Psicologia Social y Política

Caos controlado

«Si no es mío, no será de nadie»

La estrategia del caos controlado como alternativa geopolítica viable

Resumen

Este trabajo examina la hipótesis de que, cuando fracasa el escenario de «victoria total» —la instalación de un régimen cliente estable—, las potencias occidentales, y en particular Estados Unidos, tienden a sustituir la reconstrucción estatal por un modelo de caos administrado: preservar la fragmentación, extraer recursos y negar el control a rivales sin asumir los costos de una ocupación. La hipótesis se contrasta con seis casos —Siria, Libia, Sudán, Níger, Irak y Yugoslavia—, con Venezuela como contrapunto. La evidencia disponible confirma un patrón empírico robusto: la extracción de recursos continúa, e incluso se expande, en Estados fragmentados. Sostiene con menos fuerza la tesis de la intencionalidad: en varios casos la fragmentación es un resultado aprovechado más que un objetivo diseñado, y en otros la política estadounidense declarada empuja hacia la reunificación. Por ello, el trabajo distingue tres grados de evidencia: fragmentación diseñada, fragmentación facilitada y fragmentación aprovechada.

Palabras clave: caos administrado; fragmentación estatal; economía política de la guerra; Siria; Libia; Sudán; Níger; Irak; Yugoslavia

1. Introducción: del cambio de régimen al caos administrado

En Siria, como en otros países, el fracaso del escenario de «victoria total» parece haber desplazado la política de Washington hacia un modelo en el que el objetivo ya no es reconstruir un Estado funcional, sino mantenerlo lo bastante débil como para que ningún actor hostil lo controle, mientras se obtienen beneficios económicos del desorden. La lógica puede resumirse en la fórmula que da título a este trabajo: «si no es mío, no será de nadie».

La hipótesis exige precisión metodológica. Que un Estado esté fragmentado y que empresas extranjeras extraigan sus recursos son hechos verificables; que la fragmentación haya sido buscada para permitir esa extracción es una inferencia sobre intenciones que requiere otro tipo de evidencia: planes, declaraciones de los decisores o políticas que se sostienen a pesar de sus costos. Este trabajo trata ambos niveles por separado y clasifica cada caso según el grado de evidencia sobre la intención:

GradoCriterioCasos principales
Fragmentación diseñadaExiste un plan o arreglo institucional explícito que organiza el poder en líneas étnicas o sectariasIrak
Fragmentación facilitadaDecisiones externas aceleraron un colapso impulsado sobre todo por dinámicas internasYugoslavia, Libia
Fragmentación aprovechadaActores externos obtienen ventajas de una fragmentación que no crearon, o la promueven solo en el discursoSiria, Sudán, Níger

La distinción no es un matiz académico: una estrategia diseñada puede atribuirse a decisores concretos, mientras que un resultado aprovechado describe un sistema de incentivos. Confundir ambos planos debilita la tesis en lugar de fortalecerla.

1.1 Criterio de evidencia

En el análisis político y de inteligencia, la evidencia plenamente verificada es escasa mientras los hechos no ingresan en el registro histórico: los documentos permanecen clasificados, las fuentes son parciales y los actores niegan sistemáticamente lo que les resulta costoso admitir. La ausencia de confirmación independiente no convierte una afirmación en falsa. Por ello, este trabajo no descarta las afirmaciones que no han podido confirmarse, sino que las clasifica en tres categorías:

CategoríaCriterioTratamiento en el texto
VerificadaConfirmada por documentos primarios, registros oficiales o varias fuentes independientesSe presenta como hecho, con su cita
DisputadaProcede de una fuente identificable, pero no ha sido confirmada de forma independiente, es negada por una de las partes o las fuentes discrepanSe conserva, marcada como [disputada], con indicación de su origen y de la objeción
RefutadaContradicha por el registro primario disponibleSe corrige y se señala la versión documentada

El Anexo recoge el registro de las afirmaciones disputadas y el motivo de su clasificación. Esa categoría no expresa un juicio de falsedad, sino un estado provisional del conocimiento que puede cambiar a medida que aparezcan nuevas fuentes.

1.2 La «prueba irrefutable» y los demás tests de evidencia

La metodología del rastreo de procesos (process tracing) ofrece un lenguaje preciso para este problema. Stephen Van Evera (1997) distinguió cuatro tipos de prueba según si superarlas es necesario, suficiente o ambas cosas para aceptar una hipótesis; David Collier (2011) sistematizó esa tipología a partir del trabajo de Andrew Bennett:

Test¿Necesario?¿Suficiente?Si la hipótesis lo superaSi no lo supera
Paja en el viento (straw in the wind)NoNoGana algo de plausibilidadPierde algo de plausibilidad, sin quedar descartada
Aro (hoop)SíNoSigue en pie, pero no queda confirmadaQueda descartada
Prueba irrefutable (smoking gun)NoSíQueda confirmadaPierde algo de plausibilidad, pero no queda descartada
Doblemente decisivo (doubly decisive)SíSíQueda confirmada y se descartan las rivalesQueda descartada

Fuente: elaboración propia a partir de Van Evera (1997) y Collier (2011).

La consecuencia central para el análisis de inteligencia es que la prueba irrefutable es suficiente, pero no necesaria: su hallazgo confirma una hipótesis, pero su ausencia no la refuta. En operaciones encubiertas, esa prueba —un documento de planificación, una orden, una grabación— suele permanecer oculta hasta la desclasificación, de modo que exigirla como condición de verdad equivale a declarar indemostrable casi toda acción secreta. Por eso las afirmaciones disputadas se conservan: son, en la mayoría de los casos, indicios de tipo «paja en el viento» cuya acumulación puede volver plausible una hipótesis aunque ninguno la decida por sí solo.

La misma lógica obliga, sin embargo, a tomar en serio los tests de aro. Si la hipótesis fuerte —la fragmentación como objetivo deliberado de Washington— fuera cierta, cabría esperar como mínimo que Estados Unidos no promoviera activamente la reunificación de los Estados fragmentados. Primero te destruyo luego te reconstruyo a tus expensas. Cuando esa expectativa necesaria no se cumple, la hipótesis fuerte queda debilitada en ese caso, aunque la débil —el aprovechamiento del desorden— siga en pie. Los casos que siguen se evalúan con ambos criterios.

1.3 Un precedente metodológico: el caso británico

La política británica ofrece el ejemplo más claro de por qué el silencio oficial no equivale a inexistencia. Los gobiernos de todo signo han mantenido durante décadas una política de «ni confirmar ni desmentir» (neither confirm nor deny, NCND) ante cualquier pregunta sensible para la seguridad nacional (MI5, s. f.). La regla se extiende a las fuerzas especiales, que, a diferencia de las de otros aliados, no están sometidas a supervisión parlamentaria (Democratic Audit, 2018). En 2026, el ministro de Defensa Luke Pollard volvió a negarse a comentar sobre las fuerzas especiales ante la Cámara de los Comunes (Hereford Times, 2026). Aun así, en los mismos escenarios que examina este trabajo, las huellas británicas terminaron por salir a la luz:

CasoHuella previa (paja en el viento)Detonante de la prueba irrefutableRespuesta oficial
Libia, 2011Contactos occidentales encubiertos con la rebelión de BengasiCaptura de dos agentes del MI6 y seis soldados del SAS, con armas, equipos de vigilancia y varios pasaportes, cerca de BengasiReconocimiento de un «pequeño equipo diplomático»
Siria, desde 2012Medios opositores con narrativas notablemente coordinadasFiltración de documentos sobre cinco programas encubiertos de propaganda (Operación Volute)Sin reconocimiento oficial; una revisión interna los calificó de mal planificados y con riesgo de vulnerar la ley británica
Irak, 2003Dudas públicas sobre la inteligencia de las armas de destrucción masivaInvestigación oficial (informe Chilcot, 2016) y publicación de la correspondencia Blair–BushAceptación del informe, trece años después de la invasión

En Libia, a comienzos de marzo de 2011, un equipo de dos agentes del MI6 y seis soldados del SAS aterrizó en helicóptero cerca de Bengasi para contactar con los rebeldes y fue detenido por los guardias de una granja, que los tomaron por mercenarios; el grupo portaba armas, equipos de vigilancia y múltiples pasaportes (The Guardian, 2011a). El gobierno solo confirmó sus identidades para obtener su liberación, y el ministro de Exteriores William Hague presentó la misión como la de un pequeño equipo diplomático (The Guardian, 2011a, 2011b). Incluso ante la prueba física, la admisión oficial adoptó la forma de un eufemismo.

En Siria, documentos obtenidos por Ian Cobain para Middle East Eye revelaron que el gobierno británico estableció de forma encubierta, desde 2012, una red de periodistas ciudadanos para moldear la percepción del conflicto, a menudo reclutando a personas que ignoraban quién financiaba su trabajo (Cobain, 2020). Los programas, agrupados bajo el nombre en clave de Operación Volute, eran gestionados por contratistas desde Estambul y Amán, se financiaban con fondos del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, y producían material televisivo, radiofónico, gráfico e incluso historietas infantiles (Curtis, 2020). Una revisión interna concluyó que estaban mal planificados, que existía un «riesgo importante» de que vulneraran la ley británica y que varios socios locales habían perdido personal (Cobain y Ross, 2020). El caso ilustra un rasgo que conviene retener para el resto del análisis: la operación no inventaba la oposición siria, sino que amplificaba y encauzaba un agravio preexistente.

En Irak, la prueba llegó por la vía institucional. El informe Chilcot concluyó que el Reino Unido se sumó a la invasión antes de que se agotaran las opciones pacíficas de desarme y que la acción militar no fue un último recurso; publicó además el memorando de julio de 2002 en el que Tony Blair escribía a George W. Bush: «estaré contigo, pase lo que pase» (The Guardian, 2016). El informe describió una cadena de inteligencia defectuosa que se presentó al público con una certeza injustificada (BBC, 2016).

Los tres casos siguen la misma secuencia: negación o silencio, acumulación de indicios y confirmación tardía, por accidente, filtración o investigación oficial. Si esas afirmaciones se hubieran descartado mientras eran solo huellas, el análisis habría sido más pobre y, a la postre, erróneo. Esa es la justificación empírica de conservar las afirmaciones disputadas. La lección tiene, sin embargo, un reverso: la confirmación tardía de algunas operaciones no vuelve verosímil cualquier acusación. El criterio no es creer lo que se niega, sino mantenerlo abierto y ponderarlo según la calidad de su fuente.

2. Siria: la fragmentación como opción estratégica

2.1 La fragmentación territorial en el discurso israelí

En enero de 2025, según informó Israel Hayom, el ministro de Energía e Infraestructura de Israel, Eli Cohen, propuso examinar en una conferencia internacional la división de Siria en cantones autónomos, con el argumento de proteger a las minorías, entre ellas kurdos y drusos (Israel Hayom, 2025; The New Arab, 2025). En el debate público israelí circularon también propuestas más radicales: una columna de opinión del Jerusalem Post sostuvo que la soberanía fracturada de Siria y del Líbano ofrecía un anticipo de lo que podría formalizarse como solución, esto es, desmantelar ambos países en Estados más pequeños (Carmeli, 2025). Se atribuye además a un análisis del mismo diario la formulación «Siria nunca fue un país… el mito de la Siria unitaria solo conduce a la próxima guerra» [disputada]: la frase no ha podido localizarse en el archivo del periódico, aunque su contenido es coherente con la columna citada.

Estas posiciones muestran que la fragmentación figura explícitamente entre las opciones que se discuten en Israel. No equivalen, sin embargo, a una política adoptada: la propuesta de Cohen surgió de deliberaciones ministeriales, y el propio Jerusalem Post ha publicado columnas que defienden la protección de los drusos de Sueida dentro de una Siria unida (The Jerusalem Post, 2026). El objetivo de seguridad —impedir que resurja en la frontera un Estado sirio con capacidad militar hostil— es más consistente en las fuentes que la idea de una partición formal.

2.2 El «protectorado económico»: acuerdos energéticos bajo patrocinio estadounidense

Estados Unidos no controla Siria políticamente, pero sí tiene una influencia decisiva en la apertura de su sector energético. El 4 de febrero de 2026, la Syrian Petroleum Company firmó con Chevron y con la catarí Power International Holding un memorando de entendimiento para desarrollar el primer yacimiento marino de gas y petróleo del país, en presencia del enviado especial estadounidense para Siria, Tom Barrack (Associated Press, 2026). A Barrack se le atribuye el comentario «donde va Chevron, va América» [disputada]: la frase circula en comentarios sobre el acuerdo, pero no figura en las crónicas de AP ni de Al Majalla consultadas. En mayo, TotalEnergies, QatarEnergy y ConocoPhillips cerraron un acuerdo para explorar el bloque marino 3, frente a Latakia (Reuters, 2026b), y en junio Damasco firmó un contrato con ConocoPhillips para desarrollar su sector gasífero (Asharq Al-Awsat, 2026).

Estos acuerdos son, en su mayoría, memorandos y contratos de exploración, no producción en curso; es prematuro afirmar que el petróleo sirio «se extrae para el mercado global». Lo que sí documentan es que la reapertura del sector energético se organiza en torno a empresas estadounidenses, europeas y del Golfo, con la diplomacia de Washington como garante.

2.3 El caso del noreste: HKN Energy y los campos de Rmeilan

En enero de 2026, en el marco de un alto el fuego con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), las fuerzas gubernamentales asumieron el control de los principales campos petroleros al este del Éufrates, entre ellos al-Omar, el mayor del país (Al Jazeera, 2026a). En junio, la empresa estadounidense HKN Energy inició operaciones en los campos de Rmeilan (Hasaka) con un contrato de 25 años (Enab Baladi, 2026), y en agosto la Syrian Petroleum Company anunció el acuerdo con HKN para rehabilitar ese complejo, el mayor del país, con el objetivo de elevar gradualmente su producción a unos 250.000 barriles diarios a fines de 2027 (Rudaw, 2026). La distribución de la producción no se ha publicado oficialmente y las versiones difieren:

FuenteReparto informadoObservación
Enab Baladi (2026), citando medios kurdos60 % HKN; 32 % Syrian Petroleum Company; 8 % Al-Jazeera Oil Services, vinculada a las FDSCifras no confirmadas por el gobierno
Amarji Journal, vía Kurdpress (2026)Participación siria creciente del 60 % al 70 %; la de HKN baja hasta el 30 %El director de la SPC afirma que el Estado conserva la propiedad de los campos

Algunos críticos sostienen que estos acuerdos se negociaron «bajo supervisión estadounidense y en ausencia total de participación de la población local», y que consolidan «estructuras paralelas al Estado» en lugar de integrarlas [disputada]: la crítica no ha podido atribuirse a un autor identificable, y el propio contrato no se ha publicado. La tesis de las estructuras paralelas choca, además, con la secuencia documentada: el gobierno recuperó los campos orientales en enero de 2026, y en agosto la Syrian Petroleum Company informó haber completado la toma de control del sector en el noreste, en aplicación de los acuerdos de integración con las FDS (Syria Dispatch, 2026). La cuota atribuida a la empresa vinculada a las FDS puede leerse como un mecanismo de absorción, no de separación. Lo que sí resulta problemático es la opacidad de los términos contractuales, que impide evaluar quién se beneficia del recurso.

2.4 El corredor terrestre como activo de seguridad

El elemento más revelador de la lógica estadounidense procede de un documento preparado por Barrack, al que tuvo acceso Al Majalla. Tras la guerra con Irán —iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de 2026 con la Operación Epic Fury (Encyclopaedia Britannica, 2026)— y la perturbación del tránsito por el estrecho de Ormuz, el documento afirma que la guerra, el cierre de Ormuz y los cuellos de botella del mar Rojo «han alterado fundamentalmente la ecuación», convirtiendo el puente terrestre a través de Siria en «un activo de seguridad geopolítica y no un mero proyecto comercial». Y añade: «cuando los cuellos de botella marítimos se convierten en armas, asegurar el suministro por una ruta terrestre confiable puede justificar lo que la economía de mercado por sí sola rechazaría» (Al Majalla, 2026).

La cita confirma que Washington concibe Siria en términos de seguridad energética y geopolítica. Pero un corredor de tránsito requiere, precisamente, un grado mínimo de estabilidad y autoridad central a lo largo de su trazado; el mismo documento presenta al gobierno de Ahmed al-Sharaa como un «pilar fundamental» de la fase de recuperación y estabilidad. La evidencia sugiere, por tanto, un interés estadounidense en un Estado sirio débil y dependiente, no en uno fragmentado.

2.5 El costo humano y los escenarios de futuro

Alrededor del 90 % de la población siria vive bajo el umbral de la pobreza (Naciones Unidas, 2025; Human Rights Watch, 2026). Un estudio encargado por el Parlamento Europeo identifica tres trayectorias posibles a 12–24 meses: consolidación estatal, estabilización autoritaria y una «fragmentación territorial renovada», caracterizada por «zonas persistentes de influencia extranjera», violencia sectaria recurrente y la consolidación de facto de enclaves kurdos, drusos y alauitas fuera del control efectivo de Damasco (Daniel et al., 2026). El estudio presenta la fragmentación como un escenario posible, no como el resultado de una política deliberada, y hace depender la trayectoria sobre todo de la capacidad de al-Sharaa para construir legitimidad interna.

2.6 Contraste con Venezuela

En Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 (France 24, 2026), el aparato del Estado se mantuvo bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez; Washington comenzó a comercializar crudo venezolano (DW, 2026) y, unos tres meses después, ambos países normalizaron sus relaciones (Le Monde, 2026b). En agosto, un acuerdo otorgó a Estados Unidos una participación del 35 % en las operaciones petroleras venezolanas y derechos preferentes sobre la producción de 17 campos (House of Commons Library, 2026). Allí cambió el «portero», pero la «casa» siguió en pie, y el recurso quedó bajo control estadounidense sin necesidad de fragmentar el Estado. En Siria no existe un centro de poder equivalente: el gobierno de al-Sharaa es débil y depende de múltiples patrones —Turquía, Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos—, lo que obliga a Washington a gestionar la competencia entre ellos en lugar de controlar un único interlocutor.

La evidencia siria sostiene la existencia de un protectorado económico en formación y de un interés israelí en la debilidad del vecino; no sostiene que Estados Unidos busque la partición. El caso encaja mejor en la categoría de fragmentación aprovechada que en la de caos diseñado.

3. Libia: la fragmentación como sistema rentable

Tras el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, Libia no fue reconstruida, sino que se dividió en dos cuasi-Estados: en el oeste, el Gobierno de Unidad Nacional, con sede en Trípoli y reconocido por la ONU; en el este y el sur, una administración con base en Bengasi y respaldada por el Ejército Nacional Libio de Jalifa Haftar (Stimson Center, 2025). La economía política de esa división es peculiar: solo la Corporación Nacional de Petróleo (NOC), con sede en Trípoli, puede vender el crudo, y solo el Banco Central de Trípoli puede cobrarlo, mientras que las fuerzas de Haftar controlan buena parte de los campos y terminales. El resultado es un sistema de incentivos en el que las milicias tienen interés en perpetuar la ausencia de Estado y la fragmentación (Pack, 2019).

Lo más revelador es que el petróleo fluye. En 2025, Libia registró su mayor producción media de la década: 1,374 millones de barriles diarios (National Oil Corporation, 2026a; Xinhua, 2026). En enero de 2026, el país firmó con TotalEnergies y ConocoPhillips, a través de Waha Oil Company, un acuerdo de 25 años con más de 20.000 millones de dólares de inversión extranjera (Reuters, 2026a). Chevron regresó al país tras la ronda de licitaciones de 2025 y firmó en marzo de 2026 un memorando para estudiar el bloque marino NC146 (Business Wire, 2026; National Oil Corporation, 2026b), y Eni desarrolla el proyecto gasífero Structures A&E, valorado en unos 8.000 millones de dólares (Eni, 2023; EPC Intel, 2025).

Un documento de opinión del Instituto Español de Estudios Estratégicos describe el caso libio como «un estudio de caso paradigmático sobre las limitaciones del poder militar cuando se aplica desconectado de una estrategia política integral», y señala que la caída del Estado «no solo generó un vacío de poder interno, sino que detonó una reacción en cadena que desestabilizó la región del Sahel» (Estrada González, 2026).

Un contraejemplo reciente obliga a matizar la tesis. En abril de 2026, con mediación estadounidense, los dos gobiernos rivales aprobaron el primer presupuesto nacional unificado en trece años (Arab Center Washington DC, 2026), y la mediación de Washington, descrita como «petróleo a cambio de unidad», apunta a la reunificación de las instituciones (Al Jazeera, 2026b). Libia muestra que la fragmentación no impide la extracción; pero la política estadounidense actual intenta reducir la división, no preservarla. El caso sostiene la tesis de la rentabilidad del desorden, no la de su diseño: en términos de Van Evera, la hipótesis fuerte no supera aquí un test de aro.

4. Sudán: la guerra como negocio extractivo

La guerra entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), iniciada en abril de 2023, ha desplazado a unos 12 millones de personas y constituye la mayor crisis de desplazamiento y de hambre del mundo (Council on Foreign Relations, 2026); casi 25 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda (FAO, 2025).

El oro, en cambio, sigue fluyendo. Según el Ministerio de Minerales, la producción de 2025 alcanzó 70 toneladas, un 13 % por encima de la meta (Xinhua, 2025; Business Insider Africa, 2025a); en 2022, el oro representó el 46,3 % de las exportaciones no petroleras, con 2.020 millones de dólares sobre un total de 4.357 millones (Business Insider Africa, 2025a). Un exministro de Energía advirtió, sin embargo, que ni siquiera la exportación de esas 70 toneladas cubriría el déficit presupuestario, lo que subraya la distancia entre la producción declarada y el retorno real para el Estado (Dabanga, 2026).

El 8 de diciembre de 2025, las RSF tomaron el campo petrolero de Heglig —el mayor de Sudán (Business Insider Africa, 2025b)— y principal centro de procesamiento de las exportaciones de crudo de Sudán del Sur (Reuters, 2025). La toma detuvo la producción, de unos 40.000 barriles diarios (Middle East Eye, 2025), y derivó en un acuerdo inédito por el cual el ejército de Sudán del Sur asumió la seguridad de la instalación (Al Jazeera, 2025). La ofensiva se produjo un mes después de que las RSF anunciaran su aceptación de la tregua humanitaria propuesta por el Cuarteto encabezado por Estados Unidos (Anadolu, 2025; AllAfrica, 2026). La china CNPC se retiró de su último complejo en el país (China Global South Project, 2025), mientras una empresa azerbaiyana explora su entrada en el sector energético sudanés (Ecofin Agency, 2026).

El Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos documenta la internacionalización del conflicto: Emiratos Árabes Unidos, señalado en 2024 por los monitores de sanciones de la ONU, habría apoyado a las RSF; Irán, Catar, Egipto y Turquía, a las SAF; Rusia, según informes de prensa, a ambos bandos, y fuerzas ucranianas habrían prestado algún apoyo a las SAF (Blanchard, 2025).

Sudán es el caso más claro de economía de guerra: el conflicto no detiene la extracción, sino que reorganiza quién la controla. Pero es también el que menos se ajusta a la hipótesis del caos administrado por Occidente: los patrocinadores principales son potencias regionales, Estados Unidos promueve una tregua y el actor extractivo occidental es marginal. La lógica «si no es mío, no será de nadie» describe aquí la conducta de los beligerantes y de sus patrocinadores regionales, no la de Washington.

5. Níger: de la opción militar a la «estrangulación lenta»

5.1 La presunta «Operación Phoenix»

Tras su expulsión de Níger en 2023, Francia habría considerado una estrategia en dos fases. Según una columna de Ken Bosire en The Standard (Kenia), basada en material examinado por el medio MDNtv, la presunta «Operación Phoenix» contemplaba debilitar al liderazgo militar nigerino, fomentar divisiones internas y crear condiciones que devolvieran al país a la órbita francesa; al fracasar esa vía, se habría pasado a una presión económica que el material denomina «estrangulación lenta» (Bosire, 2026). El propio autor advierte que se trata de acusaciones «extraordinarias» que «no han sido autenticadas de forma independiente» (Bosire, 2026).

El 5 de septiembre de 2026, el gobierno militar nigerino acusó a Francia de haber instigado el motín fallido del 29 de agosto, en el que soldados asaltaron la base aérea 101, junto al aeropuerto de Niamey, y extendieron los combates hasta el palacio presidencial (Al Jazeera, 2026c; Anadolu, 2026a). El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó la acusación de «pura fantasía» (Al Jazeera, 2026c). La fase militar de la hipótesis tiene, por tanto, el estatus de afirmación [disputada]: procede de un material identificable y de una acusación formal de un Estado, pero carece de confirmación independiente y es negada por la parte acusada. Ese estatus es habitual en operaciones encubiertas, cuya verificación suele llegar, si llega, con la desclasificación. Los documentos atribuidos a la «Operación Phoenix» serían, de autenticarse, una prueba irrefutable de la fase militar; mientras no lo estén, funcionan como un indicio de tipo «paja en el viento», reforzado por la acusación formal nigerina y por la secuencia documentada de presión económica.

5.2 El cerco económico

La fase económica sí está documentada. El 29 de julio de 2023, días después del golpe, Francia suspendió toda su ayuda al desarrollo y su apoyo presupuestario, que en 2022 ascendía a unos 120 millones de euros (Al Jazeera, 2023; Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, 2023). La Unión Europea suspendió también su apoyo financiero (DW, 2023). El 30 de julio, la CEDEAO y la UEMOA impusieron sanciones que incluyeron el cierre de fronteras, la suspensión de transacciones comerciales y financieras y la congelación de activos del Estado (Reuters, 2023); Níger perdió el acceso al mercado regional de bonos, y la mayoría de las instituciones financieras internacionales suspendieron su financiamiento (Banco Mundial, 2024a).

El Banco Mundial estima que en 2023 dejó de desembolsarse financiamiento externo equivalente al 7,5 % del PIB; las sanciones prohibieron el comercio incluso de alimentos, productos farmacéuticos y electricidad, y provocaron una crisis de liquidez bancaria: el efectivo de los bancos cayó un 52,3 % entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023. El crecimiento cayó al 2 %, frente al 6,9 % proyectado antes de la crisis (Banco Mundial, 2024a, 2024b).

Las sanciones regionales fueron decididas por la CEDEAO y la UEMOA, no por París; el respaldo francés está documentado, pero atribuir todo el cerco a una estrategia francesa exagera la capacidad de Francia para dirigir a los organismos regionales. La lógica de fondo, formulada por la columna de The Standard, es la de «restaurar la influencia haciendo cara la independencia» (Bosire, 2026).

5.3 El uranio como botín

Níger produce menos del 5 % del uranio mundial, pero en 2022 aportó una cuarta parte del suministro de las centrales nucleares europeas (BBC, 2024a); antes del golpe representaba entre el 15 % y el 20 % de las importaciones francesas de uranio (BBC, 2024b), y alrededor del 20 % de esas importaciones en la última década (Le Monde, 2023).

Tras el golpe, la junta revocó en junio de 2024 el permiso de Orano en Imouraren (Al Jazeera, 2024), retiró a la empresa el control operativo de sus minas y anunció en junio de 2025 la nacionalización de SOMAÏR (AFP, 2025). En mayo de 2026 creó la empresa estatal TSUMCO SA para sustituir a Orano (The Pan African Press, 2026) y en agosto le adjudicó el permiso de Arlit (World Nuclear News, 2026). Orano obtuvo un fallo favorable del CIADI, que Níger desatendió al iniciar la venta del uranio de SOMAÏR (Ecofin Agency, 2025). Unas 1.000 toneladas de concentrado de uranio (yellowcake) permanecen inmovilizadas junto al aeropuerto de Niamey (Le Monde, 2026a). Su valor es objeto de estimaciones divergentes: unos 240 millones de dólares según Moneycontrol (2026); unos 250 millones de euros, para un volumen de entre 1.300 y 1.500 toneladas, según el Valdai Discussion Club (2026); y unos 300 millones de euros según otras estimaciones que circulan en la prensa [disputada].

Ante la 81.ª Asamblea General de la ONU, el 26 de septiembre de 2026, el primer ministro Ali Mahaman Lamine Zeine afirmó que «el uranio de Níger, el oro de Malí y Burkina, el litio, el gas, el petróleo y tantas otras riquezas siguen haciendo salivar a las antiguas potencias coloniales». Añadió que se quiere hacer creer a los pueblos de la región que son incapaces de gobernarse a sí mismos, producir, pensar y defenderse, y calificó de «empresa pérfida de desestabilización del Sahel central» la que, según él, conduce Francia «con la complicidad activa de Ucrania» (Zeine, 2026; Anadolu, 2026b).

5.4 La respuesta nigerina: diversificación de alianzas

Níger respondió con una estrategia de cobertura (hedging): formó con Malí y Burkina Faso la Alianza de Estados del Sahel, convertida en confederación en julio de 2024 (VOA, 2024); puso fin a la presencia militar francesa y estadounidense, y buscó socios como Rusia y Turquía (American Enterprise Institute, 2025), además de Irán (Congressional Research Service, s. f.). En julio de 2025, tras reunirse con el general Abdourahamane Tiani, el ministro ruso de Energía, Serguéi Tsiviliov, declaró: «Nuestro objetivo principal es extraer uranio»; un comunicado oficial ruso añadió que la tarea no era solo participar en la minería, sino «crear todo un sistema para el desarrollo de la energía nuclear civil en Níger» (AFP, 2025).

La estrategia de presión no ha logrado su objetivo: Níger no ha vuelto a la órbita francesa, ha nacionalizado sus recursos y ha consolidado su ruptura con París. A diferencia de Venezuela, donde el cambio en la cúpula dio paso a un gobierno interino dispuesto a pactar con Washington, en Níger no aparece una facción interna capaz de restaurar la dependencia. El resultado —sufrimiento económico sin rendición política— se aproxima al escenario de caos administrado, pero con una diferencia importante: aquí la presión no ha producido extracción para la potencia que la impulsó, sino la transferencia del recurso a un rival.

6. Irak y Yugoslavia: dos modelos de balcanización

6.1 Irak: el diseño institucional de la fragmentación

El caso iraquí es el que ofrece evidencia más directa de diseño. En octubre de 1992, en la conferencia de Salah al-Din, la oposición iraquí en el exilio acordó un sistema de reparto de cargos según un «censo virtual» que dividía los puestos entre chiíes, kurdos y suníes; en ese acuerdo, la afirmación de las identidades religiosas y étnicas se situó en el centro (Dodge, s. f.; LSE Middle East Centre, 2025). Tras la invasión de 2003, el campo político iraquí fue deliberada y abiertamente reestructurado en torno a ese sistema, la Muhasasa Ta’ifia o reparto sectario (Dodge, s. f.).

El contraste con la etapa anterior es relevante. Según Stephen Zunes (2006), antes de 2003 Irak tenía una larga tradición secular y una fuerte identidad nacional entre su población árabe; en los pueblos mixtos con una sola mezquita, suníes y chiíes rezaban juntos, y los matrimonios interconfesionales no eran infrecuentes. Zunes sostiene que las autoridades de ocupación, al disolver el ejército y depurar la burocracia, crearon un vacío que ocuparon partidos y milicias sectarios, y que repartieron la autoridad según la identidad étnica y religiosa. Ya en febrero de 2006, Los Angeles Times describía un Irak donde el poder estaba disperso entre «clérigos convertidos en señores de la guerra» (citado en Zunes, 2006).

La propuesta más explícita de división formal fue la de Joe Biden y Leslie Gelb, publicada en The New York Times el 1 de mayo de 2006: descentralizar Irak en tres regiones —kurda, árabe suní y árabe chií— «como en Bosnia», con un gobierno central limitado (Farley, 2010). En septiembre de 2007, el Senado aprobó una resolución no vinculante en ese sentido (Brookings Institution, 2016). Ya como vicepresidente, en 2010, Biden sostuvo que nunca había propuesto una partición, sino un gobierno central con amplia autonomía regional (Farley, 2010).

Dos matices son necesarios. Primero, la Muhasasa fue acordada por la oposición iraquí y adoptada por la ocupación; la responsabilidad estadounidense reside en haberla institucionalizado, no en haberla inventado. Segundo, la tesis de que el Estado fragmentado «no podía renegociar términos soberanos» sobre su petróleo choca con el hecho de que, desde 2009, Irak adjudica sus campos mediante rondas de licitación de contratos de servicio, que conservan la propiedad estatal del recurso (EITI, s. f.). Irak sostiene la tesis del diseño de la fragmentación política, no la de la extracción sin soberanía. Es el único caso de la muestra con algo cercano a una prueba irrefutable: el acuerdo de Salah al-Din y su aplicación documentada tras 2003.

6.2 Yugoslavia: un colapso facilitado, no diseñado

El caso yugoslavo es más complejo. La muerte de Tito en 1980 abrió paso al resurgimiento de los nacionalismos en las repúblicas (Asaturov et al., 2020). La crisis de la deuda externa de los años ochenta y los programas de ajuste —recortes al gasto social y apertura a la inversión extranjera— no estabilizaron la federación, sino que agudizaron las tensiones entre repúblicas (Universidad de Halle, 2017). Slobodan Milošević explotó esas tensiones para consolidar su poder personal mediante el nacionalismo serbio.

La intervención externa fue contradictoria. Alemania reconoció a Eslovenia y Croacia el 23 de diciembre de 1991 (DW, 2011), y el resto de la Comunidad Europea lo hizo el 15 de enero de 1992 (UPI, 1992). El entonces ministro alemán de Exteriores, Hans-Dietrich Genscher, sostuvo que el reconocimiento trajo la paz; sus críticos, que aceleró la guerra (DW, 2011). En su alegato de defensa ante el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, Milošević afirmó que la destrucción violenta de Yugoslavia se había producido con la actuación concertada de la Comunidad Europea, «en particular Alemania y el Vaticano» (TPIY, 2004). Esa tesis, formulada por el principal acusado, no es aceptada por la historiografía mayoritaria, que concede más peso a los factores internos.

Jeanne Haskin (2006), en Bosnia and Beyond: The “Quiet” Revolution That Wouldn’t Go Quietly, desarrolla la interpretación más crítica: las reformas económicas promovidas por Occidente habrían funcionado como una «revolución silenciosa» contra el gobierno comunista, con la consiguiente polarización étnica y la elección de dirigentes etnonacionalistas. Se trata de una lectura minoritaria y debe presentarse como tal.

En Yugoslavia no hay evidencia de un plan maestro occidental de balcanización. Hubo factores internos explosivos y una intervención externa que, por acción u omisión, facilitó el colapso y luego gestionó sus consecuencias. La intervención de la OTAN en 1999, presentada como humanitaria, tuvo además el efecto de consolidar una presencia militar occidental duradera en los Balcanes.

6.3 La distinción clave

La diferencia entre ambos casos radica en el grado de premeditación. En Irak, un arreglo sectario concebido en el exilio en 1992 fue institucionalizado en 2003 y sostenido por la ocupación; la propuesta de Biden de 2006 fue su prolongación lógica, aunque nunca llegó a ser política oficial. En Yugoslavia, el colapso respondió sobre todo a dinámicas internas, que decisiones externas precipitaron. Irak es el único caso de la muestra que sostiene sin ambigüedad la categoría de fragmentación diseñada.

7. Síntesis comparativa

PaísDetonanteRecursoExtracciónIntenciónMejor evidencia (Van Evera)En contra
IrakInvasión de 2003PetróleoRondas de licitación desde 2009Diseñada (Muhasasa)Prueba irrefutable: acuerdo de Salah al-Din y su aplicaciónContratos de servicio con propiedad estatal
YugoslaviaGuerras de 1991–1995; OTAN, 1999—No aplicaFacilitadaPaja en el viento: Alemania se adelanta a la CEPeso decisivo de los factores internos
LibiaOTAN, 2011Petróleo1,374 millones de b/d en 2025Facilitada y aprovechadaPaja en el viento: extracción récord en plena divisiónFalla un test de aro: Washington media para reunificar
SiriaGuerra civil, 2011–2024Petróleo y gasMemorandos con Chevron, ConocoPhillips y TotalEnergiesAprovechadaPrueba irrefutable del motivo geopolítico (documento de Barrack), no de la fragmentaciónApoyo a un gobierno central; integración de los campos del noreste
SudánGuerra civil desde 2023Oro y petróleo70 t de oro en 2025Aprovechada por potencias regionalesPaja en el viento: ofensiva sobre Heglig tras aceptar la treguaEstados Unidos promueve una tregua
NígerGolpe de 2023Uranio1.000 t de yellowcake inmovilizadasPresión económica verificada; fase militar disputadaPaja en el viento: documentos «Phoenix» sin autenticarEl recurso pasa a un rival (Rusia)

En todos los casos, el Estado se fragmenta o se debilita y el recurso sigue siendo objeto de disputa. Pero la tabla muestra que la diferencia entre los casos no es solo de grado: en Irak, la fragmentación se diseñó; en Libia y Yugoslavia, se facilitó; en Siria y Sudán, se aprovecha; en Níger, la presión fracasó y benefició a un competidor.

8. Conclusión: el caos como resultado aprovechado más que como estrategia diseñada

La hipótesis del caos administrado identifica un patrón real: la inestabilidad política no impide la extracción de recursos y, en ciertos casos, la abarata, porque un Estado fragmentado negocia desde una posición más débil. Libia firmó un acuerdo de 25 años en plena división; Sudán superó su meta de producción de oro en plena guerra; Siria abre su sector energético con un gobierno dependiente de sus patrocinadores. Los incentivos que la hipótesis describe existen:

  • Para las corporaciones, un anfitrión débil reduce los costos de negociación.
  • Para los estrategas, un Estado fragmentado difícilmente puede alinearse con rivales o expulsar a fuerzas extranjeras.
  • Para los militares, las bases y los corredores estratégicos se preservan sin asumir los costos de una ocupación.

Sin embargo, la evidencia no sostiene de manera uniforme la versión fuerte de la tesis, según la cual el caos «no es un fracaso de la estrategia, sino la estrategia misma». Tres hallazgos la matizan. Primero, en Libia y Siria la política estadounidense declarada y observable busca un Estado central débil pero operativo, no la partición, porque la extracción a gran escala y los corredores de tránsito requieren un interlocutor con autoridad sobre el territorio. Segundo, en Sudán los principales promotores del conflicto son potencias regionales, no occidentales. Tercero, en Níger la presión económica produjo lo contrario de lo buscado: la pérdida del recurso en favor de un rival.

No es creible que los estrategas de cambio de régimen no hayan considerado el caos como un posible resultado, incluso un resultado altamente probable dentro de los escenarios de sus intervenciones en países ya débiles o debilitados por sanciones y otras medidas. Como se ha visto caos es un patrón recurrente resultante de sus estrategias fallidas. La formulación más defendible es, por tanto, la siguiente: cuando el cambio de régimen fracasa, las potencias occidentales toleran y aprovechan la fragmentación como escenario viable, y en casos puntuales —Irak— la institucionalizan; aunque su preferencia revelada sea la menos probable de darse, un Estado débil, dependiente y gobernable —el «portero» venezolano—, y no el caos en sí mismo. El caos administrado ya no es un subproducto de una estrategia elegida cuando falla la primera sino el mas probable desenlace deseado o no cuando la estrategia falla..

Cabe, no obstante, una precisión que acerca ambas lecturas. Si el estratega incluye el caos entre los resultados aceptables en su cálculo de costo-beneficio al diseñar una intervención, entonces tanto ese resultado como su gestión posterior forman parte de la estrategia, aunque no sean su objetivo preferente. En ese sentido, la distinción entre «diseñar» y «aprovechar» es menos nítida de lo que parece: aceptar de antemano un desenlace caótico como tolerable es ya una decisión estratégica.

Esa distinción tampoco reduce la responsabilidad moral de quienes se benefician del desorden: Libia sigue dividida quince años después de la intervención, cerca del 90 % de los sirios vive en la pobreza y casi 25 millones de sudaneses enfrentan inseguridad alimentaria aguda. El caos administrado, diseñado o no, administra el desorden en beneficio externo y no en el de la población local.

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