politica/reuniones-viajes-eventos-derecha-paginas-web-senales-conectan-cerimedo-milei-paz_1_13473932.html

64.  La Política Online — “Quién es Fernando Cerimedo, el cerebro digital de Milei que trabajó con Bolsonaro y Kast” — https://www.lapoliticaonline.com/politica/milei-campana-bannon/

65.  El Comercio — “Fernando Cerimedo | Congreso de Chile aprueba investigar eventuales vínculos de Cerimedo con José Antonio Kast y su entorno” — https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/fernando-cerimedo-congreso-de-chile-aprueba-investigar-eventuales-vinculos-de-cerimedo-con-jose-antonio-kast-y-su-entorno-noticia/

66.  El Comercio — “Quién es Fernando Cerimedo, el cuestionado asesor de presidentes detenido por el presunto intento de asesinato de su expareja” — https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/quien-es-fernando-cerimedo-el-cuestionado-asesor-de-presidentes-detenido-por-el-presunto-intento-de-asesinato-de-su-expareja-noticia/

67.  LatAm Journalism Review — “Tras 10 años, juez dictaminó que El Comercio tiene monopolio de prensa escrita en Perú…” — https://latamjournalismreview.org/es/articles/tras-10-anos-juez-dictamina-que-el-comercio-tiene-monopolio-de-prensa-escrita-en-peru-juez-es-sancionado-poco-despues/

68.  Revista Ideele — “Grupo El Comercio: Un pulpo de los medios de comunicación” — https://revistaideele.com/ideele/content/grupo-el-comercio-un-pulpo-de-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n

69.  Reporteros Sin Fronteras (RSF) — “MOM Peru revela un alto nivel de concentración mediática…” — https://rsf.org/es/noticias/mom-peru-revela-un-alto-nivel-de-concentracion-mediatica-que-amenaza-la-libertad-de-expresion-en-el

70.  Ojo Público — “MOM Perú: Una base de datos que revela la concentración” — https://duenosdelanoticia.ojo-publico.com/articulo/mom-peru-una-base-de-datos-para-conocer-a-los-duenos-de-los-medios/

71.  Somos Periodismo — “Tres medios concentran el 84% del mercado de las comunicaciones en el Perú” — https://somosperiodismo.com/tres-medios-concentran-84-del-mercado-las-comunicaciones-peru/

72.  Wikipedia (ES) — “Influencia de la prensa de Lima en la opinión pública” — https://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_de_la_prensa_de_Lima_en_la_opini%C3%B3n_p%C3%BAblica

73.  Observacom — “Concentración mediática y sus impactos en la democracia: Una aproximación al caso peruano” — https://www.observacom.org/wp-content/uploads/2022/09/Peru-Concentracion-mediatica-y-sus-impactos-en-la-democracia.pdf [inaccesible — ver Sección 16-H]

74.  Lima Gris — “Director del diario ‘El Comercio’ Francisco Miró Quesada firma comunicado anti Keiko Fujimori” — https://limagris.com/francisco-miro-quesada-firma-comunicado-anti-keiko-fujimori/

75.  RPP — “Los ‘vladivideos’ que marcaron el final del régimen de Alberto Fujimori” — https://rpp.pe/politica/gobierno/los-vladivideos-que-marcaron-noticia-1111709

76.  Semana Económica, vía Yahoo Noticias — “El Comercio, uno de los medios más grandes de Perú, cambiaría de dueños” — https://es-us.noticias.yahoo.com/comercio-medios-per%C3%BA-cambiar%C3%ADa-due%C3%B1os-203300891.html

77.  Universidad de Lima repositorio — “El fujimorismo y los medios de comunicación” — https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/11071/El_fujimorismo_y_los_medios.pdf [inaccesible — ver Sección 16-I]

78.  CeCo (Centro de Competencia) — “Concentración de medios y pluralismo: Una discusión de candados constitucionales y llaves mágicas” — https://centrocompetencia.com/concentracion-de-medios-y-pluralismo/

79.  Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) — “Perú dictará una ley que prohibirá la concentración de medios” — https://fesperiodistas.org/peru-dictara-una-ley-que-prohibira-la-concentracion-de-medios/

80.  RPP — “Consejo de la Prensa Peruana presentó anteproyecto de ley para reformar el IRTP y garantizar su autonomía” — https://rpp.pe/peru/actualidad/consejo-de-la-prensa-peruana-presento-anteproyecto-de-ley-para-reformar-el-irtp-y-garantizar-su-autonomia-noticia-1583225

81.  Media Ownership Monitor Peru — findings/concentration — https://peru.mom-gmr.org/en/findings/concentration/ [inaccesible — ver Sección 16-J]

82.  Latina Noticias — “La industria oculta de los bots en Perú…” — https://latinanoticias.pe/politica/la-industria-oculta-de-los-bots-en-peru-quienes-los-usan-y-su-impacto-en-las-elecciones-2026-adp-noticia_20251214/ [inaccesible — ver Sección 16-L]

83.  El Foco — “La maquinaria mediática que operó a favor de Keiko Fujimori” — https://elfoco.pe/2026/07/reportajes/la-maquinaria-mediatica-que-opero-a-favor-de-keiko-fujimori/

84.  El Comercio — “La campaña electoral no ha acabado,” por Isabel Miró Quesada D. — https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/la-campana-electoral-no-ha-acabado-por-isabel-miro-quesada-noticia/

Compilado mediante investigación web el 13 de septiembre de 2026. Este documento sintetiza fuentes periodísticas y académicas; no constituye un reportaje de investigación original ni una determinación judicial, y las afirmaciones disputadas se señalan como tales a lo largo del texto. Los lectores deben tratar los asuntos aún bajo investigación activa —las fuentes de financiamiento de Cerimedo, cualquier financiamiento confirmado de una entidad MAGA— como preguntas abiertas, no como hallazgos definitivos.