Soberanía bajo tutela

Yemen, el orden imperial británico y las monarquías del Golfo, 1839–2026

Octubre de 2026

Resumen. Este ensayo examina cómo la soberanía de Yemen ha sido moldeada por potencias externas, desde la toma británica de Adén en 1839 hasta la guerra a gran escala de 2026. Sitúa a Yemen dentro de un orden imperial más amplio: el sistema de tratados británico, impuesto tras una conquista naval, que subordinó y consolidó a las familias gobernantes del golfo Pérsico, la entronización y destitución de los sahs Pahlaví de Irán, y la protección británica bajo la cual surgió el Estado saudí. El ensayo sostiene que los gobiernos reconocidos como legítimos en Yemen han derivado reiteradamente su autoridad más del aval extranjero que del consentimiento de los yemeníes, y que su soberanía ha sido sobre todo jurídica, reconocida desde fuera, y mucho menos empírica. Aplica el mismo criterio a todos los patrocinadores, incluidos el apoyo de Irán a Ansar Alá (los hutíes) y las intervenciones de Israel en Yemen, sus guerras regionales, su conducta en Gaza y su expansión territorial, trata los relatos oficiales y los contrahegemónicos por igual, como hipótesis que deben contrastarse, y clasifica cada afirmación principal como documentada, firmemente respaldada, parcialmente respaldada, controvertida o no respaldada. Por último, contrasta el caso yemení con las doctrinas latinoamericanas sobre el reconocimiento de gobiernos y con el papel de la Organización de los Estados Americanos.

1. Introducción

La prensa internacional suele presentar a Yemen como una guerra civil librada por intermediarios regionales. Esa descripción no es falsa, pero es incompleta. Durante casi dos siglos, las decisiones sobre quién gobierna Yemen, dónde se trazan sus fronteras y cuáles de sus gobernantes se consideran legítimos se han tomado en gran medida en Londres, El Cairo, Riad, Abu Dabi, Teherán y Washington. La pregunta aquí no es si los yemeníes tienen capacidad de acción propia; es evidente que la tienen. La pregunta es cómo el patrocinio extranjero ha interactuado con las divisiones locales para producir un Estado cuyas autoridades reconocidas son débiles dentro del país y fuertes sobre todo a ojos de actores externos.

Dos conceptos de la teoría de las relaciones internacionales ayudan a precisar esa paradoja. Stephen Krasner distingue entre la soberanía jurídica internacional, que consiste en el reconocimiento por otros Estados, y la soberanía westfaliana, que consiste en la exclusión de actores externos de la estructura de autoridad interna; sostiene que ambas se han violado sistemáticamente cuando así convenía a los Estados poderosos, de ahí su fórmula de la soberanía como «hipocresía organizada» (Krasner, 1999). Robert Jackson, por su parte, llamó «cuasi Estados» a los Estados poscoloniales que gozan de una soberanía negativa, garantizada por el reconocimiento y la no injerencia formal, pero carecen de soberanía positiva, es decir, de la capacidad efectiva de gobernar y proveer bienes públicos (Jackson, 1990). Yemen encaja con incómoda precisión en ambas categorías: su gobierno reconocido conserva el asiento en la ONU y el aval del Consejo de Seguridad, mientras su autoridad westfaliana ha sido penetrada una y otra vez desde el exterior.

El ensayo se apoya además en una distinción clásica de la sociología política. Max Weber definió la legitimidad como la creencia de los gobernados en la validez de un orden de dominación (Weber, 1964 [1922]). David Beetham propuso un criterio más exigente y más fácil de contrastar: un poder es legítimo en la medida en que se ajusta a reglas establecidas, esas reglas pueden justificarse mediante creencias compartidas por gobernantes y gobernados, y existe una expresión de consentimiento por parte de estos últimos (Beetham, 1991). Este ensayo usa el tercer elemento, el consentimiento expresado, como vara de medir, porque es precisamente el que los arreglos sucesivos en Yemen han omitido.

El argumento dialoga con una bibliografía amplia. Las historias generales de Paul Dresch (2000) y de Fred Halliday (1974; 1990) siguen siendo indispensables para el periodo colonial y para los dos Yemen. Lisa Wedeen (2008) estudió cómo se construyó la idea de nación yemení bajo un Estado débil, y Sarah Phillips (2011) describió el régimen de Saleh como un sistema de crisis permanente sostenido por el clientelismo. Para la guerra posterior a 2014 son centrales los trabajos de Helen Lackner (2017), Ginny Hill (2017), Isa Blumi (2018), Laurent Bonnefoy (2018) y Marieke Brandt (2017), esta última sobre los orígenes tribales y regionales del conflicto hutí. En lengua española, los artículos de Felipe Medina Gutiérrez en Estudios de Asia y África y Foro Internacional, ambas revistas de El Colegio de México, ofrecen una lectura latinoamericana del movimiento hutí y de Al Qaeda en la Península Arábiga (Medina Gutiérrez, 2020a; 2020b), y el Real Instituto Elcano ha analizado los dilemas de la intervención saudí (Bordón, s. f.).

El argumento avanza en tres pasos. Primero, describe el orden imperial británico en el Golfo y en Irán, porque las monarquías que dominan el entorno de Yemen adquirieron su forma moderna dentro de ese orden. Segundo, sigue la historia propia de Yemen desde 1839 hasta el presente. Tercero, evalúa la legitimidad del actual gobierno reconocido internacionalmente y la de su rival, Ansar Alá, con un criterio único y coherente para todos los actores externos, y la compara con la experiencia latinoamericana del reconocimiento de gobiernos.

La sección 2 expone el método. En síntesis, el ensayo trata los relatos dominantes y los contrahegemónicos por igual, como hipótesis que deben contrastarse con las pruebas.

2. Método: contrastar los relatos con las pruebas

El análisis geopolítico está condicionado por relatos en competencia. Los relatos dominantes son los de los gobiernos reconocidos y las grandes potencias: un gobierno legítimo restaurado, una amenaza pirata reprimida, una intervención solicitada por una autoridad legal. Los contrarrelatos suelen invertirlos y presentar los acontecimientos como el diseño de una única potencia hegemónica. Ambos pueden contener parte de verdad, y ninguno puede sustituir a las pruebas. Por ello, este ensayo trata cada relato, venga de los gobiernos occidentales, de Riad, Abu Dabi, Teherán, Israel, Ansar Alá o de los críticos de la hegemonía, como una hipótesis que debe contrastarse y no como un marco que deba confirmarse.

La historia aquí examinada muestra por qué. Durante más de un siglo, el relato oficial británico sobre la «piratería árabe» se aceptó como historia, aunque desde entonces ha sido seriamente cuestionado (Al-Qasimi, 1988; Davies, 1997). El papel británico y estadounidense en el golpe de 1953 en Irán se negó oficialmente durante décadas, hasta que los archivos de la CIA lo confirmaron (CNN, 2013; Abrahamian, 2013). Los contrarrelatos pueden fallar la misma prueba: la afirmación de que Ansar Alá era el gobierno elegido de Yemen, derrocado por un títere extranjero, no resiste el registro de que tomó Saná por la fuerza en 2014 y 2015 (BBC, s. f.).

El antropólogo haitiano Michel-Rolph Trouillot mostró que el poder interviene en la producción de la historia en cada etapa: cuando se crean las fuentes, cuando se reúnen en archivos, cuando se recuperan para construir relatos y cuando se les atribuye significado retrospectivo. Los silencios no son accidentes, sino efectos de esa desigualdad (Trouillot, 1995). Esa advertencia, formulada desde el Caribe a propósito de la Revolución haitiana, es directamente aplicable al Golfo, donde buena parte de lo que sabemos procede de los registros de la potencia que conquistaba.

2.1 Principios

Incentivos y conducta. La primera pregunta sobre cualquier actor externo es a quién beneficia, y la segunda, si sus actos coinciden con sus fines declarados. En Omán en 1970, por ejemplo, los intereses británicos en el petróleo, un aeródromo y un amortiguador frente a Yemen del Sur explican más que sus declaraciones públicas (Office of the Historian, s. f.-a).

Una jerarquía de fuentes. Los documentos primarios, como tratados, documentos gubernamentales desclasificados, sentencias judiciales e informes de la ONU, tienen el mayor peso. Les siguen la investigación académica y el periodismo de investigación. Las declaraciones de gobiernos, movimientos armados y organizaciones de incidencia se tratan como afirmaciones de partes interesadas y se atribuyen por su nombre, ya se trate de desmentidos israelíes, comunicados de prensa saudíes, declaraciones hutíes o cartas del Estado de Palestina. Los archivos también tienen límites: contienen lo que los Estados decidieron conservar y divulgar, de modo que la ausencia de un documento no prueba que un hecho no haya ocurrido (Trouillot, 1995).

Diseño, facilitación y aprovechamiento. Las potencias externas rara vez crean un conflicto de la nada. El ensayo distingue entre los resultados que las potencias externas diseñaron, los que facilitaron y los que aprovecharon una vez surgidos. Esta distinción evita dos errores: tratar a los actores locales como meros instrumentos y tratar a las potencias externas como espectadoras inocentes.

Un criterio simétrico. Las mismas pruebas se aplican a todos los patrocinadores. El apoyo de Irán a Ansar Alá se examina con el mismo escepticismo que la conducta británica, saudí, emiratí, estadounidense e israelí, y las pruebas favorables a una parte no se aceptan con más facilidad que las desfavorables.

Un criterio explícito de legitimidad. Siguiendo a Beetham (1991), el ensayo pregunta por cada autoridad si su poder se adquirió conforme a reglas reconocidas, si esas reglas se justifican ante la población gobernada y si hubo una expresión verificable de consentimiento, como elecciones competitivas, pactos nacionales ratificados o aceptación pública sostenida. El reconocimiento externo se registra, pero no se confunde con ninguno de esos tres elementos.

2.2 Clasificación de las pruebas

Cada afirmación principal se sitúa en una de cinco categorías. Las afirmaciones documentadas se basan en documentos primarios o en fuentes independientes convergentes. Las firmemente respaldadas se basan en pruebas sólidas, pero requieren cierta inferencia. Las parcialmente respaldadas son correctas en lo esencial, pero exageran lo que muestran las pruebas. Las controvertidas cuentan con pruebas creíbles en más de un sentido. Las no respaldadas son contradichas por las pruebas disponibles. Cuando un órgano jurídico o cuasijudicial ha llegado a una conclusión que aún está sujeta a resolución judicial, la clasificación nombra al órgano e indica lo que sigue pendiente. Por último, el relato de 2026 se basa en gran medida en información periodística contemporánea y puede revisarse a medida que aparezcan mejores fuentes.

3. Conquista sin anexión: el sistema de tratados británico

La dominación británica del Golfo no se logró solo mediante tratados. Comenzó con la fuerza ejercida por una compañía con carta real. La Compañía de las Indias Orientales, una corporación comercial con ejército y marina propios, gobernaba la India británica y consideraba el Golfo como el acceso marítimo a sus posesiones. A comienzos del siglo XIX calificó de piratas a los Qawasim de Ras al-Jaima y Sharjah, la principal potencia marítima árabe del bajo Golfo y un rival comercial, y expediciones procedentes de Bombay atacaron Ras al-Jaima en 1809 y de nuevo en 1819 (Al-Qasimi, 1988). La ciudad cayó el 9 de diciembre de 1819; la expedición la voló y dejó una guarnición de 800 cipayos con artillería (Wikipedia, 2026b). Un informe oficial británico recoge que la expedición de 1819–1820 condujo «a la imposición de un tratado general» a los jefes árabes y al nombramiento de un residente político con fuerzas navales y militares a su disposición para hacerlo cumplir (GlobalSecurity, s. f.). Los India Office Records describen el Tratado General de 1820 como el primero que impuso obligaciones imperiales británicas a alguna parte de Arabia (British Library, s. f.).

La propia justificación ha sido cuestionada. En The Myth of Arab Piracy in the Gulf, Sultán Muhammad al-Qasimi, historiador y actual gobernante de Sharjah, sostiene a partir de la correspondencia del propio gobierno de Bombay que la Compañía de las Indias Orientales construyó la amenaza pirata para eliminar la competencia árabe en el comercio con la India, y que esa campaña condujo al asalto de Ras al-Jaima y a la destrucción de los Qawasim (Al-Qasimi, 1988). Su lectura rebate el relato oficial del Gazetteer de J. G. Lorimer, compilado para el gobierno de la India a comienzos del siglo XX, en el que se apoyó buena parte de la historiografía británica posterior (Lorimer, 1908–1915; Wikipedia, 2026c). Charles Davies ofreció después una posición intermedia: a partir de los registros de la Compañía, concluyó que hubo ataques marítimos reales, pero que las autoridades británicas los interpretaron a través de categorías jurídicas y comerciales propias, confundieron la guerra marítima entre potencias regionales con piratería y exageraron la amenaza en función de sus intereses (Davies, 1997). El debate sigue abierto, pero muestra que el relato de la «piratería» era, como mínimo, la versión del conquistador.

Sobre esta base de fuerza, el Reino Unido construyó una escalera de acuerdos: una Tregua Marítima Perpetua en 1853, que dio nombre a la Costa de la Tregua, y los Acuerdos Exclusivos de 1892, que sometieron las relaciones exteriores de los jeques a la discreción británica (Britannica, s. f.-a). En virtud de los acuerdos de 1892, los jeques no podían ceder territorio salvo al Reino Unido ni establecer relaciones con ningún gobierno extranjero sin consentimiento británico; a cambio, el Reino Unido se comprometía a defenderlos (Gobierno de los EAU, s. f.). Firmados por gobernantes que habían visto lo que costaba negarse, no eran acuerdos entre iguales.

James Onley ha mostrado cómo funcionaba ese sistema en la práctica. El residente político en Bushehr, dependiente del gobierno de la India y no del Foreign Office, administraba el Golfo como una «frontera árabe» del Raj, a través de agentes nativos, en su mayoría comerciantes locales, que informaban sobre los jeques y transmitían las instrucciones británicas (Onley, 2007). Onley subraya también que la relación no era solo impuesta: muchos gobernantes buscaron la protección británica frente a vecinos más fuertes, como los wahabíes, los otomanos o Persia, de modo que la dominación descansaba en una combinación de coerción y de intereses compartidos con las élites gobernantes (Onley, 2005). Esa combinación es precisamente lo que hace del Golfo un caso de manual del imperio informal.

Los historiadores tienen un nombre para esta forma de dominación. John Gallagher y Ronald Robinson sostuvieron que el Reino Unido se expandió en ultramar «por medio del “imperio informal” tanto como mediante la adquisición de dominio en sentido constitucional estricto» (Gallagher y Robinson, 1953, p. 1), según la regla de «comercio con control informal si es posible; comercio con dominio cuando sea necesario» (Gallagher y Robinson, 1953). El Golfo se ajusta estrechamente a ese modelo. No hubo anexión formal, pero el Reino Unido controlaba las relaciones exteriores de los jeques, su capacidad de ceder territorio y, cuando lo decidía, la identidad del gobernante. La descripción más exacta es la de una conquista sin anexión: una dominación establecida por la fuerza militar y perpetuada después mediante tratados.

El mismo modelo se extendió hacia el norte. En enero de 1899, el jeque Mubarak Al-Sabah de Kuwait firmó un acuerdo secreto que, en la práctica, otorgaba al Reino Unido el control de la política exterior kuwaití, y Kuwait se convirtió en protectorado británico formal tras el estallido de la Primera Guerra Mundial (Britannica, s. f.-b). Catar ingresó en el sistema mediante un tratado en 1916, y sus acuerdos de protectorado se mantuvieron hasta la independencia en 1971 (UK Defence Journal, s. f.). Rosemarie Said Zahlan describe ese conjunto de acuerdos como el armazón dentro del cual se formaron los Estados modernos del Golfo, con fronteras, dinastías y burocracias que adquirieron forma bajo supervisión británica (Zahlan, 1998).

El sistema de tratados no solo subordinaba. Congelaba un mapa determinado y un conjunto determinado de familias gobernantes. Jeques costeros que de otro modo podrían haber sido absorbidos por vecinos más fuertes, o derrocados por rivales locales, quedaron protegidos frente a ataques externos, y sus linajes se convirtieron en los Estados permanentes de la región. Cuando un gobernante resultaba incómodo, el Reino Unido estaba dispuesto a ayudar a reemplazarlo. En agosto de 1966, el jeque Shakhbut de Abu Dabi, que se había resistido a gastar los ingresos petroleros, fue depuesto en un golpe palaciego incruento por miembros de su familia; el residente político británico interino le transmitió el apoyo británico a la decisión, y el hermano de Shakhbut, Zayed, asumió el poder (Wikipedia, 2026a; Heard-Bey, 1982; Davidson, 2009). Un año antes, en junio de 1965, el jeque Saqr bin Sultán al-Qasimi de Sharjah, uno de los gobernantes de la Costa de la Tregua, que se había acercado al nacionalismo árabe y a la Liga Árabe, fue destituido y sustituido por su primo Jalid bin Muhammad; los expedientes del Foreign Office sobre el «derrocamiento del gobernante de Sharjah» y documentos británicos examinados por la BBC registran el papel británico en ese cambio (The National Archives, 1965; BBC, 2022).

El caso más claro es el de Omán. El 23 de julio de 1970, el sultán Said bin Taimur fue derrocado por su hijo Qabus. A partir de documentos antes ocultados, Abdel Razzaq Takriti demuestra que el golpe fue planificado y ejecutado por el Foreign Office británico con la aprobación vacilante del Ministerio de Defensa, y que se difundió una versión falsa de los hechos para dotar al nuevo gobernante de mayor legitimidad (Takriti, 2013a). Registros estadounidenses de la época confirman que los intereses británicos en Omán se centraban en el petróleo, el aeródromo de Masirah y el papel del sultanato como amortiguador frente al régimen revolucionario de Yemen del Sur, y que Londres reconoció al nuevo sultán en cuestión de días (Office of the Historian, s. f.-a). El vínculo con Yemen es directo: la insurgencia de Dhofar que las fuerzas británicas combatieron en Omán recibía apoyo desde Yemen del Sur. En Monsoon Revolution, Takriti reconstruye esa revolución como un proyecto republicano y anticolonial con base en Adén, derrotado por una coalición de fuerzas británicas, tropas iraníes del sah y apoyo jordano (Takriti, 2013b). La guerra de Dhofar muestra que, ya en los años setenta, el destino del sur de Arabia se decidía en una red de patrocinios cruzados que unía Londres, Teherán, Amán y Adén.

En enero de 1968, el Reino Unido anunció que retiraría todas sus fuerzas al este de Suez antes de finales de 1971. Como señala Wm. Roger Louis, la decisión obedeció al colapso en Adén y a la crisis de la libra esterlina. El Reino Unido abandonó el Golfo el 1 de diciembre de 1971 dejando intacto el sistema político de los Estados dinásticos: Baréin y Catar se independizaron y los Estados de la Tregua formaron los Emiratos Árabes Unidos (Louis, 2025a). El gobierno de Estados Unidos describió ese momento como el fin del último vestigio de la Pax Britannica del siglo XIX (Office of the Historian, s. f.-b).

Algunos críticos califican a estas dinastías de seudomonarquías. La etiqueta es polémica y no del todo exacta: las familias gobernantes son anteriores a la protección británica, y varias han construido desde entonces Estados sólidos. Sin embargo, capta algo real. Su condición de Estados soberanos, sus fronteras y, en varios casos, la identidad del gobernante concreto fueron moldeadas por tratados, subsidios y, cuando fue necesario, golpes palaciegos británicos. Una formulación más defendible es que se trata de dinastías cuya condición estatal se forjó bajo la dominación británica, impuesta primero por la fuerza y después mediante tratados, y fue garantizada más tarde por Estados Unidos. Halliday lo resumió hace medio siglo al describir la península como una «Arabia sin sultanes» en potencia, cuyos sultanes sobrevivían gracias a la protección exterior más que al consentimiento interior (Halliday, 1974).

4. Irán: entronizar y destronar sahs

Irán nunca fue un protectorado británico, pero su monarquía moderna fue moldeada reiteradamente por el poder británico. En febrero de 1921, Reza Jan, oficial de la Brigada Cosaca Persa, participó en un golpe en Teherán que terminó llevándolo al trono como Reza Sah en 1925. El grado de complicidad británica es objeto de debate. La Encyclopaedia Iranica concluye que las pruebas disponibles ponen en duda un apoyo diplomático británico oficial, pero muestran un estímulo personal de miembros de la misión militar británica, incluido su jefe, el general de división Edmund Ironside, para que el ejército se agrupara en torno a Reza Jan (Ferrier, 1985). Stephanie Cronin, en su estudio sobre el ejército y la creación del Estado Pahlaví, sitúa el golpe en el contexto de una política británica dividida entre la Legación en Teherán, el Foreign Office y los militares sobre el terreno, y muestra que la construcción de un ejército centralizado fue el instrumento con el que Reza Jan acumuló el poder (Cronin, 1997).

El papel británico en 1941 no admite dudas. El Reino Unido y la Unión Soviética invadieron el Irán neutral en agosto de 1941 para asegurar rutas de abastecimiento y petróleo, y obligaron a Reza Sah a abdicar, colocando en el trono a su joven hijo Mohammad Reza Pahlaví (Britannica, s. f.-d). Doce años después, tras la nacionalización de la Anglo-Iranian Oil Company por el primer ministro Mohammad Mosaddeq, el Servicio Secreto de Inteligencia británico (MI6) y la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) organizaron el golpe de agosto de 1953 que lo derrocó y restauró el poder del sah. La CIA reconoció formalmente su papel en documentos publicados en 2013, que describen cómo la agencia y la inteligencia británica difundieron propaganda contra Mosaddeq y ayudaron a reunir a las fuerzas favorables al sah (CNN, 2013; Foreign Policy, 2017). Ervand Abrahamian sostiene que el conflicto de fondo no fue la Guerra Fría, como presentaron Londres y Washington, sino el control del petróleo y de la industria nacionalizada (Abrahamian, 2013), mientras que el volumen editado por Mark Gasiorowski y Malcolm Byrne reconstruye con documentos de ambos países la planificación y ejecución de la operación (Gasiorowski y Byrne, 2004).

Después de 1971, el sah se convirtió en el principal guardián de los intereses occidentales en el Golfo. En vísperas de la retirada británica, fuerzas iraníes ocuparon las islas de Abu Musa y la Gran y la Pequeña Tumb; cables desclasificados muestran que el enviado británico sir William Luce había acordado en secreto con el sah la entrega de dos de las tres islas (BBC, 2022). La disputa por las islas sigue enfrentando a Irán y a los Emiratos Árabes Unidos (Mattair, 2005). El caso iraní muestra así un ciclo completo de construcción imperial de monarquías: una dinastía que ascendió con estímulo británico, fue reorganizada por una invasión británica y soviética y fue rescatada por un golpe angloestadounidense, hasta que la revolución de 1979 la barrió.

5. Arabia Saudí: conquista bajo protección

Con frecuencia se describe al Estado saudí como una creación británica. El registro histórico respalda una afirmación más precisa. La dinastía Al Saud remonta su primer Estado a 1744 y a la alianza con el predicador Muhammad ibn Abd al-Wahhab; ese Estado fue destruido por fuerzas otomano-egipcias en 1818. Abdulaziz ibn Saud reconstruyó el poder saudí por la vía de la conquista a partir de 1902. El papel británico se ejerció mediante protección y dinero: en el Tratado de Darin de diciembre de 1915, Ibn Saud aceptó el estatus de protectorado y recibió armas británicas y un subsidio de 5.000 libras mensuales que se mantuvo hasta 1924 (Britannica, s. f.-c). El Reino Unido reconoció su independencia en el Tratado de Yeda de 1927. Gary Troeller documentó cómo la política británica hacia Ibn Saud osciló entre la India británica, que lo cultivaba como aliado frente a los otomanos, y El Cairo, que apostaba por los hachemíes (Troeller, 1976). Madawi al-Rasheed subraya, por su parte, que la consolidación del reino dependió tanto de las conquistas y alianzas matrimoniales y tribales de Ibn Saud como de las subvenciones externas (Al-Rasheed, 2010).

Hay dos matices importantes. En primer lugar, el Reino Unido también respaldó a los rivales de Ibn Saud, sobre todo a los hachemíes de La Meca. En 1921 patrocinó al príncipe hachemí Faisal como rey de Irak (Britannica, s. f.-e), y su hermano Abdalá recibió Transjordania. Ibn Saud conquistó el Hiyaz a los hachemíes, aliados de Londres, en 1924–1925. En segundo lugar, tras la concesión petrolera de 1933 y el encuentro de 1945 entre Ibn Saud y el presidente Franklin Roosevelt, Estados Unidos sustituyó al Reino Unido como principal protector del reino. Robert Vitalis ha mostrado que la imagen de una alianza armónica entre la compañía Aramco y el reino fue en buena medida un mito construido por la propia empresa, que ocultó las jerarquías raciales y laborales sobre las que se levantó la industria petrolera saudí (Vitalis, 2007). La formulación exacta es, por tanto, la de una conquista realizada por un cliente bajo patrocinio imperial: una dinastía que ganó su territorio con sus propias armas, pero con dinero y armamento británicos y como protectorado británico entre 1915 y 1927, y que después sobrevivió bajo protección estadounidense.

Para Yemen, el episodio decisivo llegó en 1934. Tras una breve guerra fronteriza, el Tratado de Taif reconoció la soberanía saudí sobre Asir, Najrán y Jizán y obligó a Yemen a pagar una indemnización de 100.000 libras en oro (Encyclopedia.com, s. f.). El ejército saudí capturó esas provincias, pero no pudo avanzar sobre Saná a través de las montañas del norte (Washington Institute, s. f.). Yemen solo aceptó formalmente la frontera con el tratado fronterizo internacional firmado en Yeda el 12 de junio de 2000, que reafirmó el carácter vinculante de la línea de Taif y delimitó por primera vez el resto de la frontera terrestre y marítima (Al-Enazy, 2002). Muchos yemeníes siguen considerando esas provincias como territorio perdido, y en octubre de 2026 los misiles hutíes impactaban en Najrán y Jizán (Al Jazeera, 2026c).

La relación posterior entre Riad y Saná se rigió por la misma lógica de patrocinio. F. Gregory Gause mostró que Arabia Saudí no trató a Yemen solo como un Estado vecino, sino como un espacio político en el que intervenía mediante subsidios al gobierno central y, en paralelo, pagos directos a jeques tribales y a figuras religiosas, de modo que la influencia saudí atravesaba la propia estructura interna del Estado yemení (Gause, 1990). Esa doble vía, Estado y tribus, explica por qué la frontera de 1934 y la de 2000 no cerraron la cuestión: Riad conservó siempre instrumentos para pesar en la política interna de su vecino.

6. Yemen, 1839–1967: Adén, el imamato y la guerra encubierta

En enero de 1839, el capitán Stafford Haines, de la marina de la Compañía de las Indias Orientales, la compañía armada con carta real que gobernaba entonces la India británica, tomó Adén. El pretexto fue el saqueo, por parte de tribus locales, de un buque naufragado con registro británico; el objetivo era una estación carbonera y un punto de apoyo estratégico en la ruta hacia la India. Una reseña sobre el periodo describe la toma como poco más que un acto de piratería sancionado oficialmente (British Empire, s. f.). Adén fue la primera adquisición territorial del reinado de la reina Victoria. Durante casi un siglo fue administrada desde Bombay como una dependencia de la India británica, y solo en 1937 se convirtió en colonia de la Corona (Gavin, 1975). El Reino Unido la rodeó después de tratados de protección con los sultanes y jeques del interior, que formaron el Protectorado de Adén, un mosaico de más de veinte pequeños Estados. Entre 1959 y 1963, el Reino Unido agrupó a muchos de ellos, y más tarde a la propia Adén, en la Federación de Arabia del Sur, concebida para contener el nacionalismo árabe.

Spencer Mawby ha mostrado que la Federación fue un intento de apoyarse en los gobernantes tradicionales del interior, los sultanes y jeques subsidiados, para contrarrestar a la población urbana de Adén, más numerosa en sindicatos y más próxima al nasserismo. Los funcionarios británicos sabían que esos gobernantes tenían escaso apoyo popular, pero los consideraban la única base fiable para conservar la base militar (Mawby, 2005). La estrategia repetía, en el sur de Arabia, el patrón del Golfo: sostener dinastías locales dependientes en lugar de buscar el consentimiento de la población.

Al norte de la esfera británica, los otomanos reafirmaron su control en el siglo XIX, y los imanes zaidíes encabezaron la resistencia. Tras la derrota otomana de 1918, el imán Yahya gobernó un Reino Mutawakkilí independiente. Dresch describe el imamato como un Estado que combinaba la autoridad religiosa zaidí con el arbitraje entre tribus, y que se cerró deliberadamente al exterior para preservar su autonomía (Dresch, 2000). La división entre un sur gobernado por los británicos y un norte bajo el imamato es el origen de los dos Yemen.

En septiembre de 1962, un grupo de oficiales del ejército derrocó el imamato y proclamó la República Árabe de Yemen. Egipto envió tropas para defender la república, mientras Arabia Saudí, Jordania y el Reino Unido respaldaban al imán monárquico. La intervención egipcia llegó a reunir unos 70.000 soldados, y a menudo se la ha llamado el «Vietnam de Nasser»; Jesse Ferris sostiene que esa sangría debilitó al ejército egipcio y contribuyó a la cadena de decisiones que desembocó en la guerra de 1967 (Ferris, 2013). Bruce Riedel señala que el Reino Unido creó una organización secreta, dirigida desde un edificio de Londres, para armar y entrenar a los monárquicos, y reclutó mercenarios europeos con experiencia en contrainsurgencia (Riedel, 2021). El estudio archivístico de Clive Jones muestra que una red privada de mercenarios, alentada tácitamente por sectores de Whitehall y apoyada inicialmente por gobernantes regionales, llegó a obtener ayuda israelí (Jones, 2004; 2006). Archivos desclasificados examinados por Mark Curtis muestran que funcionarios británicos respaldaron a los monárquicos aun reconociendo que los republicanos eran más populares, y que el primer ministro Alec Douglas-Home declaró ante el Parlamento en mayo de 1964 que el Reino Unido no suministraba armas a los monárquicos mientras el suministro encubierto estaba en marcha (Curtis, 2022). Asher Orkaby sostiene que la guerra no fue solo un episodio de la «guerra fría árabe» entre El Cairo y Riad, sino un conflicto internacionalizado en el que intervinieron también Londres, Washington, Moscú, Tel Aviv y la ONU, cuya misión de observación fracasó en verificar la retirada de las fuerzas extranjeras (Orkaby, 2017). Cabe señalar que Arabia Saudí respaldaba entonces a un imamato zaidí, la misma tradición religiosa de la que surgirían más tarde los hutíes. Su política respondía a intereses, no a afinidades confesionales.

En el sur, en 1963 comenzó una insurgencia nacionalista armada conocida como la Emergencia de Adén. Dos organizaciones rivales, el Frente de Liberación Nacional (FLN) y el Frente para la Liberación del Yemen del Sur Ocupado, respaldado por Egipto, combatieron a los británicos y también entre sí (Halliday, 1974). Las últimas tropas británicas partieron el 29 de noviembre de 1967, y el Frente de Liberación Nacional proclamó al día siguiente la independencia de Yemen del Sur, poniendo fin a 128 años de dominio británico (Louis, 2025b; Hansard, 1967). La salida fue apresurada: la Federación se desmoronó antes de la retirada, y Londres terminó entregando el poder a la organización que había combatido, no a los gobernantes que había protegido (Mawby, 2005).

7. Dos Yemen y la unificación, 1967–2011

Yemen del Sur se convirtió desde 1970 en la República Democrática Popular de Yemen, el único Estado marxista del mundo árabe, alineado con la Unión Soviética. Halliday, que estudió su política exterior, subrayó que el régimen de Adén intentó construir una soberanía real, con reforma agraria, alfabetización y un Estado centralizado, pero que su supervivencia dependió de la ayuda soviética y de su apoyo a movimientos revolucionarios vecinos, lo que lo convirtió a su vez en objetivo de las monarquías del Golfo (Halliday, 1990). Yemen del Norte salió de la guerra civil de 1962–1970 como una república muy dependiente de los subsidios saudíes, pagados tanto al Estado como directamente a los líderes tribales (Gause, 1990). Ambos Estados libraron guerras fronterizas en 1972 y 1979. Ali Abdalá Saleh tomó el poder en el Norte en 1978. En enero de 1986, un conflicto breve pero sangriento dentro del partido gobernante en Adén debilitó al Sur y, con el declive del apoyo soviético, ambos Estados se unificaron el 22 de mayo de 1990, con Saleh como presidente (BBC, s. f.).

La unificación coincidió con una nueva prueba de la dependencia exterior. Cuando Yemen, entonces miembro del Consejo de Seguridad, votó en noviembre de 1990 contra la resolución que autorizaba el uso de la fuerza contra Irak, Arabia Saudí expulsó a cientos de miles de trabajadores yemeníes, cuyas remesas eran vitales para la economía del país, y Estados Unidos recortó su ayuda (Dresch, 2000). El episodio mostró el precio de una política exterior autónoma para un Estado cuya economía dependía de su vecino.

La unificación no resolvió la fractura entre norte y sur. En 1994, los dirigentes del sur intentaron separarse y fueron derrotados por las fuerzas de Saleh (BBC, s. f.). Saleh gobernó mediante un sistema clientelar que él mismo describió, en una frase célebre, como bailar sobre las cabezas de las serpientes, equilibrando tribus, partidos, facciones militares y grupos islamistas (Clark, 2010). Phillips describe ese sistema como una red de patrocinio informal que incorporaba a las élites en lugar de construir instituciones, y que convirtió la crisis en una forma estable de gobierno (Phillips, 2011). Wedeen, por su parte, muestra que, pese a la debilidad del Estado, los yemeníes desarrollaron espacios de deliberación pública, como las reuniones del qat, en los que se discutía la política nacional, prueba de que el déficit de consentimiento no se debía a la ausencia de una comunidad política (Wedeen, 2008). El dinero extranjero alimentaba ese sistema: pagos saudíes a jeques tribales y, a partir de 2001, asistencia antiterrorista estadounidense dirigida contra Al Qaeda en la Península Arábiga. Medina Gutiérrez sostiene que la campaña estadounidense de drones contra esa organización fue ineficaz y contraproducente, y que la etiqueta antiterrorista oscureció las relaciones pragmáticas del grupo con tribus y actores locales (Medina Gutiérrez, 2020b).

El movimiento hutí surgió en ese contexto. Corriente de renovación zaidí originaria de la provincia norteña de Saada, se oponía tanto al alineamiento de Saleh con Estados Unidos como a la expansión del salafismo financiado por Arabia Saudí en zonas zaidíes. Entre 2004 y 2010, el gobierno libró seis rondas de guerra en Saada; el fundador del movimiento, Husein al-Huti, murió en 2004 (BBC, s. f.). Arabia Saudí intervino directamente en 2009. Un estudio de RAND encargado por el gobierno estadounidense describió el fenómeno hutí como la respuesta de una periferia marginada a un régimen que la excluía, más que como una franquicia de una potencia extranjera (Salmoni, Loidolt y Wells, 2010). Brandt muestra con detalle cómo las guerras de Saada se entrelazaron con conflictos tribales locales, venganzas y alianzas cambiantes, de modo que el movimiento creció al absorber agravios de comunidades enteras (Brandt, 2017), y Medina Gutiérrez insiste en sus dimensiones religiosas, tribales y políticas a la vez (Medina Gutiérrez, 2020a). Esas guerras convirtieron un movimiento religioso en una fuerza armada curtida.

8. De la Iniciativa del Golfo a Tormenta Decisiva, 2011–2015

Las protestas de 2011 forzaron la salida de Saleh. El acuerdo no fue negociado solo por yemeníes, sino por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), con el respaldo de Estados Unidos, la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de la ONU. En virtud de la Iniciativa del Golfo, Saleh obtuvo inmunidad y entregó el poder a su vicepresidente, Abd Rabbuh Mansur Hadi, quien fue confirmado en febrero de 2012 en unas elecciones en las que era el único candidato (BBC, s. f.). El CCG es un organismo extranjero; Yemen no es miembro. Por tanto, la legitimidad de la transición descansó desde el principio en el aval regional e internacional más que en un voto popular competitivo. Siguió una Conferencia de Diálogo Nacional, en la que participaron los hutíes.

El acuerdo dejó intacta buena parte de la estructura de poder anterior. Saleh conservó la jefatura de su partido, sus redes en el ejército y su inmunidad, mientras los jóvenes que habían protagonizado las protestas quedaron en gran medida al margen de la negociación (Hill, 2017). Lackner sostiene que la transición privilegió la estabilidad de las élites y la continuidad de las políticas económicas neoliberales sobre las demandas sociales que habían movilizado a la población (Lackner, 2017). La Conferencia de Diálogo Nacional, celebrada entre marzo de 2013 y enero de 2014, fue el ejercicio de deliberación más amplio de la historia del país, pero su resultado más controvertido, una federación de seis regiones decidida por una comisión designada por el presidente, fue rechazado tanto por los hutíes, que quedaban sin acceso al mar, como por buena parte del movimiento sureño (Lackner, 2017; Hill, 2017). Lo que pudo haber sido una fuente de consentimiento nacional terminó en un nuevo arreglo decidido desde arriba.

En septiembre de 2014, los hutíes, ahora aliados con su antiguo enemigo Saleh, tomaron Saná. Firmaron un Acuerdo de Paz y Asociación Nacional respaldado por la ONU, pero no lo aplicaron. En enero de 2015 sometieron a Hadi a arresto domiciliario; este dimitió y, tras huir a Adén en febrero, retiró su dimisión. En marzo de 2015, mientras las fuerzas hutíes y de Saleh avanzaban sobre Adén, Hadi solicitó una intervención militar, y una coalición encabezada por Arabia Saudí lanzó la Operación Tormenta Decisiva (BBC, s. f.). En abril, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2216, que exigía la retirada hutí e imponía un embargo de armas al movimiento; fue aprobada con catorce votos a favor y la abstención de Rusia (Naciones Unidas, 2015).

Esta secuencia es importante para el debate sobre la legitimidad. Los hutíes no heredaron un gobierno legítimo que luego fue derrocado; tomaron la capital por la fuerza. Pero el gobierno que desplazaron era a su vez producto de una transición negociada desde el exterior. Su presidente carecía de un mandato electoral competitivo, su periodo se había prorrogado sin votación y, en el momento en que invitó a fuerzas extranjeras, controlaba poco territorio. En los términos de Beetham (1991), ninguna de las dos partes cumplía en 2015 el requisito del consentimiento expresado.

9. Guerra, fragmentación y patrocinio, 2015–2025

La guerra devastó Yemen. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que, a finales de 2021, el conflicto había causado 377.000 muertes: 154.000 por violencia directa y 223.000, casi el 60 %, por causas indirectas como el hambre y las enfermedades. Alrededor del 70 % de las muertes atribuibles al conflicto correspondía a menores de cinco años (PNUD, 2021). El Grupo de Eminentes Expertos de la ONU constató que los bombardeos de la coalición habían causado la mayoría de las víctimas civiles directas y que existían motivos razonables para creer que algunos superaban los umbrales de crímenes de guerra (UN News, 2018). También constató que personas de todas las partes, incluidos los hutíes, el gobierno, el Consejo de Transición del Sur y miembros de la coalición, habían cometido actos que podrían constituir crímenes de guerra (ACNUDH, 2021). En agosto de 2018, un bombardeo de la coalición contra un autobús escolar en Dahyan, Saada, mató a decenas de niños; en el lugar se hallaron fragmentos de una bomba MK-82 de fabricación estadounidense (Al Jazeera, 2018).

El hambre no fue solo un efecto colateral. Martha Mundy, a partir de una base de datos de ataques aéreos, documentó que los bombardeos de la coalición alcanzaron de forma reiterada granjas, sistemas de riego, mercados, almacenes de alimentos, embarcaciones pesqueras e infraestructura de transporte, y sostuvo que el patrón indicaba una estrategia dirigida contra la producción y la distribución de alimentos en las zonas rurales controladas por los hutíes (Mundy, 2018). Junto con las restricciones a las importaciones por los puertos del mar Rojo, esa estrategia ayuda a explicar por qué la mayor parte de las muertes atribuibles a la guerra fueron indirectas.

Los proveedores de armas de la coalición no fueron meros espectadores. En junio de 2019, el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales resolvió que el gobierno británico había actuado ilícitamente al conceder licencias de exportación de armas a Arabia Saudí sin evaluar si la coalición había cometido violaciones previas del derecho internacional humanitario en Yemen, y le ordenó reconsiderar sus decisiones (Court of Appeal, 2019). El fallo no prohibió las ventas, pero estableció judicialmente que el principal proveedor histórico de la región había autorizado exportaciones sin hacer las preguntas que exigía su propia ley.

La coalición no era un actor único. Los Emiratos Árabes Unidos crearon sus propias fuerzas en el sur, entre ellas el Consejo de Transición del Sur (CTS), fundado en 2017, que perseguía la independencia del sur y chocó reiteradamente con el gobierno respaldado por Arabia Saudí. En diciembre de 2017, Saleh rompió con los hutíes y fue asesinado por ellos (BBC, s. f.). A comienzos de la década de 2020, Yemen estaba dividido entre un noroeste gobernado por los hutíes, donde vive la mayor parte de la población, y un bando antihutí fragmentado en el que competían clientes saudíes y emiratíes. Peter Salisbury describió ese mapa como un «caos nacional» compuesto de órdenes locales, en el que cada territorio respondía a un patrón distinto y en el que el Estado central era apenas uno más de los actores (Salisbury, 2017). Javier Bordón añade que Arabia Saudí carecía de influencia suficiente para poner fin a la guerra por sí sola, pero sí de la capacidad de bloquear cualquier estabilización que no tuviera en cuenta sus intereses (Bordón, s. f.).

El papel de Irán debe medirse con la misma vara. El Panel de Expertos del Consejo de Seguridad concluyó en enero de 2018 que Irán había incumplido la Resolución 2216 al no impedir el suministro de misiles balísticos de corto alcance y otros equipos de origen iraní a los hutíes (Panel de Expertos sobre Yemen, 2018). Thomas Juneau, por su parte, sostuvo que el apoyo iraní hasta mediados de la década de 2010 fue limitado en volumen y modesto en costo, y que Teherán ejercía una influencia real pero restringida sobre un movimiento con agenda propia (Juneau, 2016). Las dos conclusiones no se contradicen: el apoyo iraní creció con la guerra, como reconocen ambas fuentes de forma implícita, y los hutíes siguieron tomando decisiones de acuerdo con sus prioridades internas.

En abril de 2022, al término de unas consultas yemeníes celebradas en Riad bajo los auspicios del CCG, Hadi transfirió sus poderes a un Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP) de ocho miembros presidido por Rashad al-Alimi (Sanaa Center, 2022). El International Crisis Group afirma que Hadi transfirió sus poderes a instancias de saudíes y emiratíes y que la decisión se tomó en Riad (International Crisis Group, s. f.). Arabia Saudí y los EAU premiaron el paso con un compromiso de ayuda de 3.000 millones de dólares (The New Arab, 2022). Hadi permaneció en Riad hasta su muerte en mayo de 2026, según se informó en una situación de arresto domiciliario de hecho (Middle East Eye, 2026).

Desde finales de 2023, los hutíes atacaron el tráfico marítimo en el mar Rojo en nombre de la solidaridad con Gaza, lo que provocó bombardeos estadounidenses, británicos e israelíes. En marzo de 2025, Estados Unidos volvió a designar a Ansar Alá como organización terrorista extranjera (Congressional Research Service, 2025). En las zonas bajo su control, los hutíes detuvieron además a decenas de trabajadores de la ONU y de organizaciones humanitarias; en junio de 2026, el secretario general de la ONU contabilizaba 73 empleados de la organización detenidos por las autoridades de facto hutíes y exigía su liberación inmediata (Arab News, 2026).

El bando antihutí se fragmentó aún más. En diciembre de 2025, el CTS lanzó una ofensiva en Hadramaut y Al Mahra (Al Jazeera, 2026e). Después de que aviones saudíes atacaran el 30 de diciembre un cargamento de vehículos militares enviado por los EAU, estos retiraron sus fuerzas (Salem, 2026). El 9 de enero de 2026, dirigentes del CTS en Riad anunciaron la disolución del consejo y su participación en un diálogo sureño patrocinado por Arabia Saudí (Saudi Press Agency, 2026); medios del sur describieron las circunstancias como opacas y las vincularon con presiones políticas directas (South24, 2026). El episodio ilustra la dinámica entre patrón y cliente en su forma más cruda: un movimiento yemení creado por un Estado del Golfo fue desmantelado por otro.

10. La guerra de 2026

La guerra de Yemen se reavivó como parte de una guerra regional más amplia. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán a finales de febrero de 2026 (AFP, 2026), en los que murió el líder supremo Alí Jamenei (Salem, 2026). Los hutíes entraron en la guerra con un ataque contra Israel en marzo (Reuters, 2026b). En julio, Irán envió un avión con una delegación hutí al funeral de Jamenei, desafiando el bloqueo aéreo saudí; Arabia Saudí bombardeó el aeropuerto de Saná, y los hutíes dieron por muerta la tregua con Riad y anunciaron un bloqueo naval contra el tráfico saudí (Salem, 2026).

En septiembre, los hutíes tomaron Moca y luego el resto de la costa del mar Rojo, hasta alcanzar el estrecho de Bab el-Mandeb (Al Jazeera, 2026a). Fuentes del gobierno yemení, iraníes y regionales dijeron a Reuters que el avance contó con orientación directa de la Guardia Revolucionaria iraní, que buscaba abrir un nuevo frente en la guerra de Irán con Estados Unidos (Reuters, 2026a). El 4 de octubre, Al-Alimi, hablando desde Arabia Saudí, anunció la Operación Amanecer de Yemen para recuperar todo el territorio en manos hutíes, incluida Saná (Al Jazeera, 2026b). Los hutíes respondieron con ataques con misiles y drones contra aeropuertos e infraestructura energética saudíes; dos ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad mataron a 14 personas e hirieron a más de 300 (Al Jazeera, 2026d). Pakistán y Turquía acordaron desplegar tropas en Arabia Saudí (Euronews, 2026). El enviado especial de la ONU advirtió que Yemen había vuelto a caer en una guerra a gran escala (UN DPPA, 2026). A comienzos de octubre, la Organización Mundial de la Salud contabilizaba al menos 959 muertos y más de 4.200 heridos en los últimos combates, y la Organización Internacional para las Migraciones más de 184.000 desplazados (Al Jazeera, 2026c).

La guerra de 2026 condensa la lógica de los dos siglos anteriores. La costa de Yemen y su estrecho se han convertido una vez más en instrumentos de un conflicto entre potencias externas, esta vez Estados Unidos e Irán, mientras los yemeníes soportan la mayor parte del costo. El paralelo con 1839 es literal: la misma franja costera que la Compañía de las Indias Orientales tomó por su valor como escala en la ruta hacia la India vuelve a disputarse por su valor como paso marítimo, y la operación anunciada para recuperar Saná se proclamó, una vez más, desde territorio extranjero.

11. Israel: aprovechar la fragmentación y expandir el control

El papel de Israel debe figurar en este análisis por dos razones. Ha intervenido directamente en Yemen en varios momentos y, desde 2023, su guerra en Gaza y sus campañas regionales han sido uno de los principales motores de la escalada que ha arrastrado a Yemen. Siguiendo el método expuesto en la sección 2, esta sección distingue lo que Israel diseñó, lo que facilitó y lo que aprovechó.

11.1 Yemen como frente contra Egipto, 1964–1966

La primera intervención israelí en Yemen se produjo durante la guerra de los monárquicos contra la república respaldada por Egipto. Entre el 31 de marzo de 1964 y mayo de 1966, aviones de transporte israelíes realizaron catorce misiones en las que lanzaron armas, municiones y suministros médicos a las fuerzas monárquicas, con los nombres en clave Rotev y Dorban, en coordinación con la red británica de mercenarios descrita anteriormente (Orkaby, 2014; 2017). En dos ocasiones, los lanzamientos llegaron a un comandante monárquico aislado y lo salvaron de la derrota. El propósito no era yemení: se trataba de mantener a las tropas egipcias inmovilizadas en Yemen y lejos de la frontera israelí, y los observadores israelíes obtuvieron un conocimiento directo de las capacidades egipcias que influyó después en la decisión de atacar Egipto en junio de 1967 (Orkaby, 2014). Ferris llega a una conclusión compatible desde el lado egipcio: el desgaste en Yemen fue uno de los factores que condujeron a Nasser a la guerra de 1967 en condiciones de debilidad (Ferris, 2013). Es un caso claro de una potencia externa que aprovecha una guerra civil yemení para sus propios fines estratégicos.

11.2 Gaza, el mar Rojo y los ataques contra Yemen, 2023–2025

La actual guerra regional comenzó con el ataque encabezado por Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas en Israel y 251 fueron tomadas como rehenes, y con la ofensiva israelí contra Gaza que le siguió (The Independent, 2026). Desde octubre de 2023, los hutíes atacaron el tráfico marítimo y lanzaron misiles y drones contra Israel en nombre de la solidaridad con Gaza. Israel respondió con bombardeos sobre Yemen a partir de julio de 2024. Desde mayo de 2025 ha atacado reiteradamente los tres puertos del mar Rojo bajo control hutí, Hodeida, As-Salif y Ras Isa, por los que pasan alrededor del 70 % de las importaciones de Yemen y el 80 % de su ayuda humanitaria, según la ONU; un ataque de mayo de 2025 contra el aeropuerto internacional de Saná destruyó la terminal de salidas y aviones civiles de la aerolínea nacional (Chatham House, 2025). El 28 de agosto de 2025, un ataque israelí contra una reunión de gobierno en Saná mató al primer ministro del gobierno hutí, Ahmed al-Rahawi, y a varios ministros (Reuters, 2025a). Cualquiera que sea la justificación militar invocada, los ataques contra puertos y un aeropuerto por los que llega la mayor parte de los alimentos y la ayuda de la población agravan la crisis humanitaria del país más pobre del mundo árabe. El patrón repite el que Mundy (2018) documentó para la coalición: la infraestructura de la que depende la alimentación de la población civil se convierte en objetivo.

11.3 Somalilandia y Bab el-Mandeb

El 26 de diciembre de 2025, Israel se convirtió en el primer Estado miembro de la ONU en reconocer a Somalilandia, el territorio que declaró su separación de Somalia en 1991; Reuters señaló que la medida daba a Israel un posible socio estratégico contra los hutíes en la orilla opuesta del golfo de Adén (Reuters, 2025b). En marzo de 2026, Bloomberg informó de que Israel buscaba una base militar en el puerto somalilandés de Berbera (War on the Rocks, 2026). El reconocimiento fue criticado por la Unión Africana, Egipto, Turquía, el CCG y la Organización de Cooperación Islámica, y el líder hutí declaró objetivo militar cualquier presencia israelí en Somalilandia (Al Jazeera, 2025a). El episodio encaja en el patrón descrito a lo largo de este ensayo: una potencia externa que utiliza la fragmentación de un Estado débil, en este caso Somalia, para obtener un punto de apoyo en un paso estratégico. También ilustra el argumento de Krasner (1999): el reconocimiento de Estados se concede o se niega según la conveniencia estratégica de quien reconoce.

11.4 La guerra regional de 2026

La guerra que reavivó el conflicto yemení en 2026 comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero (AFP, 2026), en los que murió el líder supremo Alí Jamenei (Salem, 2026). Los hutíes se sumaron a la guerra con un ataque contra Israel en marzo (Reuters, 2026b). Israel no diseñó las divisiones internas de Yemen, pero la guerra regional que lanzó junto con Washington proporcionó el detonante del colapso de la tregua entre Arabia Saudí y los hutíes y del regreso de Yemen a una guerra a gran escala.

11.5 Gaza y las conclusiones sobre genocidio

En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado concluyó que las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes habían cometido cuatro de los cinco actos de genocidio definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948: matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental, sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción y medidas destinadas a impedir los nacimientos. Determinó que la intención genocida era la única inferencia razonable a partir del patrón de conducta y que el presidente, el primer ministro y el exministro de Defensa de Israel habían incitado al genocidio (ONU, 2025). En junio de 2026, la Comisión informó de que las fuerzas israelíes habían atacado deliberadamente a niños palestinos, lo que constituye genocidio y crímenes atroces en Gaza (UN News, 2026). Human Rights Watch informó en octubre de 2026 de que los actos de genocidio y los crímenes de lesa humanidad, incluidos el desplazamiento forzado y el exterminio, habían persistido durante el alto el fuego vigente desde octubre de 2025; según el Ministerio de Salud de Gaza, el número de muertos desde octubre de 2023 superaba los 74.000, entre ellos más de 21.000 niños (Human Rights Watch, 2026).

Esas conclusiones no son aisladas, sino que convergen con las de otras fuentes independientes, lo que según el método de este ensayo eleva su peso probatorio. En diciembre de 2024, Amnistía Internacional concluyó, tras una investigación propia, que Israel estaba cometiendo genocidio contra los palestinos de Gaza (Amnistía Internacional, 2024). Ese mismo mes, Human Rights Watch concluyó que la privación deliberada de agua constituía el crimen de lesa humanidad de exterminio y actos de genocidio (Human Rights Watch, 2024). En julio de 2025, dos organizaciones israelíes de derechos humanos, B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos-Israel, llegaron a la misma conclusión (Al Jazeera, 2025b), y el 1 de septiembre de 2025 la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio aprobó una resolución en ese sentido con el respaldo del 86 % de los miembros que votaron (PBS, 2025).

Israel rechaza estas conclusiones y califica de totalmente infundada la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (BBC, 2025); su Ministerio de Asuntos Exteriores calificó de «vergonzosa» la resolución de la asociación de estudiosos (PBS, 2025). La sentencia de la Corte sobre el fondo sigue pendiente: en mayo de 2026 fijó plazos que se extienden hasta mayo de 2029 para los escritos restantes (CIJ, 2026). Sus órdenes de medidas provisionales, que obligan a Israel a prevenir actos de genocidio y a permitir la asistencia humanitaria, siguen siendo vinculantes (Gobierno de Sudáfrica, 2026). La afirmación exacta a octubre de 2026 es, por tanto, que una comisión de investigación de la ONU y las principales organizaciones de derechos humanos, incluidas organizaciones israelíes, han concluido que Israel cometió genocidio en Gaza, mientras que la determinación judicial de la CIJ sigue pendiente.

11.6 Expansión territorial

En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia dictaminó, por once votos contra cuatro, que la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilícita. Determinó que las políticas israelíes, incluidos los asentamientos, el desplazamiento de palestinos y la extensión de la legislación israelí, equivalen a la anexión de grandes partes de ese territorio, en violación de la prohibición de adquirir territorio por la fuerza (CIJ, 2024). La expansión de los asentamientos ha continuado: el Estado de Palestina informó a la ONU en 2026 de que Israel había aprobado 3.401 viviendas en la zona E1, que separarían el norte y el sur de Cisjordania y aislarían Jerusalén Oriental de su entorno palestino (Estado de Palestina, 2026).

La expansión ha ido más allá de Palestina. Tras la caída de Bashar al-Asad en diciembre de 2024, Israel declaró nulo el acuerdo de separación de 1974 con Siria y ocupó la zona de amortiguación patrullada por la ONU; la ONU cifra en 235 kilómetros cuadrados la zona ocupada en el sur de Siria (Al-Ahram, 2026). Tras su invasión terrestre del Líbano en marzo de 2026, Israel controla una franja equivalente a cerca del 5 % del territorio libanés, que se adentra hasta 10 kilómetros desde la frontera, y el ministro de Defensa israelí ha ordenado al ejército prepararse para una presencia prolongada (BBC, 2026b). Las fuerzas de paz de la ONU contabilizan casi treinta posiciones militares israelíes en el sur del Líbano, entre ellas ocho bases fortificadas (The National, 2026). Israel describe estas posiciones como zonas de seguridad temporales. Sin embargo, su fortificación y la intención declarada de permanecer apuntan al mismo patrón que la CIJ identificó en Palestina: una ocupación militar que se transforma en una pretensión de control permanente.

11.7 Valoración

Con el mismo criterio aplicado al Reino Unido, Arabia Saudí e Irán, las pruebas respaldan tres conclusiones. Primera, Israel ha aprovechado reiteradamente la fragmentación de sus vecinos, desde la guerra civil yemení de los años sesenta hasta la Siria posterior a Asad y la Somalia dividida, para obtener profundidad estratégica. Segunda, su guerra regional de 2026 fue un detonante directo del regreso de Yemen a una guerra a gran escala, y sus ataques contra los puertos yemeníes y el aeropuerto han agravado la catástrofe humanitaria. Tercera, una comisión de investigación de la ONU ha concluido que su conducta en Gaza constituye genocidio, conclusión que comparten las principales organizaciones de derechos humanos y la principal asociación académica de estudiosos del genocidio, que Israel rechaza y sobre la que la CIJ aún no se ha pronunciado. Las pruebas no demuestran que Israel haya diseñado el conflicto interno de Yemen, cuyas raíces se encuentran en la historia descrita en las secciones anteriores. Sí demuestran que Israel, al igual que las demás potencias aquí examinadas, ha tratado la debilidad de los pueblos de la región, y ante todo la de los palestinos, como una oportunidad.

12. Una legitimidad conferida desde el exterior

12.1 El origen extranjero de la autoridad reconocida

La cadena de legitimidad del gobierno reconocido internacionalmente pasa por la Iniciativa del Golfo de 2011, redactada y firmada bajo los auspicios del CCG; unas elecciones con candidato único en 2012; la invitación de Hadi en 2015 a una coalición encabezada por Arabia Saudí; la Resolución 2216; y la transferencia de poder de 2022 a un consejo constituido en Riad. Cada eslabón se forjó en gran medida fuera de Yemen. El gobierno actual depende del apoyo financiero saudí para su presupuesto y su banco central, del poder aéreo saudí para sus operaciones militares y del territorio saudí para buena parte de la presencia de sus dirigentes. Calificarlo de gobierno títere es un resumen polémico. Describirlo como un gobierno cliente, con soberanía limitada y escasa legitimidad interna, es la formulación que las pruebas respaldan con mayor claridad.

En el lenguaje de Jackson (1990), se trata de un caso extremo de soberanía negativa sin soberanía positiva: el gobierno reconocido conserva todos los atributos jurídicos del Estado, desde el asiento en la ONU hasta la firma de tratados, mientras su capacidad efectiva de gobernar depende de un patrón extranjero. En el de Krasner (1999), Yemen ha conservado su soberanía jurídica internacional mientras su soberanía westfaliana era violada de manera continuada por casi todos sus vecinos y por varias grandes potencias. Esa disociación no es una anomalía yemení. Es, como muestran las secciones 3 a 5, la forma en que se construyó buena parte del orden estatal de la península.

12.2 La intervención por invitación

La coalición justificó su intervención como respuesta a una invitación del presidente legítimo. Los especialistas en derecho internacional discrepan sobre si un dirigente que dimitió bajo coacción, retiró la dimisión desde una ciudad de provincias y perdió el control de la mayor parte del país puede invitar válidamente a fuerzas extranjeras. Tom Ruys y Luca Ferro concluyeron que la operación resulta problemática desde la perspectiva de la doctrina de la intervención por invitación, que el argumento de la legítima defensa colectiva tampoco la respalda de forma convincente y que el caso pone de manifiesto la indeterminación de la doctrina y su susceptibilidad al abuso (Ruys y Ferro, 2016). Gregory Fox observa, en términos más generales, que la práctica estatal ha oscilado entre el criterio del control efectivo del territorio y el de la legitimidad democrática del gobierno que invita, sin que ninguno se haya impuesto con claridad (Fox, 2015). Hadi no satisfacía con holgura ninguno de los dos.

El argumento se vuelve circular cuando la autoridad que invita fue creada por una transición diseñada por la organización regional de los propios Estados que intervienen. El aval del Consejo de Seguridad no elimina esa circularidad, puesto que varios de sus miembros permanentes eran también proveedores de armas de la coalición (Court of Appeal, 2019). Esta crítica se inscribe en una corriente académica más amplia, conocida como Enfoques del Tercer Mundo sobre el Derecho Internacional (TWAIL, por sus siglas en inglés), que sostiene que las normas sobre reconocimiento e intervención han servido históricamente a las potencias dominantes. Antony Anghie mostró que la doctrina de la soberanía se forjó en el encuentro colonial y que el derecho internacional ha reservado a las potencias la facultad de decidir qué entidades no europeas merecían el estatus de soberanas (Anghie, 2005); Makau Mutua resumió el programa de esa corriente como la crítica de un derecho internacional que legitima, reproduce y sostiene la subordinación de los pueblos no europeos (Mutua, 2000). Además, la licitud de iniciar una guerra y la licitud de la forma en que se libra son cuestiones distintas; el registro documentado por los investigadores de la ONU plantea serias dudas sobre la segunda (ACNUDH, 2021).

12.3 Un paralelo latinoamericano

El patrón se asemeja al papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en América Latina, donde un organismo regional dominado por una potencia ha contribuido a decidir qué gobiernos se consideran legítimos. América Latina, además, produjo dos respuestas doctrinales clásicas al problema que plantea Yemen: ¿quién decide qué gobierno es legítimo?

La primera es la doctrina Tobar, formulada en 1907 por el canciller ecuatoriano Carlos Tobar e incorporada a los tratados centroamericanos de Washington de ese año. Proponía negar el reconocimiento a los gobiernos surgidos de golpes o revoluciones hasta que fueran legitimados por una asamblea representativa elegida libremente. La segunda es la doctrina Estrada, enunciada por el canciller mexicano Genaro Estrada en 1930, que la rechazó por considerar que el reconocimiento convertía a los gobiernos extranjeros en jueces de la legitimidad interna de otros pueblos; México se limitaría a mantener o retirar a sus representantes diplomáticos, sin pronunciarse sobre la legitimidad de los gobiernos (Sepúlveda, 1954). Ambas doctrinas parten de una misma constatación: el reconocimiento es un instrumento de poder. Tobar quería ponerlo al servicio del consentimiento popular; Estrada, sustraerlo a la injerencia exterior.

Yemen ilustra lo que ocurre cuando no rige ninguno de los dos principios. El reconocimiento del gobierno de Hadi, y después del CLP, no se condicionó a una legitimación por una asamblea libremente elegida, como habría exigido Tobar, ni se abstuvo de juzgar la legitimidad interna, como habría exigido Estrada. Se otorgó, en cambio, según la conveniencia de los Estados que reconocían, que eran a la vez quienes habían diseñado la transición y quienes después intervinieron militarmente.

La práctica interamericana ofrece ejemplos concretos de ese uso del reconocimiento. En enero de 1962, la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Punta del Este, excluyó al gobierno de Cuba de la participación en el sistema interamericano por declarar su adhesión al marxismo-leninismo incompatible con dicho sistema (OEA, 1962). En 1965, tras el desembarco de tropas estadounidenses en Santo Domingo para impedir el regreso al poder de los constitucionalistas, la OEA creó una Fuerza Interamericana de Paz que dio cobertura multilateral a una intervención ya decidida en Washington (Gleijeses, 1978). Greg Grandin interpretó esas experiencias como el «taller» en el que Estados Unidos ensayó las formas de intervención que después aplicaría en Oriente Medio (Grandin, 2006). Y en 2019, el informe de la misión de auditoría de la OEA sobre las elecciones bolivianas, que habló de manipulación dolosa, contribuyó a la crisis que terminó con la salida del presidente Evo Morales (OEA, 2019), aunque análisis estadísticos posteriores, publicados en revistas académicas con revisión por pares, cuestionaron que el cambio en el voto tardío probara un fraude (Idrobo, Kronick y Rodríguez, 2022).

La diferencia es reveladora. Los Estados latinoamericanos forman parte de la OEA, la han resistido desde dentro y han creado alternativas, desde la doctrina Estrada hasta la readmisión de Cuba votada en 2009 y la creación de foros regionales propios. Yemen no tiene asiento en el CCG, cuyo miembro principal lo ha bombardeado. Si la OEA ha sido a menudo un instrumento de tutela, el CCG lo ha sido en un grado mayor, porque el Estado tutelado ni siquiera participa en las deliberaciones que deciden su destino.

12.4 Un criterio coherente

El argumento es más sólido cuando se aplica a todos los patrocinadores. Irán suministra a los hutíes armas y financiación y, según informaciones de 2026, orientación operativa (Reuters, 2026a); el Panel de Expertos de la ONU ya había constatado en 2018 el incumplimiento iraní del embargo de armas (Panel de Expertos sobre Yemen, 2018). La autoridad de Ansar Alá descansa en el control militar y no en elecciones, y los investigadores de la ONU han documentado detenciones arbitrarias, tortura y reclutamiento de menores en las zonas que controla (ACNUDH, 2021), así como la detención de decenas de trabajadores de la propia ONU (Arab News, 2026). Al mismo tiempo, los hutíes gobiernan a la mayor parte de la población yemení (BBC, 2026a), han tomado decisiones con independencia de Teherán (Juneau, 2016) y cuentan con un apoyo interno real, construido en parte sobre agravios regionales y tribales de larga data y sobre la resistencia a los bombardeos de la coalición (Brandt, 2017; Medina Gutiérrez, 2020a). Ninguna de las partes puede reivindicar una legitimidad derivada del libre consentimiento de los yemeníes. La legitimidad del gobierno reconocido es sobre todo externa; la de los hutíes es sobre todo coercitiva y en parte popular.

13. Clasificación de las pruebas

La tabla siguiente clasifica las principales afirmaciones examinadas en este ensayo según la solidez de las pruebas.

Afirmación	Estado	Fundamento
El Reino Unido sometió el Golfo mediante la fuerza militar seguida de tratados impuestos (1809–1916)	Documentada	Expediciones de 1809 y 1819 y tratado de 1820 (Al-Qasimi, 1988; British Library, s. f.); tratados posteriores (Britannica, s. f.-a; Gobierno de los EAU, s. f.; Onley, 2007)
La justificación de la «piratería» fue construida por la Compañía de las Indias Orientales	Controvertida	Al-Qasimi (1988) frente al relato oficial de Lorimer (1908–1915); posición intermedia de Davies (1997)
El Reino Unido ayudó a deponer a gobernantes en Sharjah (1965), Abu Dabi (1966) y Omán (1970)	Documentada	Takriti (2013a); Office of the Historian (s. f.-a); The National Archives (1965); Heard-Bey (1982); Davidson (2009)
Arabia Saudí fue creada por el Reino Unido	Parcialmente respaldada: conquista de un cliente bajo patrocinio imperial	Protectorado, armas y subsidio documentados (Britannica, s. f.-c; Troeller, 1976); Ibn Saud no fue instalado por el Reino Unido y conquistó el Hiyaz a sus aliados hachemíes (Al-Rasheed, 2010)
El Reino Unido dirigió el golpe de Reza Jan de 1921	Controvertida	Estímulo personal de Ironside documentado; la política oficial es objeto de debate (Ferrier, 1985; Cronin, 1997)
La CIA y el MI6 derrocaron a Mosaddeq en 1953	Documentada	Registros de la CIA publicados en 2013 (CNN, 2013); Gasiorowski y Byrne (2004); Abrahamian (2013)
El Reino Unido libró una guerra encubierta contra la república yemení (1962–1965)	Documentada	Jones (2004; 2006); Curtis (2022); Riedel (2021); Orkaby (2017)
Arabia Saudí intervino en la política interna yemení mediante pagos a tribus además de al Estado	Firmemente respaldada	Gause (1990); Dresch (2000)
La transición de 2011–2012 fue diseñada y avalada desde el exterior	Documentada	Iniciativa del Golfo y elección con candidato único (BBC, s. f.); Hill (2017); Lackner (2017)
La intervención de 2015 fue jurídicamente sólida como intervención por invitación	Controvertida	Ruys y Ferro (2016); Fox (2015); Resolución 2216 (Naciones Unidas, 2015)
Los bombardeos de la coalición afectaron de forma sistemática a la producción y distribución de alimentos	Firmemente respaldada	Mundy (2018); ACNUDH (2021); PNUD (2021)
El gobierno británico autorizó ventas de armas a Arabia Saudí sin evaluar violaciones previas del derecho humanitario	Documentada	Court of Appeal (2019)
El CLP se formó a instancias de saudíes y emiratíes	Firmemente respaldada	International Crisis Group (s. f.); Sanaa Center (2022)
Irán incumplió el embargo de armas de la Resolución 2216	Documentada	Panel de Expertos sobre Yemen (2018); Reuters (2026a)
Los hutíes actúan por órdenes de Irán	Parcialmente respaldada	Armas iraníes y orientación en 2026 documentadas (Reuters, 2026a); historial de decisiones autónomas (Juneau, 2016; Brandt, 2017)
Los hutíes eran el gobierno legítimo de Yemen y fueron derrocados	No respaldada	Los hutíes tomaron Saná por la fuerza en 2014–2015 (BBC, s. f.)
Los hutíes detienen arbitrariamente a civiles y a personal de la ONU	Documentada	ACNUDH (2021); Arab News (2026)
Israel ayudó a los monárquicos yemeníes para inmovilizar a Egipto (1964–1966)	Documentada	Orkaby (2014; 2017); Ferris (2013)
Los ataques israelíes alcanzaron los puertos y el aeropuerto por los que pasan la mayoría de las importaciones y la ayuda de Yemen	Documentada	Chatham House (2025); Reuters (2025a)
Israel aprovecha la fragmentación regional para obtener puntos de apoyo estratégicos	Firmemente respaldada	Reconocimiento de Somalilandia (Reuters, 2025b); sur de Siria (Al-Ahram, 2026); sur del Líbano (BBC, 2026b)
Israel cometió genocidio en Gaza	Establecida por una comisión de investigación de la ONU; fallo de la CIJ pendiente	ONU (2025); UN News (2026); Amnistía Internacional (2024); Human Rights Watch (2024; 2026); Al Jazeera (2025b); PBS (2025); CIJ (2026)
Israel está anexionando territorio palestino ocupado	Establecida por opinión consultiva de la CIJ	CIJ (2024); Estado de Palestina (2026)
Israel diseñó el conflicto interno de Yemen	No respaldada	Las raíces del conflicto están en la historia yemení y en la acción de otros patrocinadores
El gobierno reconocido posee soberanía jurídica pero escasa soberanía empírica	Firmemente respaldada	Jackson (1990); Krasner (1999); dependencia financiera y militar descrita en la sección 12.1

14. Conclusión

La historia de Yemen desde 1839 es un caso sostenido de soberanía bajo tutela. El Reino Unido tomó Adén, dividió el sur en pequeños Estados protegidos y libró una guerra encubierta contra la república del norte. Las monarquías vecinas, desde los jeques del Golfo hasta los sahs Pahlaví y el reino saudí, adquirieron su forma moderna dentro de un orden imperial británico heredado después por Estados Unidos. Desde 2011, las autoridades reconocidas como gobierno legítimo de Yemen han debido su posición sobre todo al Consejo de Cooperación del Golfo, al Consejo de Seguridad y a Arabia Saudí, mientras que su rival se ha apoyado en la fuerza y en Irán. Israel, por su parte, ha utilizado las guerras de Yemen y la fragmentación de la región para obtener profundidad estratégica, y su guerra regional de 2026 contribuyó a devolver a Yemen a una guerra a gran escala, mientras que una comisión de investigación de la ONU ha concluido que su conducta en Gaza constituye genocidio.

Visto en conjunto, el caso confirma la intuición de Krasner y de Jackson: la soberanía reconocida y la soberanía efectiva pueden separarse durante décadas, y esa separación no es un accidente, sino el resultado de decisiones tomadas por quienes reconocen. Confirma también la advertencia de Trouillot: buena parte de lo que se dio por historia, de la «piratería» de los Qawasim a la neutralidad británica en la guerra civil de los años sesenta, era la versión de quien conservaba los archivos. Y confirma, por último, el dilema que las doctrinas Tobar y Estrada intentaron resolver en América Latina: cuando el reconocimiento queda en manos de las potencias interesadas, la legitimidad se convierte en un recurso que se distribuye desde fuera.

La conclusión adecuada no es que una parte sea legítima y la otra un títere, sino que el consentimiento de los yemeníes ha sido el elemento ausente en todos los arreglos. Cualquier acuerdo que vuelva a descansar principalmente en el aval de potencias externas, ya sea en Riad, Teherán o Washington, probablemente reproducirá el ciclo que describen los dos últimos siglos.

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