El nacimiento, desarrollo y dominación del concepto de sociedad civil: composición, representación falsificada y el orden neoliberal

Resumen: Este artículo rastrea la genealogía del concepto de “sociedad civil” desde la filosofía política moderna, Hegel y Marx hasta Gramsci, y argumenta que, en el contexto del fin de la Guerra Fría y la globalización neoliberal, dicho concepto fue reconstruido como un “tercer sector” despolitizado. En esa operación, representantes corporativos, asociaciones empresariales, fundaciones filantrópicas y ONG financiadas fueron incorporados al campo de la “sociedad civil”, mientras que las organizaciones ciudadanas genuinamente locales fueron excluidas o marginadas, y los movimientos sociales fueron reconducidos hacia la forma-proyecto. Apoyándose en la teoría gramsciana del “Estado integral” y la hegemonía, y en el “modelo de propaganda” de Herman y Chomsky, el artículo analiza cómo las ONG del Norte, mediante la rendición de cuentas ascendente, los “brókers del desarrollo” y la captura de élites, funcionan como filtros informativos que falsifican la representación de las sociedades no occidentales. Finalmente, se presentan casos empíricos de África, el Sudeste Asiático y América Latina para mostrar que las organizaciones de la sociedad civil financiadas desde el Norte tienden estructuralmente a representar las preferencias de los donantes y no la voluntad de los beneficiarios, constituyendo una violencia epistémica sistemática. El artículo concluye proponiendo un uso diagnóstico, y no descriptivo, del concepto.

Palabras clave: sociedad civil; hegemonía; Estado integral; tercer sector; ONG-ización; representación; violencia epistémica; neoliberalismo.

I. Introducción: un concepto en disputa

La “sociedad civil” es uno de los conceptos más ambiguos del discurso político y del desarrollo contemporáneo. Su ambigüedad no es producto de la pereza académica, sino síntoma de que el concepto mismo es un campo de disputa hegemónica. Como analizó Gramsci, la hegemonía de la clase dominante no opera primordialmente mediante la violencia, sino mediante la producción de consentimiento en la “sociedad civil” (Gramsci, 1971). Por lo tanto, quién es incluido en la categoría de “sociedad civil” y quién tiene derecho a hablar en su nombre es, en sí mismo, una cuestión central de la lucha por el poder.

Ellen Meiksins Wood advirtió tempranamente que el término había pasado a designar una amalgama en la que se confundían instituciones y relaciones de naturaleza muy distinta, desde la familia y las asociaciones voluntarias hasta el propio mercado capitalista, de modo que el concepto ocultaba la dominación en lugar de iluminarla: al situar el capitalismo como una más entre las múltiples esferas de la vida social, la “sociedad civil” dejaba de nombrar el sistema de relaciones de clase y pasaba a nombrar un espacio plural de libertad (Wood, 1990). John Ehrenberg, en su historia crítica de la idea, mostró a su vez que cada época reconstruyó la sociedad civil según sus propias necesidades políticas, y que el renacimiento del concepto a fines del siglo XX coincidió con un programa de reducción del Estado y de retirada de la política redistributiva (Ehrenberg, 1999). La ambigüedad, por consiguiente, no es neutral: es funcional al poder.

La tesis central de este artículo es que, bajo el neoliberalismo globalizado, el concepto de sociedad civil sufrió una contracción semántica y una sustitución de sujeto: de un campo complejo que, en sentido gramsciano, incluía organizaciones antagonistas, se redujo a un “tercer sector” dominado por ONG; los representantes corporativos y las asociaciones empresariales fueron silenciosamente incorporados a esa categoría; y, al mismo tiempo, las organizaciones ciudadanas genuinamente locales de las sociedades no occidentales fueron sistemáticamente excluidas de la “representación”. La consecuencia es que las intervenciones realizadas en nombre de la “sociedad civil” frecuentemente falsifican epistemológicamente la representación de las sociedades no occidentales.

El argumento se desarrolla en seis partes. La sección II reconstruye la genealogía del concepto, desde la societas civilis de la filosofía política moderna hasta el Estado integral gramsciano, y muestra cómo la relectura liberal posterior borró su contenido conflictivo. La sección III analiza la reconstrucción neoliberal: la contracción semántica, la incorporación del capital, la sustitución de la ciudadanía real y la ONG-ización de los movimientos sociales. La sección IV examina los mecanismos de falsificación de la representación, a partir del modelo de propaganda, la rendición de cuentas ascendente, una serie de casos empíricos y la figura del bróker del desarrollo. La sección V aborda la dimensión epistemológica del problema en las sociedades no occidentales. La sección VI concluye proponiendo un uso diagnóstico del concepto y un conjunto de criterios para aplicarlo.

II. La genealogía del concepto: de la societas civilis a Gramsci

2.1 Antecedentes: la sociedad civil como sociedad política

Antes de Hegel, “sociedad civil” no designaba un ámbito opuesto al Estado, sino precisamente lo contrario. En la tradición que va de la koinonía politiké aristotélica a la societas civilis latina y al contractualismo moderno, la sociedad civil era la comunidad política organizada, opuesta al “estado de naturaleza”. Para Locke, “sociedad civil” y “sociedad política” son términos equivalentes. Adam Ferguson, en su Ensayo sobre la historia de la sociedad civil (1767), ya introduce un desplazamiento decisivo: la sociedad civil es el resultado histórico del progreso del comercio, la división del trabajo y el refinamiento de las costumbres, aunque Ferguson advierte que ese mismo progreso amenaza con corromper la virtud cívica y fragmentar a los ciudadanos en ocupaciones separadas (Ferguson, 1767/1995).

Este punto de partida revela que la identificación contemporánea de la sociedad civil con un espacio “no estatal” es un producto histórico reciente, no una definición natural. La sociedad civil nació como concepto de orden político y fue progresivamente desplazada hacia el terreno de la economía mercantil, desplazamiento que Hegel sistematizaría.

2.2 Hegel: la sociedad civil como sistema de necesidades

En Hegel, la bürgerliche Gesellschaft (sociedad civil) designa el ámbito situado entre la familia y el Estado, cuyo núcleo es el sistema de necesidades y la división del trabajo. Es el momento de la “diferencia”: cada individuo persigue su fin particular y, al hacerlo, depende de los demás, de modo que la universalidad aparece solo como necesidad exterior, como interdependencia mediada por el mercado (Hegel, 1821/1988, §182–§187). La sociedad civil hegeliana comprende tres momentos: el sistema de necesidades, la administración de justicia y la “policía” y las corporaciones.

Lo que la relectura liberal tiende a olvidar es que Hegel no idealizó este ámbito. En los parágrafos dedicados a la pobreza, reconoce que la sociedad civil, “a pesar de su exceso de riqueza”, no es suficientemente rica para evitar la formación de una masa empobrecida, la “plebe” (Pöbel), que pierde no solo los medios de subsistencia sino también el sentimiento de derecho y de honor (Hegel, 1821/1988, §243–§245). La sociedad civil produce, por su propia dinámica, la desigualdad que no puede resolver. Por eso Hegel necesita el Estado como instancia ética superior: la sociedad civil, por sí sola, es el reino de la particularidad y del antagonismo.

2.3 Marx: la sociedad civil como totalidad de las relaciones materiales

Marx invierte esta imagen en la Crítica de la filosofía del derecho de Hegel: la sociedad civil no es el presupuesto ético del Estado, sino la totalidad de las relaciones de producción material; el Estado no es más que su superestructura. En Sobre la cuestión judía, Marx muestra que la emancipación política burguesa separa al ciudadano abstracto del Estado del individuo egoísta de la sociedad civil, y que los “derechos del hombre” son, en esencia, los derechos del miembro de la sociedad civil, es decir, del propietario separado de la comunidad (Marx, 1843/2004). En La ideología alemana, Marx y Engels afirman que la sociedad civil es “el verdadero hogar y escenario de toda la historia” (Marx y Engels, 1846/1970), y en el prólogo de 1859 Marx resume su itinerario intelectual señalando que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política (Marx, 1859/2008). En el uso de Marx, sociedad civil y “base económica” se superponen en gran medida: no es un “espacio libre” independiente del poder, sino el lugar donde se despliegan las relaciones de clase.

La implicación clave de esta genealogía es que la sociedad civil nunca fue un ámbito puro opuesto al poder. Tanto Hegel como Marx la sitúan en el interior de las relaciones de interés, trabajo y dominación. La operación posterior de reimaginar la sociedad civil como un “ámbito de libre asociación fuera del Estado” constituye un olvido sistemático de esa tradición.

2.4 Gramsci: la sociedad civil como campo de batalla de la hegemonía

El aporte de Gramsci consiste en liberar parcialmente a la sociedad civil de la reducción economicista, sin idealizarla. En los Cuadernos de la cárcel distingue dos “niveles” de la superestructura: “el que puede llamarse ‘sociedad civil’, es decir, el conjunto de organismos habitualmente llamados ‘privados’, y el de la ‘sociedad política’ o ‘Estado’” (Gramsci, 1971). La sociedad civil es el lugar donde opera la hegemonía: el grupo dominante ejerce allí la dirección social mediante el consentimiento “espontáneo”, mientras el Estado disciplina mediante la coerción a los grupos que no “consienten”.

La distinción, sin embargo, es metodológica y no orgánica. Gramsci advierte contra la confusión liberal que convierte la distinción entre sociedad política y sociedad civil en una separación real, y formula la conocida ecuación según la cual el Estado es igual a sociedad política más sociedad civil, es decir, “hegemonía acorazada de coerción” (Gramsci, 1981–2000, Q6 §88; Gramsci, Quaderni del carcere). Este es el núcleo de la noción de Estado integral: la sociedad civil no es lo exterior al Estado, sino una de sus dimensiones constitutivas, el conjunto de “aparatos hegemónicos privados” (escuelas, iglesias, prensa, asociaciones, sindicatos, partidos) a través de los cuales la clase dirigente organiza el consentimiento (Thomas, 2009; “Gramsci: Civil hegemony and the integral state”, 2021; Bernstein, 2021). Los intelectuales orgánicos son los funcionarios de esa organización: elaboran y difunden la concepción del mundo que hace aparecer el orden existente como natural y deseable.

Pero Gramsci insiste en que la sociedad civil es también el lugar donde puede formarse la contrahegemonía. Es un ámbito de “conflicto permanente y de generación de comunidad, disenso y consentimiento” (“Gramsci and civil society”, s. f.; Buttigieg, 1995). Por lo tanto, la sociedad civil tiene en Gramsci una doble naturaleza: es a la vez la “trinchera y fortificación permanente” del capitalismo y el campo donde las clases subalternas disputan la dirección cultural. En las sociedades occidentales desarrolladas, escribe Gramsci, la sociedad civil se ha convertido en una estructura muy compleja y resistente a las irrupciones catastróficas del elemento económico inmediato, de modo que la “guerra de maniobra” debe ceder paso a una “guerra de posición” prolongada en el terreno de la cultura y la organización (Gramsci, 1971; Anderson, 1976).

Esta dualidad es clave para entender el discurso contemporáneo sobre la sociedad civil. Cuando el discurso liberal y neoliberal la presenta como un “ámbito libre, voluntario, democrático y consensual independiente del Estado y del mercado”, borra precisamente la función hegemónica que Gramsci reveló. Ese borramiento no es una simplificación teórica inocente, sino una operación política.

2.5 La relectura liberal: de la trinchera al capital social

La lectura de Gramsci que más circuló fuera del marxismo fue la de Norberto Bobbio, quien subrayó que, a diferencia de Marx, Gramsci situaba la sociedad civil en la superestructura y no en la base (Bobbio, 1979). Esa observación, correcta en lo textual, fue apropiada después para separar la sociedad civil tanto del Estado como de la economía, construyendo un “tercer” espacio autónomo. La teoría de Cohen y Arato, que define la sociedad civil como esfera de interacción social distinta de la economía y del Estado (Cohen y Arato, 1992), y sobre todo la recuperación neotocquevilliana de Robert Putnam, que identificó la vitalidad democrática con la densidad asociativa y el “capital social” (Putnam, 1993), completaron el desplazamiento.

En esta relectura, la sociedad civil ya no es campo de batalla sino reserva de confianza, cooperación y civismo: el conflicto de clase desaparece y en su lugar aparece la “participación”. Los coros, los clubes deportivos y las asociaciones vecinales pasan a ser los indicadores de una buena democracia, mientras que los sindicatos combativos, las ocupaciones de tierra o las huelgas quedan fuera del cuadro o aparecen como patologías. Esta es la forma conceptual que heredaría la industria del desarrollo en los años noventa: una sociedad civil medible, cuantificable y, sobre todo, despolitizada.

III. La reconstrucción neoliberal: del campo de batalla al tercer sector

3.1 El contexto: Europa del Este, el Consenso de Washington y la “revolución asociativa”

Los movimientos opositores de Europa del Este en los años ochenta utilizaron la “sociedad civil” como arma discursiva contra el Estado. En la obra de disidentes como Václav Havel, la sociedad civil era la “vida en la verdad” frente a un poder que exigía la ficción ritual de la adhesión (Havel, 1978/1985). Ese uso fue absorbido y desradicalizado por las agencias de desarrollo occidentales en los noventa. El antiestatismo de la disidencia, nacido contra un tipo particular de Estado, fue convertido en una doctrina general contra el Estado en cuanto tal, y especialmente contra el Estado redistributivo de la periferia. La absorción tuvo también un canal explícitamente político: la “promoción de la democracia”, que, como mostró William I. Robinson, no buscaba la democracia popular sino la “poliarquía”, un sistema en el que la participación de las mayorías se limita a elegir entre élites en competencia, y que tuvo en la financiación de organizaciones civiles seleccionadas uno de sus instrumentos centrales (Robinson, 1996). Allen Weinstein, uno de los fundadores de la National Endowment for Democracy, creada en 1983, declaró en 1991 que mucho de lo que esa institución hacía entonces había sido hecho de forma encubierta veinticinco años antes por la CIA (Ignatius, 1991). La sociedad civil financiada heredó así, en forma pública y profesional, funciones que antes se ejercían en la sombra.

Con el auge de las organizaciones no gubernamentales a escala global, la sociedad civil fue redefinida como “tercer sector”, y su indicador operativo pasó a ser casi equivalente al “número de ONG registradas” (“The Third Sector: Sharing the Burden”, s. f.). Lester Salamon celebró en 1994 una “revolución asociativa global” y comparó su importancia histórica con el surgimiento del Estado-nación (Salamon, 1994). Pero esa revolución tuvo una base material precisa: los programas de ajuste estructural, que redujeron el gasto público y transfirieron la provisión de servicios sociales a organizaciones privadas financiadas por la cooperación internacional. David Harvey observa que las ONG proliferaron en el vacío dejado por la retirada del Estado social y que, en ciertos casos, funcionaron como “caballos de Troya del neoliberalismo global” (Harvey, 2005). James Petras, desde América Latina, fue más lejos: las ONG cumplieron la función de reemplazar la lucha por derechos universales con proyectos focalizados, de convertir la solidaridad de clase en asistencia y de proporcionar al ajuste un rostro “comunitario” que amortiguaba el descontento (Petras, 1997; Petras y Veltmeyer, 2001).

3.2 Contracción semántica: sociedad civil = ONG

La consecuencia de esta contracción es profunda. En la investigación sobre el financiamiento del sida en el sur de África, se señala: “a medida que la sociedad civil se aplica en contraste con las iniciativas y estructuras gubernamentales, la multiplicidad de instituciones de la sociedad civil se reduce cada vez más a ‘organizaciones no gubernamentales’. Los dos términos se usan a menudo de manera intercambiable, aunque conceptualmente son distintos” (Birdsall y Kelly, 2007; SARPN, 2007). El mismo estudio constata que las instituciones donantes han instrumentalizado el apoyo a la sociedad civil como un medio para otros fines y no como un fin en sí mismo. La sociedad civil pasa de ser un concepto que describe relaciones sociales de poder a una categoría administrativa que describe tipos de organización.

Sangeeta Kamat ha descrito este proceso como la “privatización del interés público”: el interés público deja de ser formulado por sujetos colectivos en conflicto con el Estado y pasa a ser gestionado por organizaciones profesionales que compiten por contratos, cuya legitimidad depende de su eficiencia técnica y no de su base social (Kamat, 2004). La organización comunitaria se transforma en prestadora de servicios; el militante, en técnico; la reivindicación, en propuesta de proyecto. La contracción semántica reorganiza materialmente el campo asociativo según los criterios del financiador.

3.3 La sustitución de sujeto: la incorporación de empresas y asociaciones empresariales

Si la sociedad civil se define como el ámbito asociativo entre el Estado y la familia, ¿pertenecen a ella las empresas, las asociaciones empresariales y las cámaras de comercio? En el marco gramsciano clásico, la respuesta es negativa: son corporaciones económicas, cuya función es representar directamente los intereses del capital, no disputar la hegemonía en el campo cultural. Pero en el discurso del tercer sector son silenciosamente incorporadas.

La lógica de esta incorporación ya latía en la teoría de los “grupos de interés”: si la sociedad civil es el ámbito de “expresión de intereses”, entonces las asociaciones empresariales son, como los sindicatos, grupos de interés. Sin embargo, esa igualdad formal oculta una asimetría estructural: la capacidad organizativa del capital, sus recursos y su acceso directo al aparato estatal superan con creces a los de cualquier otro grupo social. Incorporar a los representantes empresariales a la sociedad civil equivale a situar dominadores y dominados en la misma categoría, borrando así la esencia de la sociedad civil como campo de lucha hegemónica que Gramsci subrayó.

Esta incorporación tiene una historia institucional precisa. La Agenda 21, adoptada en la Cumbre de la Tierra de 1992, reconoció nueve “grupos principales” llamados a participar en la gobernanza del desarrollo sostenible, entre los cuales figura “el comercio y la industria”, al mismo nivel que los trabajadores y sus sindicatos, los pueblos indígenas o los agricultores (Naciones Unidas, 1992). A partir de entonces, el modelo de “múltiples partes interesadas” (multi-stakeholder) generalizó la presencia de corporaciones transnacionales en espacios presentados como consultas con la sociedad civil. En ese formato, la empresa contaminante y la comunidad afectada aparecen como “partes interesadas” equivalentes, como si su relación fuera de diálogo entre iguales y no de poder.

Más peligroso aún: esa incorporación convierte a la “sociedad civil” en vehículo del discurso de la responsabilidad social empresarial. Cuando una empresa participa en consultas de política como “actor de la sociedad civil”, obtiene una legitimidad para hablar en nombre del “interés social” y no del “interés de lucro”. Esta es precisamente la operación hegemónica en sentido gramsciano: el interés particular se presenta como interés universal.

El fenómeno se ha profundizado con el ascenso de la filantropía corporativa y de las grandes fundaciones privadas. Linsey McGoey ha mostrado cómo el llamado “filantrocapitalismo” permite que fortunas privadas definan prioridades de salud, educación y agricultura a escala global, sin mandato democrático y con escasos mecanismos de rendición de cuentas, mientras se presentan como actores desinteresados de la sociedad civil (McGoey, 2015). La fundación privada es el punto en que la sustitución de sujeto se completa: el capital ya no necesita ser invitado a la mesa de la sociedad civil; financia la mesa, elige a los invitados y redacta la agenda.

3.4 La sustitución de la ciudadanía real

Junto con la incorporación de las empresas ocurre la marginación de las organizaciones ciudadanas genuinamente locales. En Kenia, la investigación encontró que las ONG financiadas desde el exterior “debilitaron parcialmente” el espíritu tradicional del harambee (recaudación mutual), práctica comunitaria de autoorganización —“empujemos juntos”, en suajili— que fue consigna del movimiento independentista y lema nacional, desplazada por un sector cuya financiación procede en más de un noventa por ciento de fuentes internacionales (Brass, 2012): la comunidad que se autoorganizaba pasó a ser “beneficiaria” de proyectos diseñados en otra parte. En México, el tiempo de las organizaciones de la sociedad civil se dedica “en gran parte a buscar los recursos financieros necesarios para sobrevivir”, y no a su misión declarada. En Nepal, el financiamiento externo creó un “sector de granjas de dólares” (dollar-farming sector): organizaciones cuyo fin principal es obtener fondos de donantes, no responder a necesidades locales (Hakkarainen et al., 2002; Woller, 2002).

Este doble movimiento —incluir a las empresas, excluir a lo local— constituye la operación central del discurso neoliberal de la sociedad civil. La sociedad civil deja de ser un campo heterogéneo de asociaciones ciudadanas espontáneas y pasa a ser una categoría administrativa de organizaciones financiables, gestionables y auditables. Las ciudadanías reales que no encajan en esa forma —redes informales, tradiciones de ayuda mutua, organizaciones religiosas, movimientos locales— resultan invisibles en ese marco, o son vistas como una sociedad civil “inmadura”.

James Ferguson describió este efecto en su estudio sobre Lesoto como el de una “máquina antipolítica”: el aparato del desarrollo transforma problemas de poder, tierra y explotación en problemas técnicos susceptibles de intervención experta, y al hacerlo expande el alcance de la burocracia mientras suprime la política (Ferguson, 1990). La sociedad civil financiada es una pieza de esa máquina: lo que en una comunidad aparece como conflicto con un terrateniente, una empresa o un Estado, en la propuesta de proyecto aparece como “brecha de capacidades”, “déficit de gobernanza” o “necesidad de sensibilización”.

3.5 La ONG-ización de los movimientos sociales

El efecto más corrosivo de la reconstrucción neoliberal no se produce sobre las organizaciones que nacieron como ONG, sino sobre los movimientos sociales que fueron convertidos en ellas. Sonia Álvarez, analizando el “boom” de las ONG feministas latinoamericanas en los años noventa, mostró cómo el financiamiento internacional y la demanda estatal de expertise técnico desplazaron el centro de gravedad del movimiento: las organizaciones que se profesionalizaron y se especializaron en la evaluación de políticas y la consultoría ganaron acceso a recursos y foros, mientras se distanciaban de las bases que les habían dado origen y de las formas de movilización que las sostenían (Álvarez, 1999). Sabine Lang ha descrito el mismo proceso como el paso de la defensa pública a la “incidencia institucional”: la ONG-izada habla con los funcionarios, no con el público (Lang, 2013).

La ONG-ización opera mediante mecanismos concretos. El primero es la forma-proyecto: la acción colectiva se fragmenta en intervenciones de duración limitada, con objetivos medibles y resultados verificables en ciclos de uno a tres años, lo que es incompatible con procesos de organización popular de largo plazo. El segundo es la profesionalización: los dirigentes surgidos de la lucha se convierten en personal asalariado cuya subsistencia depende de la continuidad del financiamiento, lo que introduce un interés material en no romper con el donante. El tercero es la despolitización del lenguaje: las demandas de redistribución se reformulan como “empoderamiento”, “resiliencia” o “inclusión”, términos que no nombran adversarios. El cuarto es la competencia: las organizaciones que antes se coordinaban pasan a competir entre sí por las mismas convocatorias, lo que fragmenta el campo popular (Choudry y Kapoor, 2013).

El colectivo INCITE! acuñó la expresión “complejo industrial sin fines de lucro” para designar la red de relaciones entre el Estado, las fundaciones y las organizaciones financiadas, mediante la cual se vigila, se canaliza y se controla la disidencia, y mediante la cual los movimientos aprenden a modelar sus objetivos según lo que es financiable (INCITE! Women of Color Against Violence, 2007). Issa Shivji, desde Tanzania, sostuvo que el discurso de las ONG en África está construido sobre “silencios”: el silencio sobre el imperialismo, sobre la historia de las luchas de liberación nacional y sobre la relación entre la miseria africana y el orden económico mundial; y que las ONG, al ocupar el espacio de la sociedad civil, contribuyen a deslegitimar el proyecto nacional-popular y a legitimar el retorno del capital extranjero (Shivji, 2007).

Lo que se pierde en la ONG-ización no es solo autonomía organizativa, sino capacidad contrahegemónica en el sentido gramsciano: la capacidad de producir intelectuales orgánicos propios, de elaborar una concepción del mundo alternativa y de disputar la dirección cultural. Un movimiento convertido en ONG puede seguir existiendo, e incluso crecer en presupuesto y visibilidad, cuando ya ha dejado de ser una amenaza para el orden que desafiaba.

IV. La falsificación de la representación: ONG del Norte y “beneficiarios” del Sur

4.1 La lección de Herman y Chomsky: la ONG como filtro

El “modelo de propaganda” de Herman y Chomsky analizó cómo los medios masivos, mediante cinco filtros (propiedad, publicidad, fuentes oficiales, ataques y marginación del disenso), favorecen sistemáticamente al poder establecido (Herman y Chomsky, 1988). Aunque el modelo se dirige a los medios, su lógica puede extenderse directamente al sistema de ONG del Norte y de ayuda al desarrollo (Model, 2005).

Las ONG del Norte desempeñan en el discurso de la sociedad civil el papel de mediadoras: afirman hablar en nombre de los “sin voz” del Sur y “traducen” las necesidades de las organizaciones locales del Sur al lenguaje comprensible para los donantes del Norte. Sin embargo, ese proceso de traducción es en sí mismo un filtro. El estudio encargado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, Las voces de la sociedad civil del Sur, realizado en Kenia, Namibia, Nepal, Tailandia, Vietnam, México y Nicaragua, encontró que las relaciones entre organizaciones del Norte y del Sur son “fundamentalmente desiguales” (Hakkarainen et al., 2002). El autor del informe sobre México señala: “quien da el dinero, ordena y controla”. Las organizaciones de la sociedad civil del Sur deben “maquillar la información para crear espacio para las actividades que se consideran importantes” (Woller, 2002). El estudio constata además que las organizaciones del Sur dudan en criticar a los donantes y rara vez conocen las políticas de sus contrapartes del Norte.

La consecuencia de este mecanismo es que la “sociedad civil del Sur” que presentan las ONG del Norte es una versión filtrada por las preferencias de los donantes. Las organizaciones locales capaces de expresarse en el lenguaje familiar para el donante (propuestas de proyecto, marco lógico, indicadores) entran en el campo de visión; las que no pueden o no quieren hacerlo desaparecen. Thomas Carothers, desde una posición favorable a la ayuda democrática, constató que el apoyo a la sociedad civil tendía a concentrarse en un conjunto reducido de ONG profesionales de incidencia, urbanas, de habla inglesa y orientadas a los donantes, a las que las agencias denominaban sin más “la sociedad civil” (Carothers, 1999). Esto es estructuralmente isomorfo al filtro de “marginación del disenso” del modelo de propaganda.

La correspondencia puede extenderse a los cinco filtros, como resume la Tabla 1.

Tabla 1. Los filtros del modelo de propaganda aplicados al sistema donante-ONG

Filtro (Herman y Chomsky)	En los medios masivos	En el sistema donante-ONG
Propiedad	Concentración en grandes conglomerados con intereses de mercado	Dependencia de un número reducido de donantes estatales, multilaterales y fundaciones que deciden qué organizaciones existen
Publicidad	Los anunciantes financian el medio y condicionan su contenido	Las convocatorias y líneas temáticas del donante financian la organización y condicionan su agenda
Fuentes	Dependencia de fuentes oficiales y expertas acreditadas	Dependencia de consultores, evaluadores y “socios” acreditados por el propio sistema; la voz local entra solo mediada
Ataques (flak)	Presión y descrédito contra medios que se desvían	Retiro de financiamiento, exclusión de redes y etiquetado como organización “poco profesional” o “politizada”
Ideología de control	Anticomunismo durante la Guerra Fría	Consenso de “buena gobernanza”, mercado y derechos individuales como marco no discutible

Fuente: elaboración propia a partir de Herman y Chomsky (1988) y Model (2005).

4.2 Rendición de cuentas hacia arriba

El filtro opera, sobre todo, a través de la estructura de rendición de cuentas. Michael Edwards y David Hulme advirtieron ya en los años noventa que el financiamiento oficial creciente acercaba demasiado a las ONG a los Estados donantes: las organizaciones rinden cuentas “hacia arriba”, a quienes las financian, y no “hacia abajo”, a quienes dicen servir (Edwards y Hulme, 1996; Hulme y Edwards, 1997). Dos décadas más tarde, la revisión del mismo diagnóstico concluyó que las ONG seguían estando “demasiado cerca” de los donantes y que la promesa de que actuarían como fuerza de transformación social se había debilitado, mientras se consolidaba su papel como subcontratistas (Banks, Hulme y Edwards, 2015).

Alnoor Ebrahim mostró que los mecanismos de rendición de cuentas efectivamente utilizados —informes, evaluaciones, auditorías, indicadores de desempeño— están diseñados para satisfacer al financiador y casi nunca otorgan a los supuestos beneficiarios capacidad de sanción sobre la organización (Ebrahim, 2003). El beneficiario no puede despedir a la ONG, votar su presupuesto ni revocar a sus directivos; solo puede asistir a “talleres participativos” cuyo formato, preguntas y uso de resultados define la propia organización. La participación se convierte así en técnica de legitimación del proyecto y no en mecanismo de control.

4.3 Casos empíricos de falsificación de la representación

Caso 1: Los huaorani de Ecuador y la petrolera Conoco. En 1990 la petrolera estadounidense Conoco buscó expandir sus operaciones en el Parque Nacional Yasuní, que forma parte del territorio tradicional del pueblo huaorani. A partir de febrero de 1991, en la campaña contra Conoco, las ONG del Norte, encabezadas por el Natural Resources Defense Council (NRDC), eludieron a la comunidad indígena huaorani, la excluyeron de las reuniones privadas, negociaron directamente con la empresa y alcanzaron un acuerdo. Ese acuerdo despojó a los huaorani de sus derechos territoriales, sin que fueran consultados; la mayoría lo rechazó y exigió que el NRDC se retirara del proceso y abandonara Ecuador (Brown y Keating, 2015; Kane, 1995). Las ONG recaudaron fondos en nombre de los huaorani, pero no les asignaron esos fondos. Lo típico de este caso es que la eficacia comunicativa de la ONG del Norte (atractivo de la campaña para el público norteamericano) prevaleció sobre la responsabilidad hacia el grupo al que decía representar.

Caso 2: La represa de Bujagali en Uganda. Un grupo de presión ambientalista estadounidense, International Rivers Network, con sede en Berkeley, amplificó la protesta de una ONG local de apenas 25 miembros y logró bloquear el proyecto hidroeléctrico financiado por el Banco Mundial. Sin embargo, los aldeanos de los alrededores, dada la compensación económica propuesta, en realidad apoyaban el proyecto (Mallaby, 2004). El bloqueo dejó a los residentes locales sin electricidad. Una organización local minúscula fue amplificada hasta convertirse en “la sociedad civil”, mientras la voluntad de la mayoría fue ignorada. El caso se convirtió en un punto de referencia del debate sobre la responsabilidad de las ONG internacionales precisamente porque planteaba quién tenía derecho a decidir: la población afectada o la prioridad de una organización situada a miles de kilómetros (Jordan y van Tuijl, 2000).

Caso 3: La explotación petrolera en Chad. Las ONG del Norte se opusieron al proyecto petrolero, mientras “la mayoría de la población” lo apoyaba (Mallaby, 2004). La oposición anticipada de las ONG podía tener justificación analítica (el proyecto podía reforzar el poder autoritario y agravar la desigualdad), pero lo decisivo es que esas asociaciones de defensa “no reflejan en absoluto los deseos de la mayoría”. Pueden oponerse a la voluntad popular que no se ajusta a las normas de decoro occidentales. El problema no es si el diagnóstico de las ONG era acertado, sino quién lo formuló, en nombre de quién y con qué mandato.

Caso 4: La selección de las causas “comercializables”. Clifford Bob mostró que el apoyo transnacional a los movimientos del Sur no se distribuye según la gravedad de los agravios, sino según la capacidad de cada movimiento para “venderse” a las ONG del Norte: adaptar su discurso a los marcos dominantes, contar con líderes carismáticos con acceso a los medios internacionales y presentar una causa legible para el público donante (Bob, 2005). Movimientos como el de los ogoni en Nigeria o el zapatismo en México obtuvieron visibilidad global, mientras que otros con agravios comparables quedaron en la oscuridad. El efecto es doble: los movimientos locales son incentivados a reformular sus demandas en el lenguaje del patrocinador, y la “sociedad civil del Sur” que llega al público del Norte es producto de una selección comercial y no de la voluntad de los afectados.

La estructura común de estos casos es: organizaciones del Norte hablan en nombre de la “sociedad civil”, pero existe una grieta sistemática entre el contenido de su discurso y la voluntad real del grupo al que dicen representar. Esa grieta no es un error accidental, sino producto necesario de la estructura de financiamiento, la lógica comunicativa y la jerarquía epistemológica.

4.4 Los “brókers del desarrollo” y la captura de élites

Un mecanismo más micro es el auge de los “brókers del desarrollo” (development brokers). La antropología del desarrollo francófona estudió a estos courtiers como actores sociales que drenan hacia una localidad recursos externos vinculados a la ayuda al desarrollo, y que hacen de esa intermediación su oficio (Bierschenk, Chauveau y Olivier de Sardan, 2000). En África subsahariana, los intermediarios locales —líderes políticos locales, fundadores de ONG locales, antiguos funcionarios públicos— actúan como puente entre donantes y beneficiarios. Su función aparente es “reducir la asimetría de información”, pero en realidad “producen las representaciones que los donantes quieren ver” (Aldashev y Navarra, 2017, 2018). Esto significa que la evaluación de necesidades se sustituye por un proceso de negociación en el que las preferencias de donantes y beneficiarios se renegocian y el bróker obtiene rentas. David Mosse mostró, en su etnografía de un proyecto en la India, que el éxito de un proyecto de desarrollo depende menos de sus efectos reales que de la capacidad de sus operadores para sostener una interpretación coherente con el modelo de política del donante (Mosse, 2005).

En casos como Senegal, la aceptación por parte de los beneficiarios del abuso de poder de los líderes, siempre que obtengan al menos algún beneficio del proyecto, constituye una legitimación de la renta (Platteau y Gaspart, 2003). El riesgo de captura de élites es mayor en contextos más desiguales y donde no existía una comunidad local organizada antes de la llegada del donante (Mansuri y Rao, 2013). Este hallazgo desafía directamente la fórmula “sociedad civil = democratización”: en ciertas condiciones, las organizaciones de la sociedad civil financiadas por donantes refuerzan en lugar de desafiar las estructuras locales de desigualdad.

El bróker habla hacia arriba el lenguaje del donante y controla hacia abajo el acceso de la comunidad a los recursos; su posición no depende de representar a la comunidad, sino de ser reconocido por el donante como su representante. La cadena de representación queda invertida: no es la comunidad la que elige a quien habla por ella, sino el financiador el que lo designa.

V. La dimensión epistemológica en las sociedades no occidentales

El análisis anterior apunta a una cuestión más profunda: ¿quién tiene el poder de definir las formas legítimas de la “sociedad civil”?

Las ONG del Norte y las agencias donantes no solo llevan financiamiento, sino un marco epistemológico: qué cuenta como organización, qué cuenta como incidencia, qué cuenta como representación, qué cuenta como éxito. Si las organizaciones locales no se ajustan a ese marco —si operan como redes informales, si su estructura de liderazgo no cumple los estándares de auditoría de “gobernanza democrática”, si su agenda no coincide con las prioridades del donante— resultan invisibles en el mapa de la “sociedad civil”.

Arturo Escobar mostró que el discurso del desarrollo, desde la posguerra, construyó al “Tercer Mundo” como un espacio de carencias que solo el saber experto del Norte podía diagnosticar y remediar (Escobar, 1995). El discurso de la sociedad civil hereda esa estructura: la sociedad civil del Sur aparece como débil, fragmentada, inmadura o capturada, y su “fortalecimiento” se convierte en tarea de agentes externos. Gayatri Chakravorty Spivak llamó “violencia epistémica” a la operación por la cual el sujeto subalterno es constituido como objeto de conocimiento y de representación por otros, de tal modo que su propia voz no puede ser escuchada sino a través de las categorías del representante (Spivak, 1988). La ONG que habla “en nombre de” la comunidad no le da voz: la sustituye.

Las herramientas técnicas del sistema son también herramientas epistémicas. El marco lógico, la teoría del cambio, la línea de base y los indicadores de resultado no son instrumentos neutrales de gestión, sino formas de definir qué es real y qué es relevante. Lo que no puede medirse no existe para el proyecto; lo que no encaja en la cadena causal “insumo-actividad-producto-resultado” no puede ser financiado. Una asamblea comunitaria que decide por consenso tras semanas de deliberación, una cofradía religiosa que organiza la reciprocidad o un sindicato que convoca una huelga no tienen lugar en esa gramática. La exclusión no es explícita: basta con que la forma del formulario no admita su existencia.

Firoze Manji y Carl O’Coill situaron este fenómeno en una continuidad histórica: las ONG de desarrollo en África ocupan, en muchos sentidos, el lugar que ocuparon las misiones y las organizaciones caritativas durante el colonialismo, al reemplazar la reivindicación de justicia por la oferta de caridad y al contribuir a la despolitización de la pobreza (Manji y O’Coill, 2002). La violencia epistemológica no es una novedad del neoliberalismo, sino la reactivación de una jerarquía colonial bajo un vocabulario de participación y derechos.

Esta violencia epistemológica se expresa con mayor crudeza en la crítica africana. El expresidente sudafricano Mandela criticó a las ONG del Norte por ser “opacas y defender los intereses de sus financiadores en lugar de los intereses de las masas”: en su informe ante la 50.ª Conferencia Nacional del Congreso Nacional Africano, en Mafikeng, en diciembre de 1997, afirmó que muchas organizaciones “no son en realidad ONG”, porque carecen de base popular y dependen de gobiernos extranjeros, y no del pueblo, para su sustento, y que algunas actúan como instrumentos de quienes las financian (Mandela, 1997; “Destroying South Africa’s democracy”, 1998). Una pregunta más radical proviene de actores africanos: “las ONG deberían someterse a los estándares democráticos que quieren imponer a los Estados africanos. No elegimos a las ONG ni elegimos a los donantes. Entonces, ¿por qué deberíamos molestarnos en organizar elecciones?” (“Les ONG, la légitimité et la représentation”, s. f.).

Esta interpelación revela una hipocresía estructural: las intervenciones realizadas en nombre de la “sociedad civil” y la “democracia” tienen una base de representación no accountable. Las ONG del Norte no son elegidas por ningún beneficiario, pero negocian y cabildean en su nombre. Las agencias donantes no reciben autorización de ningún ciudadano del Sur, pero deciden qué organizaciones merecen financiamiento y qué agendas merecen apoyo. En esta estructura, la “sociedad civil” se convierte en una etiqueta que otorga legitimidad, concedida por instituciones del Norte a organizaciones del Sur que cumplen sus estándares, y no en una relación constituida por la práctica de los propios ciudadanos.

VI. Conclusión: el residuo crítico del concepto de sociedad civil

Si la “sociedad civil” ha sido reconstruida en el discurso contemporáneo como categoría administrativa de la gobernanza neoliberal, ¿conserva algún valor crítico?

El marco de Gramsci ofrece la única salida: repolitizar la sociedad civil, sacándola de la categoría descriptiva. No preguntar “¿pertenece esta organización a la sociedad civil?”, sino “¿qué posición ocupa esta organización en las relaciones de hegemonía?”. Una ONG financiada por donantes, que opera con lógica de proyecto y mide el éxito con indicadores de auditoría, sea cual sea su forma registral, puede estar en sentido gramsciano más cerca de una extensión del complejo Estado-economía que de un eslabón antagonista de la sociedad civil. Por el contrario, una red informal de ayuda mutua, un movimiento local no reconocido, una organización comunitaria que rechaza la agenda del donante, puede constituir en sentido gramsciano una sociedad civil más real.

Esto significa que el valor de la “sociedad civil” no reside en su uso descriptivo —ya capturado por la reconstrucción neoliberal— sino en su función como concepto diagnóstico: permite preguntar, en un ámbito asociativo determinado, en qué proporción coexisten la producción hegemónica del consentimiento y la disputa contrahegemónica. Una sociedad civil sana no es la que tiene más ONG, sino aquella en la que todavía existe un espacio donde puede formarse la contrahegemonía y donde los dominados pueden disputar la dirección cultural.

Ese uso diagnóstico puede operacionalizarse mediante un conjunto de preguntas que, aplicadas a cualquier organización que se presente como parte de la sociedad civil, permiten situarla en las relaciones de hegemonía. La Tabla 2 las resume.

Tabla 2. Criterios diagnósticos para situar una organización en las relaciones de hegemonía

Dimensión	Pregunta diagnóstica	Indicio de sociedad civil autónoma	Indicio de extensión del complejo Estado-economía
Origen de la agenda	¿Quién define los objetivos y prioridades?	Asambleas, bases o miembros	Convocatorias, líneas temáticas o estrategias del financiador
Base social	¿A quién organiza y moviliza efectivamente?	Miembros activos que participan en las decisiones	Personal profesional sin base de afiliados; “beneficiarios” sin voz
Financiamiento	¿De quién depende su supervivencia?	Recursos propios, cuotas, aportes locales diversificados	Dependencia de un donante o de un conjunto reducido de donantes externos
Rendición de cuentas	¿Ante quién responde y quién puede sancionarla?	Ante sus miembros y la comunidad, que pueden revocar a sus dirigentes	Ante el donante, mediante informes, auditorías e indicadores
Transparencia	¿Son públicos sus financiadores y sus vínculos?	Fuentes y relaciones conocidas por la comunidad	Opacidad sobre fuentes, montos y condicionalidades
Relación con el conflicto	¿Nombra adversarios y disputa poder?	Formula demandas que afectan intereses dominantes	Traduce conflictos en problemas técnicos o de “capacidades”
Producción intelectual	¿Forma sus propios intelectuales orgánicos?	Elabora saberes desde la experiencia de los subalternos	Importa categorías y diagnósticos del sistema donante

Fuente: elaboración propia a partir de Gramsci (1971), Edwards y Hulme (1996), Ebrahim (2003) y Kamat (2004).

Estos criterios hacen visible lo que la definición administrativa oculta. Lo decisivo es la posición que la organización ocupa en las relaciones de dirección y de consentimiento: si contribuye a producir el consentimiento al orden existente o si abre un espacio donde los dominados pueden disputarlo.

En las sociedades no occidentales esta pregunta es especialmente urgente. Cuando las instituciones del Norte moldean el ecosistema organizativo del Sur en nombre de “construir la sociedad civil”, frecuentemente destruyen en lugar de construir la sociedad civil en sentido genuino —ese campo gramsciano capaz de generar conciencia antagonista—. La representación falsificada no es solo una inexactitud empírica, sino una privación epistemológica: priva a las sociedades no occidentales de la posibilidad de asociarse civilmente en sus propias formas, sustituyéndola por simulacros financiables, gestionables y presentables al público del Norte.

Recuperar el concepto exige devolverle lo que la reconstrucción neoliberal le quitó: el conflicto, la desigualdad y la pregunta por el poder. La sociedad civil no es el espacio donde la sociedad se organiza fuera del poder, sino el terreno en que el poder se organiza como consentimiento y en que ese consentimiento puede ser disputado. Mientras el término designe un catálogo de organizaciones registradas, financiadas y auditadas, servirá para nombrar a quienes hablan en nombre de otros; solo cuando vuelva a designar el campo en que los subordinados construyen su propia voz recuperará el filo crítico que tuvo en Gramsci.

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